El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, abandona la sede de la Fiscalía anticorrupción, ayer en Sudán
El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, abandona la sede de la Fiscalía anticorrupción, ayer en Sudán - REUTERS
ÁFRICA

La Fiscalía sudanesa anuncia el inicio del juicio de Al-Bashir por corrupción

El exlíder de Sudán aparece en público por primera vez desde que fue derrocado en abril tras 30 años en el poder

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El expresidente Omar al-Bashir comparecerá ante los tribunales esta semana para enfrentarse a cargos de corrupción y posesión ilegal de moneda extranjera, según hizo oficial el fiscal general Walid Sayed Ahmed. El anuncio llega más de dos meses después de que los militares derrocaran al veterano líder por las masivas protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre de 2018. Con el juicio, el Consejo Militar de Transición, que dirige el país desde el 11 de abril, pretende demostrar su firmeza a la hora de tratar de desmarcarse del aciago legado del expresidente al-Bashir, que cuenta en su haber con la secesión de Sudán del Sur y el deterioro de la economía del país.

El mes pasado, al-Bashir fue acusado de incitación y participación en el asesinato de manifestantes(delito que conlleva la pena de muerte en Sudán), y los fiscales también quieren que sea interrogado por sospechas de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El fiscal general anunció también que más de 40 exfuncionarios de su gobierno están siendo investigados por presuntos sobornos. Sudán es uno de los países más corruptos del mundo.

Por su parte, la oposición se muestra escéptica y cuestiona que el proceso sea independiente y creíble. También niegan que al-Bashir –quien llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1989– vaya a tener un juicio justo y sea responsabilizado por los cargos más graves que hay en su contra. La Corte Penal Internacional (CPI) le acusa de crímenes de lesa humanidad y genocidiorelacionados con los abusos cometidos por las fuerzas sudanesas en la región de Darfur entre 2003 y 2008, que dejaron al menos 300.000 muertos.

La junta militar anunció que no enviaría a al-Bashir ante el tribunal internacional de La Haya, por lo que parecer ser que el primer juicio que enfrentará el exmandatario será por violar un decreto que impuso en febrero para intentar sofocar las protestas antigubernamentalesprovocadas por el aumento de los precios de los alimentos y la crisis monetaria. En ese momento, Al-Bashir declaró el estado de emergencia y prohibió la posesión de efectivo en moneda extranjera por encima de 3.000 dólares. Poco después de que fuera derrocado, las fuerzas de seguridad incautaron más de 113 millones de dólares en tres divisas diferentes que encontraron en su residencia. Si el veterano líder es declarado culpable de violar este decreto podría enfrentarse, al menos, a diez años de prisión.

Primera aparición desde abril

Al-Bashir, de 75 años, apareció en público el domingo por primera vez desde que fue derrocado y detenido por el ejército en abril. El expresidente de Sudán fue escoltado desde la prisión de máxima seguridad de Kober en la capital del país, Jartum, a la oficina del fiscal, donde fue acusado de posesión ilícita de moneda extranjera y de aceptar regalos de manera no oficial. La fiscalía también le anunció que tiene una semana para presentar objeciones.

Para los líderes de la oposición, el anuncio del juicio es un intento de distraer a la comunidad internacional y desviar la atención de la brutal represión militar contra los manifestantes que tuvo lugar entre el 3 y el 11 de junio y dejó entre 60 y 130 muertos, según datos del ministerio de Sanidad y de un comité de médicos sudanés respectivamente.

Responsables del desalojo

El consejo militar está jugando al despiste e intenta repartir la responsabilidad por la brutal represión al intento de desalojo de los manifestantes acampados en la sede del ministerio de Defensa. En un primer momento, los militares negaron su implicación en los actos violentos acontecidos a principios de junio. Sin embargo, luego reconocieron que habían dado la orden de desalojar el campamento e implicaron a altos funcionarios judiciales en la toma de decisiones. Una versión que fue desmentida el sábado por el fiscal general, quien negó que se discutiera la idea de dispersar a los manifestantes la noche antes de los hechos.

Un comité establecido por el consejo militar para investigar el peor episodio de violencia desde que Al-Bashir fuera derrocado concluyó que varios oficiales de diferentes rangos fueron responsables de la muerte de decenas de manifestantes. El TMC sostiene que la violencia se produjo después de que algunos soldados se «desviaron del plan», dijo el portavoz de la junta militar Shams al-Din Kabashi. A pesar de que no hay version oficial, los oficiales implicados en los actos violentos podrían estar detenidos. Una alianza de asociaciones de opositores ha rechazado la investigación estatal y ha exigido una independiente.