Humberto de la Calle recalca que no habrá impunidad para las FARC ni para los «agentes del Estado que han desviado su misión constitucional»

Colombia ha vivido otros intentos de procesos de paz, ¿por qué cree que en este caso se ha conseguido culminar en acuerdo?

Por varias razones. En primer lugar, porque cambiamos la estrategia en un tema esencial que consiste en haber pactado una agenda concreta de seis puntos que permitía finalizar el conflicto y nación de una paz firme que se está empezando a vivir en Colombia ahora, donde ya no es un asunto de Gobierno y FARC sino de todos los colombianos. En el pasado, se confundían las nociones de fin del conflicto y paz, y por lo tanto en las mesas de conversaciones se terminaba hablando de lo divino y lo humano, y ese era un método condenado al fracaso. Hubo un cambio que metodología que es extraordinariamente importante, pero no es el único.

También, simultáneamente, muchas fuerzas de izquierda en el panorama latinoamericano e incluso, izquierda no armada en Colombia, señalaron el mensaje sobre las FARC que no era el momento de la violencia y del uso de las armas, y que había posibilidades de continuar una tarea en el terreno político y en democracia. También, obviamente había que reconocer, que elementos de carácter militar, una ventaja estratégica militar del Estado, que se fue acumulando y que generó golpes muy duros a la guerra y creo yo que incidieron en la toma de decisión por parte de esta para emprender el camino del diálogo.

¿Son los colombianos conscientes de lo que implica un acuerdo de paz después de más de 50 años de conflicto?

Pues me parece que no. Yo realmente estoy un poco sorprendido, porque estamos viviendo hechos históricos, sin exageración ninguna. Hay sectores de la sociedad colombiana indiferentes, ven el conflicto como algo que ocurría en la periferia de colombia, cada quien está en la vida urbana, un poco en una burbuja que desconoce esa Colombia invisible y no valoran lo suficiente lo que está ocurriendo. Por otro lado, también hay un manto de escepticismo. El conflicto ha sido muy largo, extraordinariamente degradante y eso ha abierto heridas profundas en la sociedad colombiana y eso también es un caldo de cultivo para es escepticismo.

También hay grupos que se oponen, la oposición es legítima y hay que respetarla en democracia, pero se ha acudido a una serie de maniobras y de mentiras que han generado un ambiente muy negativo. De tal manera, que sí me sorprende, que algo tan positivo para Colombia, abandonar un conflicto tan largo y tan doloroso, no haya recibido el aplauso generalizado de los colombianos. Hemos puesto demasiada amargura a un momento que debía ser de enorme felicidad.

¿Cree que esa amargura esa relaciona con uno de los puntos más polémicos del acuerdo sobre el no enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante estos años?

Ese es un punto extraordinariamente importante y es una de las falacias que han puesto a circular. La jurisdicción especial para la paz tiene que ver con los crímenes más graves, los llamados nucleares de carácter internacional, es decir que crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, delitos sexuales, es decir hay un núcleo de los delitos más graves que serán juzgados por una justicia transicional, pero a través de procedimiento netamente judiciales que incluyen frente a los responsables en sanciones restrictivas de la libertad. La aplicación de la amnistía solo se predica de delitos diferentes a los que he mencionado, en particular el delito político de rebelión y los delitos conexos. Luego, el delito de partida es equivocado. Hay quienes piensan que esas sanciones no son suficientes, ahí hay una decisión, pero lo que no puede decirse es que haya impunidad, porque esas sanciones se cumplen en terrenos determinados, en áreas específicas de cara a la comunidad victimizada con monitoreo internacional y con el cumplemimiento entre cinco y ocho años de tareas reparadoras.

Sin embargo, en segundo lugar hay algo que suele olvidarse. Hay una especie de miopía selectiva, siempre se plantea esta cuestión de cara a las FARC, pero se olvida que hay otros responsables en Colombia, por ejemplo: agentes del Estado que han desviado su misión constitucional y terceros que han fomentado la guerra. Ellos también tienen que concurrir a la jurisdicción en un esquema que es armónico y equitativo para todos los responsables. Esto es necesario para que el conflicto termine realmente. Luego, el punto de partida es falso y no toma en consideración, lo reitero, que se está aplicando y se aplicará a todos los responsables y no está referido exclusivamente a los excombatientes de las FARC.

