López Obrador cumple un año sin la transformación que prometía

Las expectativas que deposita el presidente en sí mismo son elevadas; también las de los propios mexicanos en el presidente, a quien otorgan un índice de popularidad del 58.7% , según la última encuesta del diario «El Universal». Y es que la ilusionante promesa de crear un nuevo México que constantemente realiza López Obrador, de 66 años, emociona a gran parte de los ciudadanos de un país harto de la violencia (36.685 asesinatos en 2018), la impunidad (99% de los crímenes no son castigados) y la rampante corrupción. El expresidente Enrique Peña Nieto se marchó con un 26% de popularidad.

Sin embargo, su constante retórica maniquea entre el «pueblo bueno», al que dice representar, y la «mafia del poder», todos los que están en su contra, ha generado una profunda división dentro de la sociedad en torno a la figura de un presidente que genera acérrimos seguidores y fuertes detractores debido a sus tintes mesiánicos. «Su principal estrategia es polarizar. Identificar a un enemigo claro es una forma de hacer política muy típica de estos populistas latinoamericanos», explica Iván Arrazola, politólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (México).

Y es que bajo la protección que supuestamente le da su elevado índice de popularidad, AMLO actúa en ocasiones de una manera arbitraria e improvisada que le hace caer en continúas contradicciones. Por ejemplo, nada más llegar a la presidencia canceló la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México -que llevaba un 30% construido y donde participaban FCC y Acciona- bajo la excusa de que la obra dañaría el medioambiente para, sólo días después, aprobar la construcción de una nueva refinería en Tabasco y de una línea de tren en la península del Yucatán, lo que requerirá destruir varias hectáreas de selva. Todo proyecto de infraestructura genera impactos ambientales, sólo que a López Obrador a veces le importa y otras veces no.

«Vemos por primera vez un compromiso fuerte desde el ámbito más alto del poder por combatir la corrupción », dice Roberto Zepeda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este primer año, el gobierno de AMLO ha ido contra algunos de los personajes más señalados de estar supuestamente involucrados en varios grandes casos de corrupción. Entre otras celebridades, la fiscalía especializada en delitos financieros ha actuado contra Juan Collado, abogado de Peña Nieto, el líder del sindicato de la petrolera estatal Pemex, Romero Deschamps, y el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. El caso de Lozoya, de hecho, está conectado en parte con la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina.

«Su objetivo es atacar la corrupción y, a partir de ahí, generar recursos con los que poder financiar programas sociales», dice Zepeda. Según la OCDE, un «think thank», la corrupción le cuesta a México un 10% de su PIB, lo que son unos 150.000 millones de dólares por año. Y es que los mexicanos vienen de un gobierno de Peña Nieto que ha estado salpicado por varios casos de corrupción, especialmente uno conocido como la «Casa Blanca», un escándalo en el que su esposa Angélica Rivera compró una vivienda a una constructora que había recibido contratos del Ejecutivo de su marido, según una investigación periodística.

México ha mantenido una política exterior más alineada con Estados Unidos desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Fue precisamente en 1994 cuando el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, un acuerdo que cimentó la actual integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. El resultado es una relación comercial de 500.000 millones de dólares entre México y Estados Unidos, una situación que, sin embargo, ha generado al país mesoamericano una gran dependencia de la primera potencia. Así, el 80% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a Estados Unidos.

En un intento de diversificar su músculo exportador, López Obrador ha tratado de expandir los esfuerzos diplomáticos mexicanos con otros países latinoamericanos sin dañar su relación con Estados Unidos. De hecho, AMLO y Donald Trump aparentemente se llevan bastante bien. «Me gusta su presidente realmente, de hecho, he trabajado mucho mejor con este presidente (AMLO) que con el anterior (Peña Nieto)», señaló Trump en una reciente entrevista en radio.

La llegada de AMLO ha supuesto también el resurgimiento de la Doctrina Estrada en materia de política exterior, unos principios de los años 30 que abogan por la no intervención, los derechos humanos, la solución pacífica de conflictos, y que limitan a México a tener relaciones únicamente con estados y no con gobiernos. Los principios de la Doctrina Estrada son la razón por la que México no habría reconocido a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela.

« Primero los pobres », dijo López Obrador en su discurso en julio de 2018 para celebrar su victoria electoral. La mitad de la población vive en pobreza y AMLO aboga por aprobar programas sociales para ayudarles. Sin embargo, se niega a subir impuestos para financiar sus iniciativas y ha tratado de lograr ahorros con varias medidas de austeridad en la administración pública. Él se bajó el salario, ha reducido el salario de los altos funcionarios y ha cerrado varias agencias públicas. Sin embargo, estos ahorros han resultado hasta ahora insuficientes para financiar sus ambiciosos programas sociales, como su plan para crear un sistema de salud en México «como el de Suecia».

Ese extraño enfoque de tintes socialistas se mezcla con un perfil político de convicciones conservadoras en materias como el aborto o el matrimonio homosexual, temas sobre los que evita pronunciarse de forma clara.

Sus dos grandes retos continúan siendo economía e inseguridad, dos áreas en las que el presidente prometió grandes avances y en los que no se ven resultados.