La fiscal general de Guatemala (2014-2018), Thelma Aldana, durante su entrevista con ABC en La Casa Encendida
La fiscal general de Guatemala (2014-2018), Thelma Aldana, durante su entrevista con ABC en La Casa Encendida - F. J. CALERO
Entrevista a Thelma Aldana

«No podemos tolerar más lo de "ese político robó pero hizo las cosas bien"»

Como fiscal general de Guatemala (2014-2018), Aldana, pionera en la implementación de la justicia con enfoque de género, ha liderado la lucha contra la corrupción de la élite política, que culminó con el encarcelamiento del presidente Pérez Molina

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Mató a su padre, diría Freud. Como fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana (Gualán, 1955) lideró una investigación que destapó el macroescándalo de corrupción que terminó con el presidente Otto Pérez Molina, responsable de su elección al frente del Ministerio Público, en prisión preventiva a la espera de juicio por fraude. «Yo le voté; pensaba que iba a ser un buen presidente del Gobierno. Sentí una mezcla de sentimientos: mucha tristeza, frustración, decepción…», describe Aldana el momento en el que, fruto de sus indagaciones, reveló que el rey estaba desnudo. Además, investigó el caso de transporte público Transurbano en el que la Justicia guatemalteca ordenó la prisión preventiva para el expresidente Álvaro Colom y tres exministros de su gabinete.

Con este historial, Aldana ha sido entronada como la «mujer de hierro» en uno de los países más corruptos de Iberoamérica y aupada a la lista de las 100 personalidades más influyentes de la revista «Time». Durante su visita a España en el ciclo «Mujeres contra la impunidad», organizado por La Casa Encendida y la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), la ya ex fiscal general de Guatemala ha abierto la puerta -sin confirmarlo- a su posible entrada en política ante el temor de toda una clase política amenazada por esta suerte de justiciera anticorrupción, pionera a su vez en la implementación de la justicia con enfoque de género. Con voz pausada y con tímidas sonrisas durante la entrevista con ABC, Aldana deja ver su contundencia al denunciar la corrupción y el machismo judicial, sus dos grandes luchas en su imparable ascenso en el Estado guatemalteco.

Ahora que acaba de dejar su puesto como fiscal general de Guatemala, ¿sabe ya qué va a hacer?

Desde el 17 de mayo que lo dejé estoy atendiendo algunas invitaciones de organizaciones en otros países para acudir a algunos eventos de corta duración. Luego quiero ver el mundial por televisión. Me encanta el fútbol. Le voy a Brasil, Argentina, España y Alemania… Pongo la televisión a las tres de la mañana y me vuelvo a dormir. Siempre he visto los partidos en diferido y he pedido que no me digan ni los resultados.

¿Pero todos?

Me gustan verlos todos. Todos. Todos.

¿Se ve metiéndose en política ahora que conoce tan bien las cloacas de los partidos?

Esa vieja política, como llamamos en Guatemala a quienes han estado en el Gobierno, no vale la pena. Es una vieja política que hay que descartar. Tenemos que apostar por un sistema político diferente e incluyente, porque esa vieja política que ha gobernado Guatemala no solo ha diseñado el esquema de corrupción, sino que ha excluido siempre a la gente: ni las mujeres, ni los pueblos indígenas ni los migrantesienen acceso a los puestos de poder… Los migrantes que viven en EE.UU. quieren participar en la política, pero la clase política ha cerrado los espacios. Es responsable directa de ese diseño de corrupción sistémica. Hay que sustituir ese sistema enraizado. Guatemala tiene en 2019 esa oportunidad única de no repetir. Voté por (Otto Pérez) Molina y (Jimmy) Morales, y ambos me decepcionaron totalmente. Incursionar en la política es un mecanismo adecuado para incidir y luchar por una verdadera democracia y contra la corrupción.

¿Cree que en los procesos judiciales liderados por usted se ha perseguido también a los corruptores?

También ha habido empresarios que han sido procesados, y algunos de ellos han aceptado su responsabilidad. Algunos han tenido salidas procesales favorables en vista de su colaboración y aceptación de sus cargos. No hemos dejado ningún sector sin investigar.

¿Hasta dónde llega la corrupción en Guatemala?

Es sistémica. Está incrustada en el Estado a todos los niveles y sin excepción.

¿La inestabilidad de Guatemala es imprescindible para que siga expandiéndose el crimen organizado en la región?

La incidencia del narcotráfico favorece la corrupción. El narcotráfico necesita a funcionarios corruptos para pasar la droga, negociarla y lavar el dinero. Sin funcionarios corruptos, el narcotráfico tiene dificultades. Guatemala es un país en tránsito del narcotráfico hasta Estados Unidos. La lucha contra el narco es fundamental. Lo hicimos en el Ministerio Público en alianza y coordinación con EE.UU., México, El Salvador y Honduras.

En España está muy extendida la idea de que todos los políticos roban. ¿En Guatemala continúa todavía eso de que «robó pero hizo cosas bien»? ¿Se acabó la tolerancia frente a la corrupción?

