Una protesta en bici cuando tenía 10 años puede llevar a la muerte a un joven saudí

Tres años más tarde, Murtaja es detenido cuando se disponía a viajar a la vecina isla de Bahréin con su familia. Las autoridades le acusan de inspirador de una «sedición» contra el régimen . Los abogados y activistas protestan al conocer la noticia, y pasan a considerar a Murtaja Qureiris como el «preso político» más joven de Arabia Saudí, y posiblemente del mundo. La noticia se desvanece con el paso del tiempo; y vuelve a resurgir ahora, cuando varias fuentes de activistas disidentes en Arabia Saudí anuncian que la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Murtaja . Va a cumplir los 18 años, y ya es candidato a pasar por el filo de la espada, el método de ejecución más común en Arabia Saudí para los condenados a muerte.

Nadie duda de que Murtaja es un caso precoz de disidencia política, y hay pruebas de su firme compromiso con la causa de la minoría chií –presente en la provincia oriental de Arabia Saudí– junto con su padre y sus hermanos, uno de ellos muerto en extrañas circunstancias. Murtaja Al Qureiri ha vivido cuatro años en prisión preventiva y más de un año en régimen de aislamiento . La Fiscalía, que pide la pena máxima, le acusa no solo de promover la «protesta ciclista» de 2011 sino también de participar en otras manifestaciones, así como de un supuesto ataque con cócteles molotov a una comisaría –en compañía de un hermano– de la que no existen pruebas y que él niega.

La edad no es un problema en Arabia Saudí, que presume de tener la legislación más rigurosa y fiel a la Sharía , el código moral y penal del islam. Según Human Rights Watch, el Gobierno de Riad aseguró en 2006 a la Comisión de Derechos del Niño de la ONU que había elevado la edad de responsabilidad penal en el reino a los 12 años. Eso explicaría que esperase a que Murtaja cumpliera los 13 para aplicar contra él el código penal y encarcelarle.

Ante la proximidad del 18 cumpleaños, el juicio contra Murtaja ha incluido los delitos de «siembra de la sedición» y «terrorismo» , que en Arabia Saudí suelen llevar aparejada la pena de muerte. En teoría, la ejecución solo está permitida en la Sharía por delitos de tipo sexual –como el adulterio, que conlleva lapidación–, religioso –como la apostasía– o por crímenes. No consta que las protestas en las que participó el joven chií provocaran víctimas. Sin embargo, la Sharía contempla un tipo de delitos específicos para castigar a quienes promuevan la «guerra contra Alá y su Profeta» , que vienen como de molde para que los gobiernos más islamistas del mundo, como el iraní o el saudí , puedan hacer una interpretación amplia y reprimir a sus respectivas disidencias políticas. En el caso del régimen de los ayatolás, chií, las víctimas son la minoría suní de Irán, a las que Teherán acusa de practicar «terrorismo» cuando protestan. Y en el caso de Arabia Saudí, es la minoría chií la que sufre con la misma vara de medir.

La situación de los derechos humanos en el régimen de los Saud no ha hecho más que deteriorarse desde que el hijo del rey Salman, Mohamed , logró hacerse con el cargo de príncipe heredero tras un confuso golpe en palacio. La política de reformas económicas y sociales prometidas por el «hombre fuerte» de Arabia Saudí, de 33 años, se ha limitado, según muchos, a una serie de cambios cosméticos, entre los que destaca el permiso de conducir para las mujeres, y el levantamiento de la prohibición de que las saudíes acudan a los campos de fútbol siempre que vayan acompañadas por su tutor varón.

En cambio, la represión de la disidencia política en el interior del reino –con el caso del asesinato del periodista Khasoggi como emblema– se ha endurecido en los últimos meses. En lo que va de año, el régimen de Riad ha ejecutado por decapitación a 37 hombres, la mayoría chiíes.