Edgardo Pinell: «Ortega ha sembrado el terror en Nicaragua»

Uno de estos últimos es el periodista y profesor universitario Edgardo Pinell, refugiado en España desde el pasado mes de octubre. Por razones de seguridad, prefiere no desvelar el lugar donde reside actualmente. La entrevista tiene lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid pocos minutos antes de que Reporteros Sin Fronteras presente los datos «catastróficos» que coartaron la libertad de expresión en el mundo en 2018.

Pinell, además de profesor universitario y consultor, especializado en Derechos Humanos, era co-presentador de un programa de televisión en Nicaragua, en el que se ocupaba de los análisis políticos. «Cuando la crisis estalla en el país, abordamos el tema sin censura, excepto en los momentos en que eramos desconectados del cable –problemas técnicos, nos decían–. A veces salía la imagen pero no la voz». En muchas ocasiones, afirma, la empresa de comunicación optó por «autocensurarse» para evitar problemas. «El canal nos informó que no iba a confrontar al Gobierno». Vos TV Canal 14, donde se emite su programa, es del grupo empresarial Pellas, uno de los más grandes del país y de Centroamérica.

El periodista empezó a preocuparse cuando uno de sus jefes, el director del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Félix Maradiaga, fue desacreditado, «acusándole de tener vínculos con el narcotráfico y de financiar el Golpe de Estado»; y uno de sus colegas en el canal, Héctor Rosales , fue asaltado en la calle: «Lo único que le hicieron fue golpearle la boca y destruirle la lengua», relata. Durante varios meses no pudo trabajar y hoy vive en el exilio. A Pinell comenzaron a amenazarle en las redes sociales y su familia fue intimidada por las fuerzas de seguridad tras retar a Ortega en directo: «Su presidencia no puede sostenerse sobre más sangre y muerte de los jóvenes de nuestro país», denunció. Salió del país viajando a El Salvador –«lloré cuando cruce la frontera»–, desde donde cogió un avión con destino a Madrid. «No podía ir directamente al aeropuerto de Managua porque allí detienen a la gente alegando que tienen una investigación abierto, aunque no sea así. A algunos les bajan incluso del avión y les llevan a un centro preventivo, que llaman el Chipote , que realmente se ha vuelto un centro de torturas».

Una realidad que el régimen de Ortega niega. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos han registrado más de 400 muertos desde el pasado mes de abril y cientos de detenciones, «el Gobierno de Ortega sostiene que la crisis es consecuencia de un golpe de Estado, y que ninguna de las muertes son de su responsabilidad. Si Nicaragua fuera un país democrático, donde existiera división de poderes, Ortega ya no sería presidente pues se hubiera abierto una investigación desde el poder judicial», sostiene Pinell. «Se hubiera determinado que la responsabilidad política y jurídica de la orden para disparar y utilizar armas de fuego en las protestas era de la Presidencia».

El resultado de la represión fue el éxodo masivo de estudiantes a países como Costa Rica, donde se han refugiado 35.000 nicaragüenses tras el comienzo de las protestas, el pasado 18 de abril. Protestas que se han reducido debido a su ilegalización, por parte del Gobierno, y a las penas por participar en ellas (el pasado mes de noviembre la Fiscalía pedió 21 años para nueve estudiantes, acusados de terroristas).

Pinell califica la situación actual de Nicaragua como «emuy compleja e, incluso, más que grave que la de Venezuela», por las «atrocidades» cometidas durante las protestas:«Hubo infanticidios, familias completas fueron quemadas. Después había actas de defunción en las que se afirmaba que niños de dos años se habían suicidado, para no levantar una investigación de que había sido una bala perdida de la Policía Nacional».

La agudización del conflicto en Venezuela, con la proclamación de Guaidó como presidente, de qué manera estaría influyendo en la crisis nicaragüense.

Muchas voces en el país están alertando de que la aspiración del Gobierno de Ortega, que sabe que si hay unas elecciones muy probablemente no podría sostenerse, estaría empujando hacia un escenario de confrontación interna. Y eso es sumamente grave.