Ese pensamiento existía en Guatemala antes de 2015. «Que robó e hizo obra», «robó pero poquito»… Después de 2015, Guatemala no tiene tolerancia a la corrupción. Ya no toleramos que nos digan que robó poquito pero hizo. No tienen que robar, sino que tienen que cumplir sus funciones y servir a la población con transparencia, y no para hacer fortuna. Tampoco debemos obviar el saqueo del Estado con los recursos que se deberían utilizar para servicios básicos. Sí es posible luchar contra la corrupción, pero se necesita voluntad política. Si el presidente de la República no es aliado en la lucha contra la corrupción, es difícil. Así y todo, puede hacerse con apoyo de la población, de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que ha sido clave.

¿No temió que la sustituyeran al frente del Ministerio Público con todo lo que iba destapando?

Con el comisionado Iván Velázquez logramos impulsar una reforma a la ley orgánica para el Ministerio Público donde incluimos una norma por la que el presidente de la República no puede destituir al fiscal general salvo por un procedimiento penal con sentencia firme y ejecutoriada durante el ejercicio del cargo. Antes, el presidente le pedía un informe al fiscal sobre cualquier tema y si no le parecía bien, lo destituía. A tal grado, yo fui la fiscal general número 11 y tenía que ser la número 5. Quiere decir que cada presidente encontraba cualquier motivo y cambiaba al fiscal general.

Como fue nombrada fiscal general por el entonces presidente Otto Pérez Molina, la prensa internacional no confiaba mucho en usted...

Cuando salimos con el caso La Línea todo cambió. Impactó mucho a la población y cuando empezaron a preguntarme en diversos sectores: «¿Cómo hizo si él la nombró?». Siempre respondí que juré lealtad a la constitución política, no al presidente. Yo quedé muy agradecida por haberme nombrado, pero mi obligación era responder a los intereses de la población, no de un tribunal.

Usted deja la Fiscalía cuando Guatemala ocupa el puesto 136 de 170 en el ranking de la corrupción e Transparencia Internacional. ¿Qué más hace falta?

Hace falta respaldo político y del sistema de partidos. Hace falta mucho esfuerzo todavía. Veo en la crisis de Guatemala una oportunidad de encauzar la historia del país y de fortalecer la lucha anticorrupción.

Ahora usted es muy querida en Guatemala por “haber mandado a la cárcel” a los corruptos, entre ellos al presidente y a su vicepresidenta. ¿Teme decepcionarlos ahora? ¿Se ha visto tentada por esa corrupción sistémica?

No hay razón para decepcionarlos. No, yo estoy tentada a la lucha anticorrupción, a seguir desde cualquier espacio aportando para que Guatemala se encauce. Conozco cómo funciona el sistema corrupto y hay que seguir combatiendo donde pueda aportar.

En Guatemala hay un sistema de justicia débil porque así le conviene a la criminalidad

¿Tiene Guatemala modelos a seguir en su lucha contra la corrupción?

Sí. Europa. Europa tiene bajos índices de corrupción. También Estados Unidos, Canadá… Modelos sí hay. Hay muchísimos países que fortalecen la institucionalidad y eso falta en Guatemala. En Guatemala hay un sistema de justicia débil porque así le conviene a la criminalidad: que no funcionen los tribunales, el ministerio público, la policía nacional civil. Eso les favorece y hace que la corrupción florezca. Nos ha costado comprender en Guatemala que es a propósito y no es casualidad que se le niegue el presupuesto a los tribunales, al ministerio público. Es la clase política perversa quien ha diseñado este sistema para hacerlo débil y luego echarle la culpa a los jueces de que no funciona. Mientras, vemos a Chile, por ejemplo, que le ha costado fortalecer el sistema de justicia: desde un edificio donde integran jueces, Ministerio Público, fiscales, defensa pública hasta procesos formativos, estabilidad del fiscal, jueces… eso es lo que tenemos que hacer en Guatemala.

¿Teme por su vida? ¿Se ha quitado un peso de encima?

Claro que siento temor por mi vida. Sé que enfrentarse a estructuras criminales tan poderosas trae consecuencias. Tengo las medidas de seguridad decretadas por la comisión interamericana de DD.HH., pero sigo adelante. No me da miedo. Y sí, me he quitado un peso de encima.

6.500 mujeres asesinadas en una década

Usted promovió la creación de los Tribunales contra el Feminicidio, pionero en Iberoamérica. Así y todo, Guatemala está entre los países con la tasa de feminicidios más alta del mundo: 2,7 por cada 100.000 habitantes (en Europa Occidental, la tasa promedio es de 0.4% por cada 100.000). Cerca de 6.500 mujeres asesinadas en la última década con picos de hasta de 700 al año y 60 al mes, ¿por qué asesinan a tantas mujeres en Guatemala?

