Edel González: «A muchos altos funcionarios del Gobierno cubano les duele la represión contra la disidencia»

La presentación la ha completado la participación del jurista cubano Edel González Jiménez , expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba , que, consciente de los problemas que presenta el sistema penal cubano, aboga por un diálogo nacional entre los distintos estamentos del país que permita «migrar hacia cambios más acordes con las necesidades de derechos humanos en la isla».

González Jiménez no duda en afirmar que el obstáculo principal para que esto se produzcan es el «miedo» que durante décadas se ha instaurado en todos los niveles de la sociedad cubana a la hora de reclamar al régimen cualquier pequeño avance en derechos y libertades fundamentales. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», reflexiona durante una entrevista con ABC.

El jurista cubano, que actualmente está ampliando su formación en Perú y realizando una investigación «sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba», ha hablado esta mañana en Madrid sobre los derechos humanos en la isla así como del diálogo como motor de cambio. Durante la conversación con este periódico ha mostrado su preocupación ante la deriva a la que puede llevar el aumento de la presión externa –por parte de EE.UU– y de la confrontación interna entre el Gobierno y las voces disidentes en la isla, lo que puede desembocar en una mayor represión . Comparte con ABC algunas de las medidas que cree contribuirían a mejorar la situación social en su país, así como a aumentar el respeto por los derechos humanos. Muy consciente de que su pronunciamiento público sobre este tema puede tener serias repercusiones para él, a nivel personal y profesional, e incluso suponerle la prohibición de volver a entrar en Cuba, espera que este paso al frente que da sea seguido por otros muchos.

También quiere dejar claro que no es un disidente «ni un opositor». «Nunca he tenido ningún tipo de vínculo con esas organizaciones, ni siquiera las conozco». González Jiménez se califica a sí mismo «como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, aunque es lento», admite. «Tengo la convicción de que la nueva Constitución da pie para que se produzca una serie de normas jurídicas que tiendan a elevar la libertad de los cubanos. Si bien no se refleja en ella de manera expresa que ciertos derechos fundamentales del ser humano puedan ser alcanzados en Cuba, esto es, que tengan un respaldo jurídico, la producción normativa inferior sí puede hacerlo», asevera.

Mientras se logra esto, Cuba, con 90.000 presos, es la mayor cárcel del mundo. A usted, como jurista, ¿esto le parece justo?

No es justo que ningún país tenga 90.000 presos, pero lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás de esta cifra. En casi todos los países sudamericanos tienen menor número de presos, sin embargo, la inseguridad del ciudadano se respira hasta el punto de que tienen miedo de la policía porque hay una alta delicuencia y las estructuras policiales, que deben defender esa garantía de la seguridad del ciudadano, se mezclan mucho con la delincuencia. En esos países hay bajos índices de presos, pero altos índices de corrupción e impunidad. Desde ese punto de vista, esos 90.000 presos en Cuba demuestran que existe una alta seguridad jurídica en la isla. Otra cosa es que dentro de esa cifra se encuentre un número de personas injustamente encarceladas, a las que se les puede aplicar otro tipo de sanciones, o también, inclusive, que el sistema debería despenalizar algunas figuras jurídicas en vistas a otorgar más libertad... Ahí sí le digo que el sistema jurídico cubano tiene que trabajar y también el sistema carcelario.

Durante décadas, el Gobierno cubano ha utilizado como excusa su lucha contra la delicuencia para justificar la detención y encarcelamiento de opositores y disidentes. Tenemos como ejemplo las condenas predelictivas, por las que se detiene a personas que pueden ser peligrosas en un futuro. Esto es una clara vulneración de sus derechos...

Cuba defiende esa figura jurídica. La sociedad debe protegerse ya sea por delitos o por conductas que le sean lesivas y puedan constituir el día de mañana un delito. Los juristas en Cuba hemos tratado, a partir de proyectos de reforma legislativas, de proponer abiertamente que esa figura desaparezca de la ley de procedimiento penal porque realmente es una figura retrógrada. Estamos hablando de algo instituido por un sistema más totalitario. También hemos abogado de que en materia de procedimiento tenga más garantía de derechos el presunto asegurado. Y realmente no se nos ha permitido a los juristas que en el código penal en las propuestas de variantes esa figura desaparezca. Por experiencia personal pude conocer que, cuando entraba a fondo en materia probatoria para determinar la culpabilidad de esa conducta antisocial, en muchas ocasiones se falsificaba o adulteraba la información.