¿Cree que el foco de atención se ha centrado en las FARC y no en las unidades paramilitares que estuvieron ligadas al gobierno?

Exacto, justamente a eso me refiero. Tiende a mirarse la responsabilidad de las FARC, pero hay otras responsabilidades. En primer lugar, miembros de la fuerza pública que cometieron crímenes igualmente graves y que van a tener un tratamiento igual al que se predica de la guerrilla. Y también, como usted lo dice muy bien, terceros con conexión con el gobierno o sin ella financiaron los crímenes más graves y, por tanto, también tienen que responder. Luego, el punto de partida en esta materia siempre ha sido falseado por los opositores. No hay impunidad, miles de voces en la comunidad internacional señalan que esta solución cumple los estándares internacionales. Se ajusta al Estatuto de Roma de tal manera que ese cargo, esa crítica, es infundada.

¿Cuándo terminará el desarme?

El desarme ya operó, las FARC entregaron 7.132 armas de combate y eso ocurrió hace unos días. Fue registrado y certificado por la Misión de las Naciones Unidas, que fue decretado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas armas están hoy depositadas en contenedores que van a ser trasladados para destruir las armas y con ellas hacer tres monumentos. En cuanto a las llamadas caletas, particularmente donde reposa armamento no convencional que tienen que ser preponderantemente destruidas en el sitio, el proceso se está cumpliendo. Naciones Unidas ha certificado que ya ha desactivado un número superior a 60 de esas caletas y tiene la certeza que el 1 de agosto habrán despachado este punto. Digamos que el desarme ya es una realidad.

Una de las tragedias que llama la atención del conflicto es el número de personas en paradero desconocido, sobretodo en los dos primeros años del segundo mandato de Uribe donde desaparecieron más de 8.000 personas, ¿cómo lo está gestionando el gobierno?

Realmente ese es uno de los puntos más críticos y más dolorosos para los colombianos. Muchas familias no tienen noción de lo que pasó con sus parientes. Siguiendo el ordenamiento del derecho Internacional en esta materia, se creó una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esa unidad ya está comenzando a funcionar, allí se recibirá la información por parte de todos lo victimarios para buscar los restos de las personas que se dan por desaparecidas o su paradero. Es una tarea extraordinariamente dolorosa, muchas personas se han dado por desaparecidas sencillamente porque murieron en determinadas circunstancias o porque fueron objeto de secuestro.

Realmente es una tragedia humanitaria enorme, pero lo que se está haciendo es asumiendo esto, desde las perspectiva de las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario, que ha generado un proceso de gran envergadura para la búsqueda de los restos, su identificación. La institución Medicinal Legal en Colombia viene cumpliendo la tarea frente a los restos humanos, de establecer su identidad a través de las técnicas más modernas. Esperamos que esto resuelva la mayor parte de las incógnitas que hoy tienen los parientes de las víctimas, aún cuando haya casos donde sea imposible rastrear el destino final de estas personas. Sin embargo, esto es una de las obligaciones que ambas partes decidieron cumplir y se está cumpliendo de manera adecuada.

Uno de los puntos de la agenda de Colombia es el problema del narcotráfico, ¿qué tiene que pasar para que llegue a su fin?

Allí es bueno enfrentar dos problemas distintos. El problema de las bandas de narcotraficantes es un problema muy serio en Colombia, que tiene que seguir siendo afrontado con la fuerza tranquila de las instituciones, la respuesta en democracia que implica una respuesta policial, militar, con el fin de desmantelar esas organizaciones y someterlas a la penalidad ordinaria. Ese es el tema del narcotráfico que no ha sido superado, que no tiene las características de virulencia que tenía en el pasado, pero que existe y que los colombianos tenemos que afrontar.

