Obama mueve ficha en la reforma sanitaria

Para este jueves, Obama tiene convocada una cumbre tan intensiva como extraordinaria en Washington. A esta cita —con acceso sin precedentes para las cámaras de televisión a este tipo de negociaciones— han sido invitados congresistas republicanas y demócratas. A puerta cerrada, los invitados ya han demostrado su incapacidad a la hora de encontrar un mínimo acuerdo para fijar nuevas reglas del juego más justas y asequibles sobre el equivalente a una décima parte de la economía de Estados Unidos.

Con el fin de inyectar sustancia a la cita televisada desde Blair House (la residencia para invitados presidenciales), el gobierno ha acompañado su intento de resucitar la reforma sanitaria con su propia propuesta legislativa. Un compromiso que Obama había evitado cuidadosamente hasta ahora para no generar los mismos recelos de imposición gubernamental que cosechó Hillary Clinton con su fracasado intento de reforma en la década de los noventa.

La versión legislativa de Obama —que se parece en buena parte al texto ya aprobado por el Senado en la víspera de Navidad— renuncia a la creación de un nuevo seguro público, aspecto duramente criticado por los republicanos y conservadores en general. Pero insiste en reducir los más de cuarenta millones de personas sin seguro médico y controlar los costes de las pólizas privadas que dominan el actual sistema. Con la intención de eliminar prácticas especialmente cuestionables como incrementos disparatados de un año para otro o la discriminación contra potenciales asegurados ya enfermos.

De acuerdo a los cálculos facilitados por la Casa Blanca, su iniciativa tendrá un costo de 950.000 millones de dólares durante diez años. Y aspira a facilitar cobertura sanitaria a más de treinta millones de no asegurados. Además de reducir el déficit federal por un monto de 100.000 millones de dólares durante los primeros diez años, y un billón de dólares durante la segunda década, a través de una optimista combinación de recortes y esfuerzos para combatir el malgasto y el fraude.

La iniciativa de la Administración Obama también facilita más dinero público para que los diferentes Estados de la Unión puedan hacer frente a los gastos médicos de las personas sin recursos económicos y eleva las ayudas para las necesidades farmacéuticas de la Tercera Edad.

Un aspecto decisivo pero no aclarado es determinar cómo la Casa Blanca quiere proceder con esta legislación en el Congreso, ahora que ya no dispone de una súper-mayoría en el Senado. No se descarta la posibilidad de una complicada maniobra parlamentaria llamada «reconciliación». Esta táctica, aplicada normalmente a cuestiones presupuestarias, requiere de tan sólo una mayoría simple pero con limitaciones de contenido, ya que sólo se pueden legislar por esta vía cuestiones relacionadas directamente con los gastos e ingresos de las arcas públicas.