Propaganda yihadista a golpe de un «clic» en los buscadores de internet

Al día siguiente del atentado, algunos usuarios de Facebook publicaron mensajes jaleando el ataque . «Muchos, muchos infieles e hipócritas murieron con miedo y dolor», se podía leer en una cuenta atribuida a un supuesto Instituto de Estudios de Oriente Medio (Memri). «Haz tu yihad incluso cuando estés en Europa», pedía un «post» a nombre de Mohin Khan. En Google y YouTube podían encontrarse sin problemas vídeos de algunos de los llamados «predicadores del odio» británicos, imanes radicales que suman cientos de miles de visitas.

Theresa May ha manifestado tras el atentado que los gigantes de internet «puede y deben hacer más» para buscar y retirar la apología del terrorismo. Desde la etapa de Cameron, el Gobierno británico y sus servicios de espionaje han venido quejándose reiteradamente de que las grandes multinacionales tecnológicas de Silicon Valley no trabajan de manera activa para erradicar la propaganda islamista radical y los contenidos que promueven la violencia. Las firmas se refugian en el argumento de que no son editores, sino meras plataformas de contenidos . Una excusa que es cada vez menos sostenible, pues el dueño Facebook, sexta compañía en capitalización del mundo con 375.805 millones de euros, es de facto el mayor editor del planeta.

Con su habitual estilo chillón, el diario sensacionalista inglés «Daily Mail», de ideología conservadora, acusó el viernes directamente a Google en una llamativa y durísima portada: «Google, el amigo de los terroristas», rezaba el titular de su edición impresa, en grandes capitulares a toda plana. El subtítulo también era impactante: «Ayer al Mail le llevó dos minutos encontrar un manual en la web sobre cómo usar un coche para un asesinato masivo». La página salafista en cuestión explicaba cómo emplean los vehículos los terroristas palestinos y daba consejos sobre los más adecuados. El periódico también accedió a contenidos del propio Daesh, que recordaba a sus fanáticos que «los coches son como un cuchillos y son extremadamente fáciles de usar».

A pesar de su estilo amarillo, las pruebas del diario eran irrefutables, hasta el punto de que Google -ahora llamada Alphabet- retiró esos contenidos tras su queja . «Estamos profundamente preocupados por la violencia y los actos de terrorismo y retiramos los links con contenido ilegal que nos reportan», señaló la compañía, segunda empresa del mundo tras Apple, con una capitalización de 551.945 millones.

En un matiz de su respuesta se capta el quid de este debate: «Retiramos el contenido ilegal que nos reportan», es decir, no actúan motu propio para buscar los contenidos ilegales y darlos de baja. Es más, incluso se lucran con ellos de modo indirecto , pues muchas veces aparece publicidad acompañándolos, que en parte acaba en las arcas del buscador.

YouTube , la plataforma de vídeo, ha alojado vídeos que sostienen algo tan burdo y doloroso como que e l atentado del miércoles en Londres fue falso, una simulación, según ha denunciado también el periódico. YouTube no solo ha dado pábulo a esa ridícula teoría de la conspiración, sino que además se ha lucrado con ella, pues los vídeos iban acompañados de anuncios de firmas como Netflix, Trivago, SunLife u Opodo.

Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico , al que el atentado sorprendió en Washington, ha criticado desde allí frontalmente a los gigantes de Palo Alto: «Tenemos que abordar este problema [del terrorismo del Daesh] no solo militarmente, sino también parar el material en internet que está corrompiendo y contaminando a tanta gente. Las compañías de internet y de redes sociales tienen que reflexionar, tienen que hacer más contra ese material. Hay información sobre cómo convertirse en terrorista y sermones radicales. Hay que acabar con eso».

Frente a esas críticas, Twitter alega que en la segunda mitad de 2016 cerró 376.890 cuentas porque difundían contenidos proclives al terrorismo.

Ejemplo límite del debate fue el enfrentamiento a comienzos de 2016 entre el FBI y Apple , la primera compañía del mundo, con capitalización de 693.220 millones. El 2 de diciembre de 2015, el terrorista islámico Syed Rizwan Farook y su mujer mataron a tiros a catorce personas en un centro de discapacitados de San Bernardido , en California. El FBI pidió ayuda a Apple para desencriptar el teléfono iPhone del asesino, a fin de conocer sus contactos e investigar sus posibles vínculos con el Daesh. La compañía se negó. El FBI logró que una jueza conminase a Apple a atender a la petición, pero incluso así su consejero delegado Tim Cook dijo no y reprochó «la extralimitación del Gobierno de EE. UU.». Además, Cook acusó a la jueza de «construir una puerta trasera» que permitiría acceder a los contenidos de cualquier iPhone y comprometería la confidencialidad de todos sus usuarios.

Desde septiembre de 2014, todos los dispositivos de Apple están automáticamente encriptados. Cuentan con un código de cuatro cifras y si se falla diez veces al introducirlo desaparecen todos los datos. La jueza pidió a la compañía, sin éxito, que concediese a los investigadores del FBI la oportunidad de hacer pruebas ilimitadas de contraseñas. El Google Android cuenta con protecciones similares.

El Gobierno de Cameron dio algunos pasos, pero se han quedado a medio camino . A finales del pasado año, el Tribunal Europeo tumbó la ley británica que permitía a las autoridades controlar las fechas y horarios de las comunicaciones a través del teléfono e internet, impulsada por el Ejecutivo conservador para luchar contra el crimen, sobre todo contra el terrorismo. La Corte de Luxemburgo basó su fallo en que «la recolección indiscriminada de datos informáticos va contra las leyes de la UE». La norma, promovida siendo May ministra del Interior, obligaba a las compañías a guardar durante doce meses el registro de las comunicaciones.

Se da la paradoja de que quien recurrió en su día al amparo del Tribunal Europeo fue el libertario y ferviente eurófobo David Davis , hoy ministro de la nueva cartera de Salida de la UE, creada por May. Davis, el hombre que negociará el Brexit, se apartó del caso tras ser nombrado ministro en julio, pero antes había llegado a declarar en la vista de Luxemburgo, donde se quejó de que «el Gobierno nos trata a toda la nación como sospechosos». El Ejecutivo británico ha presentado un recurso ante el tribunal.