¿Hasta el punto de llegar a una guerra civil?

Nosotros tenemos aún en la memoria los años 80. Estamos viviendo en un contexto de posguerra. Muchos de los paramilitares, documentados durante las protestas, son personas que pertenecían al Ejército Popular Sandinista de los años 80».

¿Qué ha pasado con el diálogo entre la oposición y el Gobierno, en el que la Iglesia actuaba como mediadora?

Se desmontó el diálogo. El diálogo fue una estrategia para el Gobierno, en el momento que estaba más asfixiado. La Iglesia tenía buena intención pero el Gobierno no iba de buena fé para realmente llegar a un acuerdo. Después se oxigenó un poco y tuvo más control a través de la represión violenta y de sembrar el terror... En Nicaragua somos víctimas de lo que ha sembrado el gobierno, el terror. Por eso las marchas se desmontaron, y la gente buscó otras formas seguras de protestar. Un derecho constitucional como es la manifestación fue proscrito. Los empresarios han pedido marchas, la Iglesia católica ha pedido permiso para peregrinaciones en fechas claves, y no han sido permitidas. El Gobierno sigue gestionando este escenario como si se hubiera producido un golpe de Estado, o un acto de terrorismo. El 18 de julio la Asamblea Nacional dictó una ley antiterrorista para criminalizar y judicial las protestas , en las que había personas que han sido condenadas a 30, 40 o 50 años de prisión. Estudiantes que tenían muchas esperanzas y proyectos han visto su vida truncada.

La oposición y la ciudadanía exigen un adelanto de las elecciones para desalojar a Ortega del poder, ¿cree que se van a producir?

La posición del Gobierno es mantenerse hasta el 2021. Aunque no creo que aguante, ni el Gobierno ni la economía. A diferencia de Venezuela, que vive una debacle económica, en Nicaragua todavía no hemos llegado a esos niveles de desabastecimiento, pero ya está tenido un efecto muy fuerte en la economía . La clase media está siendo destruida. Para el presidente Ortega el adelanto sería fatal. Él salió del poder, en 1990, por un anticipo de elecciones. Hay fórmulas para adelantar los comicios, como se hizo ya entonces, pero como le pasó un factura muy grande, pues ganó Violenta Chamorro (1990-1997), creo que Ortega no quiere revivir su propia historia personal. Sin embargo, sectores responsables como la Iglesia católica está haciendo llamamientos para encontra una salida constitucional. En un determinado momento se llegó a decir, por represenantes del propio Gobierno, que estaban dispuestos a ceder todo cuando las protestas estaban en su mayor auge. Posteriormente optaron por la represión, y echaron para atrás, y prácticamente no está dispuestos a regresar a un diálogo que lleve a elecciones.

El arrinconamiento del régimen de Maduro, el cambio de Gobierno en El Salvador, con la llegada de la derecha... son factores que pueden llevar a Ortega a encastillarse en el poder.

Hace tiempo que el Gobierno ha dejado de actuar de manera racional y ahora se aferra al poder pensando que están en el mismo escenario que en los años 80. Y no están viendo que estamos en un contexto completamente distinto. Nicaragua tuvo bonanza por esa cooperación petrolera, que no entró en los presupuestos públicos sino en los presupuestos particulares de ellos, y ahora, a diferencia de los años 80, tienen mucho que perder, materialmente y económicamente. Como partido y como persona se han enriquecido mucho. Con lo que tienen, lo normal es que intentaran negocia, pero prefieren aferrarse al poder para no perderlo todo. Eso es muy grave para un escenario en el que se están volviendo abrir las heridas de una división en Nicaragua y que puede llevar a una confrontación interna. Y a diferencia de los años 80, la gran pregunta es ¿quién va a armar a la oposición? Porque con la ley de control de armas que hay en el país prácticamente todos los civiles estamos desarmados. Y las armas de alto calibre solo debería tenerlas la Policía, pero recientemene el director de la Policía –que es consuegro de Ortega– dijo que todos los paramilitares [que manejaron armas pesadas durante las protestas] son policías encubiertos, legitimando su actuación.

