El Gobierno de Trump propone no conceder la residencia a quienes no puedan «mantenerse económicamente»

«Los que quieran emigrar a EE.UU. deben demostrar que pueden mantenerse económicamente por sí mismos, así lo recogen nuestras leyes desde hace mucho tiempo», dijo la secretaria de Interior Kirstjen Nielsen al anunciar la medida, que será efectiva tras un periodo de 60 días y que no deberá pasar por el Congreso. «Con esta propuesta nos limitamos a aplicar las leyes que ha aprobado el Congreso, dedicadas a incentivar a los inmigrantes a que sean autosuficientes, para proteger unos recursos que no son infinitos y para asegurarnos de que no se convierten en una carga inasumible para los contribuyentes norteamericanos». Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió restringir al máximo la concesión de visados y permisos de residencia.

La pregunta ahora es cómo decidirán las funcionarios norteamericanos si un inmigrante puede convertirse en lo que la nueva normativa denomina «carga probable sobre el erario público». El Gobierno publicó el fin de semana una directiva de 447 páginas, aún sujeta a revisión, que ofrece algunas directrices: no podrán recibir residencia permanente los inmigrantes con visado que hayan obtenido ayudas al alquiler, asistencia sanitaria o compra de alimentos y medicamentos, bien porque han alcanzado la edad de jubilación o bien porque sus ingresos están por debajo del nivel de la pobreza. De los peticionarios de visado, incluidos los de la Unión Europea, los consulados deberán analizar factores como edad, estado civil, número de hijos, recursos económicos, nivel educativo e historial laboral para predecir si en el futuro estos pueden llegar a solicitar esas ayudas.

El Gobierno norteamericano cree que esta nueva normativa afectará, cada año, a un mínimo de 382.000 inmigrantes, cuyas solicitudes estarán sujetas a una revisión mucho más exhaustiva que hasta ahora. La directiva ofrece, sin embargo, una posible salida: quienes vean sus peticiones rechazadas podrán pagar un depósito de 10.000 dólares (8.500 euros), que podrían perder si, durante la validez de su visado, piden o reciben algún tipo de ayuda pública.

La directiva añade otro factor a tener en cuenta, que ha sido duramente criticado por varios colectivos de inmigrantes: la salud del peticionario de visado. Según el Gobierno norteamericano, el haber padecido o padecer «enfermedad coronaria, cáncer, traumatismos, desequilibrios mentales o dolencias pulmonares» puede ser motivo de denegación de visado o residencia porque este tipo de enfermedades, sobre todo las crónicas, «son las más caras para el Estado». Según el informe publicado por el departamento de Interior, un 50% de los inmigrantes que padecen o han padecido problemas de salud acaba recibiendo algún tipo de ayuda pública.

Cada año, EE.UU. concede medio millón de visados a ciudadanos extranjeros. Sólo en 2017 obtuvieron permiso de entrada 43.665 europeos, de los que 465 era españoles. En el mismo año, 65.141 europeos -1.469 de ellos españoles- lograron la nacionalidad. Cuando esta normativa entre en vigor, los inmigrantes deberán decidir: o solicitan ayudas públicas o pueden renovar sus visados y lograr la residencia permanente. El Gobierno calcula que de los 41,5 millones de inmigrantes legales, hasta nueve millones han recibido algún tipo de asistencia del Estado. Los 11 millones de inmigrantes sin papeles no tienen derecho a esas ayudas. Sí las pueden solicitar los que han entrado en el país como refugiados.

«Estos cambios son el resultado de la agenda anti inmigración de Trump, que ahora ataca a los inmigrantes legales y a sus familiares», según Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta de la organización UnidosUS. «Como ya esperábamos, esta nueva directiva supone el cambio a un sistema migratorio en el que los factores determinantes son el tamaño de tu cartera y el color de tu piel, todo ello disfrazado de desinformación y la falsa noción de que los inmigrantes son una carga para los contribuyentes americanos, a pesar de los muchos estudios que demuestran precisamente lo contrario», añade.

Ese es precisamente el asunto central en esta medida: ¿cuánto le cuesta al Estado norteamericano la inmigración? Según afirmó el propio presidente Trump hace un año, «las políticas migratorias le cuestan a los norteamericanos 300.000 millones de dólares netos al año». La cifra es correcta pero debe ser matizada: si se excluyen los costes estructurales, como el gasto en defensa per capita, esa cifra descendería hasta los 43.000 millones de dólares, según el servicio de comprobación de datos Politifact. .

Desde que llegó al Gobierno, el actual presidente ha sentado los cimientos de una transformación integral del sistema migratorio de EE.UU., un país construido desde su nacimiento por varias oleadas de emigrantes. Trump ha reducido a la mitad las cuotas de refugiados y ha aprobado controles mucho más estrictos sobre las solicitudes de visados para trabajadores, sean estos cualificados o no. Además, ha incrementado notablemente la seguridad en la frontera con México, deteniendo y presentando cargos contra los adultos que entran en EE.UU. de forma ilegal, algo que ha provocado que 2.300 menores hayan sido separados a la fuerza de sus padres.

No hay que llevarse a engaño: medidas como estas son inmensamente populares entre los votantes de Donald Trump.