Un ejemplo de falsificación de información es el caso del disidente José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre, y al que se le acusa de un presunto delito de secuestro y lesiones apoyado en pruebas falsas, según testigos y la ONG Prisoners Defenders.

Pude acceder a todas las pruebas, y verdaderamente es un reto grande para el tribunal de Cuba si es capaz de mostrarse independiente a la hora de valorar las pruebas que presenta la acusación frente a las que él [Ferer] tiene a su favor. Si lo hace así, Ferrer tiene altas probabilidades de salir absuelto.

De momento, Ferrer no cuenta siquiera con un abogado...

No tiene abogado porque no ha querido. Existen bufetes colectivos. Lo que sucede es que la disidencia y los opositores en Cuba creen que el cuerpo de abogados en la isla está subordinado a los intereses del Partido Comunista y a los de la Seguridad del Estado, y que cualquier ejercicio de defensa de un abogado lo que va hacer es culpabilizarlo más. Los disidentes deben apartarse de ese pensamiento porque existen muchos abogados profesionales que no están subordinados. Aunque constituye un reto ejercer con toda libertad.

¿Hay justicia independiente en Cuba?

Hay una justicia independiente para muchas cosas..., sobre todo en materia de delitos comunes. Ya cuando el caso adquiere una relevancia política, como es el caso de José Daniel Ferrer, no se interfiere tal vez de manera directa sobre la justicia, pero el propio miedo que tienen los miembros de ella –abogados, fiscales, jueces– a que una decisión sea favorable hacia un disidente o hacia un opositor priva de toda la capacidad de racionalidad y de todo el ejercicio de competencia que puede tener la persona que debe tomar la decisión.

¿Está hablando de autocensura de la propia justicia por miedo a molestar al poder?

Sí, lo que actualmente está impactando más en la población en Cuba es la autocensura que los cubanos nos imponemos. Preferimos la comodidad, el no tener ningún tipo de conflicto con los agentes de la Seguridad del Estado o con los agentes del partido, que propiciar la justicia que debe producirse por los cauces normales. Ese es un problema hoy en Cuba que hay que resolver. Hay que hacer un llamamiento a los juristas en Cuba y a todos las personas vinculadas con el derecho de que no se autocensuren, que no tengan temor porque, inclusive, la propia Constitución y las propias leyes orgánicas que reglan esas instituciones les exigen que como primer valor lo que se debe conseguir es la justicia. Pero el miedo está instituido. La Seguridad del Estado tiene mucho peso, de manera que cuando no se favorecen sus intereses en una decisión judicial o administrativa, entonces puede reaccionar de manera negativa contra las personas que han tomado esas decisiones utilizando mecanismos alternativos que pueden provocar que esas personas pierdan credibilidad ante la misma institución, o que les investiguen buscando faltas éticas. Esa información después se hace llegar a la estructura de dirección de esos organismos, y esa persona puede perder su trabajo o ser trasladado. Esas consecuencias colaterales son las que hacen que todavía la sociedad cubana se desprenda de sus compromisos por miedo a la probable represión posterior que puede surgir cuando hace un acto de justicia. Nosotros tenemos que ser capaces de borrar ese miedo del escenario cubano. De esta manera los jueces, los fiscales, los abogados y todas las personas que tienen que defender los derechos en Cuba cometerían menos errores.

¿Y cómo se puede erradicar ese miedo?

Primero tendría que partir de una voluntad política, que tiene que reunirse con los jueces, con los fiscales y los abogados para decirles que su misión es conseguir la justicia, bajo cualquier circunstancia. Y, por otro lado, frenar las reacciones libertarias que tienen los oficiales de la Seguridad del Estado. Decirles que cada vez que la justicia toma una decisión ellos no pueden acudir contra las autoridades que estuvieron involucradas en ella. Eso es lo que provoca la violación de derechos. Y es por esto que constantemente la justicia cubana está siendo acusada en organizaciones internacionales de DD.HH. Nosotros, los juristas, debemos gestionar este tema y hablarlo en nuestros congresos sin miedo; transparentárselo a la dirección del país, para que esta sepa lo que esta sucediendo. Una mala decisión de la justicia también coloca a la dirección del Estado en una mala posición a nivel internacional.

¿Realmente le preocupa al régimen cubano su imagen a nivel internacional? Cada acusación que recibe es desmentida, y asegura que no hay presos políticos en Cuba, cuando diversas ONGs reconocen a 126 presos políticos. ¿Usted también cree que no hay presos políticos en su país?