Recientemente ha trascendido un vídeo en el se escucha a la exministra de la Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmando que la inteligencia del Ejército está trabajando en los barrios para identificar a los opositores...

Sí ha salido vídeo de la exministra de la Gobernación , en el que dice que los militantes del Frente Sandinista deben colaborar con la inteligencia de la Policía y del Ejército en las acciones de inteligencia y contrainteligencia contra los opositores. Cuando el espionaje político está prohibido, porque fue una práctica de los años 80. El Ejército salió a desmentirlo, pero hay altas sospechas de que se está produciendo. Hasta el punto de que ciertas compañías de telefonía móvil no son confiables, y la gente prefiere no utilizarlas. Lamentablemente estamos repitiendo la historia de Nicaragua. Pero es cierto, que lo que está sucediendo en Venezuela está opacando lo que ocurre en mi país. Y el interés por Nicaragua no puede sostenerse sobre más sangre. Lo que ha sucedido es suficiente para que España y la Unión Europea se interesen en lo que está sucediendo.

Parece que se está repitiendo la historia en Nicaragua...

La generación que vivió la guerra de los 80 está destruyendo a la generación de la posguerra que pensaba no volver a vivir y repetir la historia. Pero lo que nos llevó a repetirla es que en Nicaragua no hubo un proceso de verdad, justicia y reparación de los años 80. Eso es quizá lo más emblemático que debería haber ahora. Que es crudo hablar de verdad y reparación, sí, pero no haberlo hecho de manera seria y responsable tendrá un costo de repetición . Pero en el Gobierno no hay sensibilidad para reconocer siquiera los 400 muertos por las protestas de ahora. Solo defienden una sola parte de la verdad, que ellos no tienen ninguna responsabilidad, y sobre ese escenario galopa la impunidad. Ya tenemos el ejemplo del exmagistrado Rafael Solís, que salió al exilio, que dice que el presidente de la República tiene el control del poder judicial. Y lo que sabemos todos en Nicaragua es que no hay separación de poderes. Estamos viviendo una nueva dictadura.

¿Imaginaba que las protestas que comenzaron por una reforma de la seguridad social por parte del Gobierno desembocarían en esto?

Había un malestar cada vez mayor, sobre todo, por el tema de la corrupción, y porque se le estaban cerrando las puertas a las nuevas generaciones con el tema del aval político. Un aval expreso del secretario político del Frene Sandinista para optar a cualquier plaza del Gobierno. Cualquier empresa privada no corre el riesgo de contratar a un trabajador que haya sido tachado de opositor. Había una gran presión sobre la clase media, sobre los nuevos profesionales que no querían sufrir el yugo de la segregación político-ideológica para encontrar trabajo. Esto empeoró cuando una injusticia tan abierta al reformar la seguridad social poniendo la carga de la financiación, debido a la corrupción, a los afiliados ancianos. Y cuando ellos salieron a las calles a protestar fueron vapuleados por grupos pro-gobierno. Esto fue lo que generó una gran solidaridad por parte de muchos jóvenes de la universidad, que cuando fueron a apoyarlos recibieron más represión. En lugar de golpes, recibieron balas. Nosostros siempre pensamos que el Gobierno lo iba a gestionar de una manera más inteligente. Que desde el primer muerto se iba a detener. El presidente intentó revertir la reforma pero continuó la escalada de protestas y de violencia. El Gobierno no tuvo la claridad y la madurez de detener la escalada de violencia, hasta aplacar las protestas. Y pensó que por un triunfo de sangre y muerte iba a mantener su Gobierno. Este escenario permitió demostrar la verdadera cara de la dictadura. Ellos pensaban que con la bonanza económica ibamos a aguantarla. Lo chocante es que muchas de las víctimas son hijos y nietos de líderes revolucionarios sandinistas que lucharon contra una dictadura. Y que pensaban que nunca iba a correr más sangre ni iba a haber más cárcel y exilio para lograr la libertad en Nicaragua.