La «OTAN de las Américas»

Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela pueden promover la reincorporación de ese país al TIAR, del que fue sacado en 2012 por el chavismo, pero invocar la ayuda militar exterior para acabar con la «usurpación» de Nicolás Maduro ¿realmente haría que el resto de países signatarios avalaran una intervención de Ejércitos vecinos, cuando el propio concepto de «agresión» puede ser discutible, aunque quepa denunciar una «invasión selectiva» cubana?

El artículo 3.1 del TIAR dice los siguiente: «Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de las Naciones Unidas».

El TIAR, también llamado Tratado de Río de Mutua Defensa , se concluyó en Río de Janeiro en 1947, casi dos años antes de que se constituyera la OTAN, y su vida está ligada a la Guerra Fría. La URSS dejó de ser una amenaza para Latinoamérica mucho antes que para Europa Occidental, así que el Tratado americano comenzó a perder sentido mucho antes del debate que luego se ha abierto sobre la vigencia del papel de la OTAN.

En 1962 el TIAR sirvió para suscitar consenso en torno a las sanciones contra Cuba, aunque sin llegar a pedir la invasión que Estados Unidos haría por su cuenta en Bahía Cochinos. Sin embargo, en 1982 se puso en evidencia que el tratado era ya papel mojado : Argentina solicitó activar la mutua defensa en su enfrentamiento con el Reino Unido por las Malvinas, pero Washington se puso del lado de Londres y además Chile y Colombia observaron que los argentinos podían verse como los iniciadores del conflicto. En 2001 Estados Unidos pidió la ayuda continental tras el ataque del 11-S, pero algunos países latinoamericanos le negaron su asistencia en el largo proceso de las invasiones de Afganistán y sobre todo de Irak.

Si la OTAN ha ido aumentando sus miembros desde la caída del Telón de Acero, el TIAR los ha ido perdiendo. La primera baja significativa se produjo en 2002, cuando México abandonó el tratado buscando liderar un replanteamiento de la seguridad regional para hacerla más inclusiva y no solo ligada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. No fue la decisión de un gobierno del PRI que pudiera etiquetarse de izquierda o procubano, sino del presidente Vicente Fox, del conservador PAN.

México fue el país anfitrión de la Conferencia Especial de Seguridad 2003, encargada por la Cumbre de las Américas, que sirvió para poner en marcha un enfoque más multidimensional en los trabajos de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los intereses políticos bolivarianos, por otro lado, llevaron a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador a plantear su salida en 2012 , momento en que Cuba también hizo efectiva su baja.

Si un país miembro del tratado invoca formalmente el artículo 3.1, el Consejo Permanente de la OEA tiene que evaluar si existen las condiciones requeridas para convocar una reunión de consulta de los integrantes del TIAR. Dada la correlación de fuerzas que existe hoy en la OEA, no sería difícil que el Consejo Permanente convocara esa sesión , aunque el resultado de la misma es más dudoso.

Si bien el artículo 3.1 habla de «ataque armado» y el 3.2 se refiere a la solicitud planteada por Estados «directamente atacados», el artículo 6 contempla «una agresión que no sea ataque armado» contra la «soberanía o la independencia política» de un Estado. De acuerdo con ello, la Venezuela de Guaidó podría denunciar la actividad cubana en el país .

Las medidas que se aprobaran no tendrían por qué llegar al envío de tropas. Lo que ocurre es que varias de las acciones que se contemplan ya se están aplicando, sin que el régimen de Maduro haya caído; además se supone que el objetivo de recurrir al TIAR es para desencadenar algún tipo de uso de fuerza .

Según el artículo 8, «para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas ; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónica o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada».

El texto indica que las medidas que se acuerden «serán obligatorias para todos los Estados signatarios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza sin su consentimiento». Bastaría, así, que Estados Unidos y algún otro país enviara tropas o que apoyara con el envío de material cualquier operación militar interna que pueda suceder. La clave es que se lograran suficientes votos para activar la cláusula, y hasta ahora una mayoría de países, como se ha visto entre los integrantes del Grupo de Lima, no están por soluciones militares.