López Obrador autoriza una Comisión de La Verdad para resolver el caso Ayotzinapa

El decreto, uno de los primeros firmados por López Obrador, ordena al gobierno de México a colaborar con dicha comisión en «la búsqueda de la verdad» alrededor un polémico crimen que ocurrió hace más de cuatro años y sigue sin ser resuelto. «No habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro», añadió el presidente mexicano que durante su discurso de investidura, el pasado sábado, poner fin a la inseguridad y la corrupción en el país. México es el cuarto país más impune en todo el mundo, según un ranking global que elabora la Universidad de las Américas Puebla.

Con esta decisión, AMLO otorga un rayo de esperanza a los desesperados padres de las víctimas que rechazan la versión oficial, puesto que la ONU evidenció que al menos 34 de los interrogados en la investigación fueron torturados por las autoridades, lo que desacredita los testimonios de los investigados. La ONU, por ello, consideró que los resultados eran «insostenibles» debido a las torturas que provocaron inconsistencias en la investigación.

Ante las numerosas irregularidades, un juez federal en Tamaulipas (norte) había ordenado en junio que se establezca una comisión de la verdad para analizar de nuevo el caso. «Hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura», rezaba el fallo que, además, justificaba la necesidad de crear una comisión porque «en México no se cuenta con una Fiscalía independiente», una frase que fue rechazada frontalmente por la Fiscalía federal.

A pesar de que la sentencia fue publicada en junio, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto , que dejó el poder el 1 de diciembre, ha combatido la sentencia del juez de Tamaulipas con centenares de recursos para evitar organizar dicha Comisión. «Iniciamos las acciones para conocer la verdad y hacer justicia a los jóvenes de Ayotzinapa», añadió AMLO.

Se espera que la Comisión comience a andar esta semana y estará compuesta por funcionarios federales, además de algunos representantes de los familiares de los desaparecidos como es la ONU. El Gobierno mexicano estima que hay un total de 37.485 casos oficiales de personas desaparecidas en todo el país, sin embargo, varias ONG calculan que puede haber más de 300.000.