EE.UU. sanciona a la hija de Ortega y a tres funcionarios por la represión contra opositores

Blinken subraya, a su vez, que dado que Nicaragua no ha implementado las reformas electorales «largamente postergadas» que solicitó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado mes de octubre y «que tuvieron el respaldo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», EE.UU. impone sanciones a varios miembros del régimen de Ortega «por su complicidad en acciones de dicho régimen».

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado sanciones a la asesora e hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Antonia Ortega Murillo , que es además coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa; a Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; a Julio Modesto Rodríguez Balladares , general del ejército y director ejecutivo del fondo de pensiones en inversiones de las fuerzas militares; y a Edwin Ramón Castro Rivera , diputado de la Asamblea Nacional.

«Como lo demuestran estas sanciones, habrá consecuencias para quienes apoyen o lleven adelante la represión del régimen de Ortega. Estados Unidos seguirá usando todas las herramientas diplomáticas y económicas con las que cuenta para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad y rendición de cuentas, así como de elecciones libres y justas», señala el secretario de Estado.

Por último, reclama que la región y la comunidad internacional «deben acompañar al pueblo nicaragüense y apoyar su derecho a elegir libremente a su gobierno y a no sufrir represión ni violaciones de derechos humanos. El presidente Ortega está desafiando a la comunidad internacional y nosotros seguiremos respondiendo a esto».

Estas sanciones son la primera respuesta internacional contra la ola de detenciones desatada por el régimen sandinistas en las últimas tres semanas, en las que los rivales de Ortega han sido detenidos por distintos motivos. En el caso de Cristiana Chamorro por un supuesto caso de lavado de dinero a través de la gestión de la F undación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), lo que ha provocado su arresto domiciliario y su inhabilitación; en los casos de Cruz, Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro se ha aplicado la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que prohíbe optar a cargos de elección popular a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas. Una norma, aprobada el pasado mes de diciembre por el Parlamento de mayoría sandinista y conocida popularme como 'Ley Guillotina' cuyo fin es bloquear el camino de los opositores para presentarse a las elecciones del próximo 7 de noviembre, a las que Ortega se presenta para su tercera elección consecutiva.

La reacción de EE.UU. fue seguida por la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha pedido que se aplique la Carta Democrática a Nicaragua. A través de una misiva, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la que «debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En la carta, que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders , de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).