Porque hay una cultura patriarcal de menosprecio a la mujer, que es asesinada en el contexto de relaciones desiguales de poder con misoginia. Lo dijo Amnistía Internacional: en Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y una mujer es que a la mujer se le hace sufrir antes de morir, se le mutila, se le viola; la niña del área rural e indígena es menospreciada y violada. Hay una cultura patriarcal contra la que también hay que luchar. Desde nuestro espacio hemos guiado una justicia especializada penal con enfoque de género. Integré la corte suprema de justicia 2009-2014 y creamos juzgados y tribunales especializados en feminicidios y violencias contra la mujer, y le hemos pedido a la mujer guatemalteca que rompa el silencio, que denuncie. Y siendo fiscal general logré llevar fiscalías a todos los departamentos del país, fiscalías especializadas y casos contra la violencia de la mujer. También pude crear una fiscalía especializada en feminicidio para investigar esas muertes contra mujeres por el hecho de ser mujeres, para que desde el escenario criminal se tenga enfoque de género. Guatemala tiene dos sentencias en contra: caso Véliz Franco y Paulina, dos niñas que fueron asesinadas y desde la escena del crimen fueron menospreciadas por fiscales, policías, hasta por bomberos, que al llegar a la escena del crimen decían que hacían vestidas así y qué hacían acá a la una de la mañana. Este tipo de estereotipos llevaron a que la fiscalía ahora tenga enfoque de género desde el propio escenario criminal. Estamos avanzando con investigadores especializados.

En los últimos meses ha habido varias marchas en España en contra de La Manada, un grupo de jóvenes que violaron a una joven durante las fiestas de San Fermín. La sentencia generó un gran descontento al no considerar el crimen como agresión sexual sino como abuso sexual. Especialmente duras fueron las críticas contra el juez que firmó el voto particular pidiendo la absolución de los condenados. ¿La protesta masiva contra una sentencia o un juez en concreto es sano para la democracia o, en cambio, presiona demasiado a la Justicia, que debe ser independiente de la calle?

Es legítimo en una democracia, porque si no hay expresión popular, no hay forma de que la población pueda levantar su voz. Los jueces no deben dejarse presionar por una manifestación ni por lo que digan sectores de la sociedad: están formados para resolver de acuerdo al derecho y a las constancias procesales. Una manifestación vale para la democracia y el juez debe resolver pero tiene que tener enfoque de género, no puede ser una simple agresión lo que es una violación. Hay dictámenes periciales que debe tener el juez a la vista y establecerlo con enfoque de género, si el juez no tiene enfoque de género y cultura patriarcal.

Los grupos feministas piden un enfoque de género en la Justicia para, entre otras cosas, no poner el foco sobre la víctima, sino sobre el agresor.

Lo que estaba haciendo era revictimizar a la víctima, que tiene que contar con toda la protección y respetar su intimidad. Sentencias de esta naturaleza no ayudan a erradicar la violencia contra la mujer.

En España el ministro de Justicia criticó públicamente al juez del voto particular. ¿Un ministro de Justicia puede y debe hacer eso?

Si el ministro de Justicia tiene enfoque de género, hay que aplaudirle, porque en las culturas machistas de nuestros países encontrar un ministro que esté en el lado correcto del análisis me parece digno de reconocimiento

¿Qué otras esferas de la vida pública deben reforzarse en la lucha contra los feminicidios?

Es cuestión de educación y de voluntad política de quienes dirigen nuestros países. Se olvidan que la otra cara de la democracia son los DD.HH. de las mujeres, la mitad de la población.

Usted ha recibido el sobrenombre de «mujer de hierro» por su voluntad implacable contra la corrupción. ¿La han llamado mandona alguna vez por el hecho de ser mujer en una de posición de poder?

No, nunca me he sentido desubicada ni que he ocupado una ocupación masculina. Nunca me han llamado mandona porque soy respetuosa con mis compañeros. Claro que doy órdenes y exijo el cumplimiento, pero lo hago con mucho respeto. Nunca grito. Lo han dicho así porque no me ha temblado el pulso a la hora de autorizar investigaciones contra cualquier funcionario.

Recientemente visitó a grupos de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Cómo los vio?

Los inmigrantes son personas en condiciones de vulnerabilidad porque han tenido que salir del país y no reciben la asistencia adecuada de ningún gobierno a pesar de que representan el ingreso número uno con las remesas y sostienen el país. Muchos de ellos desean regresar a Guatemala y ser diputados, pero no encuentran los espacios.

Haciendo balance de su gestión, ¿qué destacaría como puntos positivos y negativos?

Como positivo: entregar un Ministerio Público autónomo, haber sido fiscal independiente, haber actuado con objetividad, con transparencia… Y pendiente, que el ministerio público tenga presencia en todo el territorio nacional: ahora mismo el 80% del territorio no tiene fiscalidad del Ministerio Público.

¿Considera que hay separación de poderes en su país?

Existe en la Constitución política, pero siempre hay una mezcla de intereses comunes entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde está el poder de la clase política y siempre se confabula con la población.

¿Cree que el racismo entre la propia sociedad guatemalteca es un problema de clasismo contra los indígenas?

La misma estructura de poder discrimina a los indígenas. No se ha querido reconocer a nivel constitucional la jurisdicción indígena: tienen una justicia ancestral que ayuda a construir la paz social que soluciona controversias ante la ausencia del Estado, pero no se reconoce. No tienen apenas accesos a servicios básicos.