Polémica por la intención de Johnson de aprobar una ley para contratar a trabajadores temporales para suplir a los huelguistas

El Ejecutivo, además, se enfrenta a la amenaza del mayor sindicato de educación , que está dispuesto a llamar a la huelga también, pidiendo en esencia lo mismo que los empleados de ferrocarriles: un aumento de sueldo acorde con la inflación. Pero un parón en las actividades de este sector provocaría el caos en los colegios del país. Ante este panorama, el Gobierno tiene un plan: aprobar una ley que permita que las empresas utilicen a trabajadores de agencias de contratos temporales para cubrir al personal en huelga y minimizar sus efectos, es decir, que los centros educativos se mantendrían abiertos y funcionando pese al paro del personal permanente.

La nueva legislación, que podría entrar en vigor antes del otoño, tiene como uno de sus objetivos proteger a los estudiantes, según el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, quien manifestó que sería «irresponsable» e «incorrecto» hacer que los niños sufran más trastornos después de los confinamientos vividos durante la pandemia, que, cabe recordar, en el Reino Unido fueron menos estrictos para los menores que en otros países de Europa, incluyendo España. Aún así «los jóvenes han sufrido más trastornos que cualquier generación anterior y agravar eso ahora, cuando la recuperación está en pleno apogeo y las familias están pensando en su próximo gran paso después del colegio o la universidad, sería imperdonable e injusto», declaró el ministro.

Además, la nueva ley, que en principio parece fácil de aprobar debido a que los conservadores tienen la mayoría absoluta en el Parlamento, limitaría el impacto de futuras huelgas en cualquier sector , según detallaron fuentes del Gobierno a la prensa local. Los partidos de la oposición y los sindicatos creen que este plan socavaría las condiciones laborales y salariales y eliminaría un derecho fundamental de los trabajadores.

Los cambios, que se aplicarían en Inglaterra, Escocia y Gales, cubrirían a los empleadores tanto del sector público como del privado. El ministro de Negocios, Kwasi Kwarteng, acusó a los sindicatos de «paralizar» el país y detalló que la derogación de las leyes aprobadas «en la década de 1970 dará a las empresas la libertad de acceder rápidamente a personal totalmente calificado, al mismo tiempo que permitirá a las personas continuar con sus vidas sin interrupciones para ayudar a mantener la economía en marcha ».