Sánchez se suma a las denuncias de la OEA, EE.UU. y la UE por la detención de la candidata nicaragüense

Este miércoles, tras conocerse la orden de captura contra la precandidata, que fue seguida del allanamiento de su vivienda durante cinco horas, de su arresto domiciliario y la inhabilitación, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado rechazando la inhabilitación de Chamorro.

«Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles , y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral», apunta el texto.

El organismo señala, a su vez, que la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos «son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte».

Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales «deslegitiman el proceso electoral aun antes de la ocurrencia del acto mismo», subraya la OEA, que ya en octubre reclamó al Gobierno de Daniel Ortega que realizara una reforma electoral que permitira la celebración de unas elecciones transparentes y justas. Además de pedir la inmediata liberación de los presos políticos, un centenar, exige poner fin a las tácticas de «intimidación y amedrentamiento contra opositores», así como la restitución de las libertades civiles y políticas, y «reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional» en noviembre de este año. Una observación internacional que no contempla la nueva reforma electoral.

Por su parte, Peter Stano, portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea (SEAE) , denunció en su cuenta de Twitter, que las acciones judiciales contra Chamorro «son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos». E insta a que se libere inmediatamente a la candidata nicaragüense y se «reviertan sin demora las medidas adoptadas contra sus derechos».

Por su parte, y ante la deriva autoritaria de Daniel Ortega, varios eurodiputados, entre los que se encuentran el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani ; la vicepresidenta para Asuntos de América Latina, Dita Charanzova , o el eurodiputado por el PPE, Leopoldo López Gil , han dirigido una carta al Alto Representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , en la que piden que el Servicio de Exteriores de la UE active la claúsula democrática incluida en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica , de la que Nicaragua es parte.

«Es esencial que la Unión Europea, ahora más que nunca, tienda su mano al pueblo nicaragüense y condene de inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso electoral, ante el cual no enviará misión de observación electoral si no cumple con las garantías mínimas para que se lleve a cabo», afirman en la misiva.

Estados Unidos también ha manifestado su repulsa ante el arresto domiciliario y la inhabilitación de Chamorro. «Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas», señala el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price , a través de un comunicado emitido este viernes.

«El arresto de la señora Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales que están a favor de la democracia y medios independientes -continúa Price- . El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de Chamorro en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de oposición . En lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral».

En opinión de Price, las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con elecciones creíbles, por lo que «la región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno».

También este viernes, el Ministerio de Exteriores español ha emitido un comunicado (que tal vez ha sido posible gracias a la ausencia de Pablo Iglesias del Ejecutivo) mostrando su «preocupación» por la detención e inhabilitación de Chamorro y por el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua.

«Estos graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre», señala el texto.

Como los anteriores, Exteriores exige que estas medidas sean «revertidas», poniendo fin de manera inmediata al arresto domiciliario de Chamorro, así como que garantice «el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos».

Hace dos semanas, la Fiscalía de Nicaragua abrió una investigación contra Cristiana Chamorro por la gestión de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro , que dirigió hasta su cierre el pasado mes de febrero, por un presunto delito de lavado de dinero. El proceso llevó a la detención ilegal de dos de sus excolaboradores y a la citación de una treintena de periodistas y directores de medios de comunicación. Este miércoles la precandidata fue detenida e inhabilitada, bajo la acusación de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Chamorro, que esta misma semana se inscribió como precandidata a la presidencia, es hija de la expresidenta Violeta Chamarro , que desalojó del poder en 1990 a Daniel Ortega, quien recuperó el poder en las elecciones de 2006 y que el próximo mes de noviembre se enfrentará a su tercera reelección consecutiva. Para lograrla, durante los últimos meses ha aprobado una serie de leyes que cierran el camino a los candidatos opositores.