Encuentran fosas comunes de la represión orquestada por el Gobierno de Burundi

Durante los días 11 y 12 de diciembre , miembros de las Fuerzas Armadas fueron en busca de presuntos opositores puerta por puerta. Mientras, el asesor presidencial Willy Nyamitwe aseguraba en las redes sociales que «los Sindumuja (como se conoce de forma peyorativa a los grupos contrarios al Gobierno) habían trataron de atacar bases militares, pero fracasaron» y añadía que la situación ya era de «calma total».

Pero en barrios como Nyakabiga, la represión fue brutal .

«Él estaba muy asustado por los fuertes disparos frente a la casa, por lo que corrió a la puerta trasera a esconderse en el baño. No había recorrido dos pasos cuando fue alcanzado (...) Murió en el mismo lugar». Quien habla es la madre de un joven de apenas 15 años. Su cuerpo nunca pudo ser enterrado por la familia. El cadáver, simplemente, se esfumó.

En los últimas semanas, testimonios como el suyo, que denunciaban cómo funcionarios locales y la policía registraron Nyakabiga para recuperar y conducir los cadáveres a lugares sin identificar , habían sido desmentidos por el Gobierno de Burundi. Aunque ahora, son las imágenes quienes tienen la última palabra:

Según fotografías obtenidas por Amnistía Internacional, decenas de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad burundesas en diciembre fueron enterradas en fosas comunes.

Las imágenes del antes y después, así como las grabaciones de vídeo, muestran con claridad cinco posibles enclaves en la zona de Buringa , a las afueras de Bujumbura.

«Estas imágenes sugieren un esfuerzo deliberado de las autoridades por encubrir el alcance de los homicidios cometidos por sus fuerzas de seguridad, y por impedir que salga a la luz toda la verdad», asegura Muthoni Wanyeki, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos

De igual modo, fotografías posteriores muestran tierra removida que coincide con los relatos de los testigos, así como la organización ha recibido informes fidedignos sobre sospechas de la existencia de otras fosas comunes con fallecidos el 11 de diciembre, entre otros lugares, en los cementerios de Mpanda y Kanyosha.

El actual conflicto se remonta a abril, tras la decisión del presidente Nkurunziza de presentarse a un nuevo mandato, a pesar de haber cumplido ya dos los periodos de cinco años que marcaba la Constitución. Un golpe en la mesa que amenaza la estabilidad regional después de doce años de guerra civil. Desde entonces 210.000 personas han abandonado el país (en un Estado de poco más de 10 millones de habitantes).

«El país parece estar al borde de una violencia que podría derivar en crímenes atroces» , advertía recientemente el asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio, Adama Dieng, quien pide actuar «antes de que sea demasiado tarde».

Precisamente, el conflicto se agilizaba en noviembre, después de que, Révérien Ndikuriyo, presidente del Senado burundés, exigió a los jefes de distrito identificar «casa por casa» a aquellos «elementos que no estuvieran en orden». Como señala la organización International Crisis Group , el lenguaje es «escalofriantemente similar» al utilizado en Ruanda en la década de los 90 antes del genocidio.

Entonces, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, vertía sonoras críticas a la ola de violencia encabezada por el Ejecutivo. «La gente está siendo asesinados todos los días, los cuerpos se encuentran en las calles. Los líderes están gastando tiempo matando a la gente», aseguraba.

Mientras, el Gobierno de Buyumbura niega la mayor. En una reciente comparecencia ante el Consejo de Seguridad, el ministro de Asuntos Exteriores burundés, Alain Nyamitwe , aseguraba que el país «no está en llamas», sino que «hay ciertos actos de delincuencia que tratan de atraer la atención de la comunidad internacional y se les ha frenado».