El segundo problema, el más complejo, es el de los cultivos ilícitos, porque allí hay involucrados temas de la vida de los campesinos, de cuestiones de carácter macroeconómico, por ejemplo: la reciente devaluación del peso restableció los niveles antiguos de rentabilidad al cutivo, y naturalmente hay muchas zonas donde los campesinos buscan esa como una solución vital. Lo que hace parte de la política del gobierno y el pacto que logramos con las FARC es, en primer lugar, darle énfasis a la sustitución voluntaria de cultivos con las comunidades. Cada comunidad hacer un pacto, como ya se está haciendo, para sustituir por cultivos legales. Donde esto no sea posible, se dará pie a la erradicación forzada, utilizando miembros de la fuerza pública. En tercer lugar, el Estado no renunció a la fumigación en La Habana, esa es otra de las mentiras que han puesto a circular. En el acuerdo se lee que reservamos el derecho de fumigar allí donde se de que las circunstancias impidan otro tipo de solución. Naturalmente que, por razones que han sucedido en Colombia, decisiones de carácter judicial en relación con zonas de reserva ecológica, se ha prohibido la fumigación aérea con glifosato.

Por lo tanto, allí hay un enorme desafío, lo entendemos, en particular estos procedimientos de sustitución de cultivos tienen complejidades fiscales y administrativas. La meta que fijó este año es de 100.000 hectáreas, 50.000 a través de la sustitución y 50.000 por erradicación forzada. Respecto de las 50.000 para sustitución ya hay acuerdos con las comunidades que involucran 38.000 hectáreas, nosotros creemos que aún cuando la sustitución no es una idea original, una cosa es sustituir en medio de las balas y otra cuando ha terminado el conflicto. Tenemos un desafío, pero también una enorme oportunidad de lograr una solución mucho más de fondo y más estable, en relación con el tema de los conflictos y frente al narcotráfico pues hay que enfrentarlo como siempre lo ha hecho Colombia.

Durante muchos años, periodistas y analistas colombianos e internacionales nombraban a Colombia como un narcoestado, ¿cree que sigue manteniendo esa imagen?

Esa era una visión antigua de los años de Pablo Escobar y de los grandes cárteles de la droga, que realmente pusieron en jaque el Estado colombiano. Yo creo que esa es ya una visión obsoleta. Hay narcotráfico, obviamente eso hay que reconocerlo y también extensiones cercanas a las 140.000 hectáreas con cultivos ilícitos. De allí al narcoestado, algo que parecía posible hace 20 o 30 años, hoy encontramos un proceso de robustecimiento de las instituciones, de la capacidad de respuesta militar y judicial del Estado colombiano. Precisamente en este momento cuando termina este largo conflicto con las FARC, al contrario, las FARC han asumido el compromiso de romper todo vínculo con el narcotráfico y cooperar con el Estado en la lucha que exige el problema mundial de la droga. Luego, lo que estamos viendo es discusión política muy aguda, pero en un plano de robustecimiento institucional que hace que esa idea del narcoestado sea realmente una cosa que ya no coincide con la realidad.

¿Se presentará a las presidenciales el próximo año?

Esa pregunta siempre aparece. Yo estoy recibiendo invitaciones, en ese sentido, de personas que manifiestan el deseo de que me presente, estoy evaluando esa situación. Veo riesgos del desarrollo efectivo de los acuerdos, me parece que hay grupos políticos que han dicho que el año 2018 es una oportunidad para hacer trizas el acuerdo. Eso es una cicatriz para mí en términos de configurar una fuerza política, que no puede limitarse a un deseo personal. Yo tengo la convicción de que hay que hacer una coalición muy grande para impedir que Colombia desvíe su camino y continúe siendo una sociedad abierta, plural, donde se respete la diferencia y se valore el diálogo. En ese sentido estoy pensando en incorporar una decisión en una coalición de esa naturaleza en el plano en el que me toque actuar y eventualmente una candidatura si eso es decisión de los miembros de esa coalición, pero pronto tomaré decisión sobre mi caso particular.