Miles de comunitarios, en riesgo de perder este jueves su residencia en el Reino Unido

El Ministerio del Interior británico advirtió en su momento de que mantendrá un «enfoque pragmático y flexible» para evaluar las circunstancias personales de quienes no presenten la solicitud en plazo, pero las organizaciones que vienen trabajando para informar a los afectados y ayudan con los procedimientos temen un caos.

Como señaló recientemente la española Marta Mendiondo , abogada de inmigración en el bufete británico Ince y residente en Londres, existe una «desinformación tremenda» y «ni por casualidad se va a atender a todo el mundo» en los pocos días que quedan de aquí a que acabe el plazo.

Además de las personas vulnerables como ancianos o gente sin hogar, uno de los grupos sobre los que llamaba la atención esta letrada es el de quienes vivieron en el pasado en territorio británico, se marcharon y no saben que pueden pedir la residencia por haber vivido en el Reino Unido antes de que acabara el periodo de transición del Brexit , el pasado 31 de diciembre. «Tienen la oportunidad de dejar la puerta abierta para volver en otro momento o para enviar a sus hijos a estudiar en el futuro», apuntaba.

El número real de afectados parece imposible de calcular. «Estamos hablando de miles de personas, pero nadie sabe realmente el número de residentes que hay en el país, porque nunca se estableció un control como el que tienen Bélgica, Alemania u Holanda», explicaba Mendiondo, que se refería a «un descontrol total de cifras por la falta de un documento físico», como el DNI español. «A partir del 1 de julio vamos a ver un caos», asegura, y detalla que habrá un aumento en «el empleo sumergido», problemas por los que «a largo plazo Interior va a tener que ser práctico y abrir la mano». Por ejemplo, poniendo en marcha medidas como el establecimiento de un visado para jóvenes europeos que quieran trabajar, especialmente en hostelería. «Van a tener que ser mucho más flexibles porque se van a encontrar con una patata caliente que puede tardar años en salir a la superficie», avisaba.

Por su parte, el abogado especializado en inmigración Luke Piper , asesor y director de políticas de 'The 3 Million' –la organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido–, explicó durante un encuentro virtual con corresponsales en Londres «que habrá esencialmente tres grupos de personas» afectadas una vez que acabe el plazo el próximo 30 de junio. «Los primeros son los que no cumplieron con la fecha límite», es decir, quienes no han entregado sus solicitudes a tiempo.

«No tenemos ni idea de los números, pero es muy probable que sea una cifra bastante grande de personas, varios miles según las proyecciones», aseguró. «El segundo es un grupo que tiene su solicitud pendiente de respuesta. Ese número está creciendo y es muy probable que esté por encima de las 300.000 personas. ¿Por qué es tan importante? Porque esas personas tendrán derechos mientras esperan una decisión final», explicó, «y el desafío que se les presenta mientras tanto es demostrar que tienen su solicitud hecha a los empleadores, propietarios de viviendas y otros proveedores de servicios».

Pese a la aparente paradoja, Piper explicaba que «el último grupo de personas que nos preocupa especialmente son los que tienen el estatus concedido. Sabemos que varios millones de personas han logrado adquirir su estatus a través del plan de asentamiento. Pero este es solo el comienzo». Este 1 de julio comienza el impacto que, en su opinión, será «bastante considerable», debido a lo que califica como el entorno hostil que se ha creado para los comunitarios, incluso para los que están legalmente en el país.

La situación se complica por la falta de un documento físico que pruebe la residencia. El hecho de que el trámite sea exclusivamente 'online' no solo lo dificulta, sino que es un obstáculo para los colectivos vulnerables con menos acceso a la tecnología o con limitaciones para utilizarla. E iba más allá: «Hay algunos fallos fundamentales del Reino Unido y sus obligaciones en el acuerdo de salida del Brexit» ya que este programa «simplemente da a las personas un estatus migratorio en el Reino Unido, pero no confirma si tienen derechos en virtud del acuerdo de salida». Pone un ejemplo: «Las personas no tienen sus derechos protegidos si se inscriben tarde en el plan. Eso es contrario al acuerdo de salida».

Para este experto, todo este asunto además «se encuentra dentro de un contexto político más amplio de creciente tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea, y eso se puede ver en las declaraciones conjuntas. Y la preocupación para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido, y para los ciudadanos británicos que viven en la UE, es que existe el riesgo de que seamos moneda de cambio, una vez más, en el juego» entre ambas partes. «Eso tendrá un efecto en términos no solo de cómo se trata a la gente en la frontera, sino cómo se trata a la gente dentro del Reino Unido», sostiene.