Según el gobierno no hay presos políticos. Ciertamente toda aquella persona que es encarcelada, reprimida, perseguida porque tenga un pensamiento político, aunque el delito que se le tipifique no sea propiamente político sino común, como desacato, resistencia, desobediencia, o delito de lesiones, que se pueda establecer como es el caso de José Daniel Ferrer, no podemos ser tontos, evidentemente obedece a unas posiciones políticas de enfrentamiento. No a una posición de delito común. En ese sentido, el número de personas que está siendo detenido o cumple penas de prisión debe ser sometido a un proceso de revisión judicial ante una comisión u órgano judicial al que se le dé toda la confianza para que revise los 126 casos. Una confianza que le permita decir que hay irracionalidad, que ese desacato obedece a que esa persona se manifestó, y en el caso de Ferrer se le dé la libertad. Y que la actuación de la policía estuvo de más, porque manifestarse es un derecho cívico de cualquier persona.

Pero los agentes de seguridad y de la policía que hostigan a la oposición con constantes allanamientos y detenciones arbitrarias obedecen órdenes que vienen de mucho más arriba...

Yo diría que hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia y a la oposición cubana. Pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales que desembocan en el enfrentamiento. No solo la culpa está arriba a la hora de trazar directrices para evitar que fructifique alguna organización que abiertamente cuestione el régimen. Hay muchos oficiales de la Seguridad del Estado que a nivel local actúan para recibir un halago. En la rendición de cuentas de los Tribunales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 2017, tuvimos una reunión previa con el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, que era secretario del presidente de la República en aquella época. Hoy es secretario de la Asamblea Nacional y secretario del Consejo de Estado, los máximos órganos de poderes instituidos por el Estado. Aquel día, Acosta nos dio a todos los jueces del país la orientación, de parte del compañero Raúl Castro, de que no debíamos temer ni ser influenciados por el Ministerio del Interior ni por cualquier agente externo en materia de justicia. Pero el problema es que la autocensura que tenemos los cubanos por ese miedo que gravita por encima de nuestras cabezas, y que se viene arrastrando desde hace años, nos ha impedido que seamos todo lo eficaces y exigentes para que en Cuba haya justicia en materia de ciertos derechos humanos. Yo quiero que se entienda esto, porque se ha hablado mucho sobre las orientaciones que vienen de arriba sobre el sistema judicial, que debemos plegarnos a ellas. Yo viví casos en los que tuve que juzgar a disidentes por delitos de desacato, resistencia e, incluso, de atentado. En aquellos momentos, yo no tenía la vocación de decir que ese arresto tenía como base una ilegalidad, en la que debía haber habido una sentencia absolutoria. Hoy, yo me arrepiento de no haber tenido esa visión y habérsela transmitido a los jueces. Pero no fue por haber recibido una orientación.

Entonces, ¿usted reconoce haber sido injusto en algunos procedimientos?

Yo tenía que coordinar la política y la justicia en una provincia, y me hago responsable, junto a algunos jueces, de algunos actos de injusticia contra algunas de esas personas que hoy están en esa lista. Lo tengo que asumir honestamente. Y si pudiera transmitírselo a mis compañeros, como lo estoy haciendo aquí ahora, lo haría con confianza y sin ningún tipo de temor.

¿Ve en el Gobierno cubano disposición para mejorar la situación en materia de DD.HH.?

Estamos llamados a eso. Pero la Seguridad del Estado o los órganos de inteligencia de Cuba yo creo que van por un camino, y las estructuras que tienen que ver con el proceso de garantizar esos DD.HH. vamos por otro. Si todos nosotros, los que tenemos en nuestras manos gestionar mejores leyes, mejores procedimientos, mayor justicia para dar calidad de vida a los ciudadanos cubanos, si todos nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en que eso tiene que ser un objetivo a conseguir, yo creo que Cuba está en condiciones de avanzar en materia de DD.HH.

Lo que domina Cuba hoy es la cultura del terror...

Hay miedo a tomar cualquier decisión que vaya en contra de los intereses del partido, de la Seguridad del Estado, que son los que respaldan esa voluntad política del partido Comunista. Eso frena todas las capacidad personales, profesionales y humanas para darle al ciudadano más libertades y más derechos. También es cierto que en Cuba hay mucho miedo a transparentar este tipo de temas. Algo que añoramos infinidad de abogados, fiscales y jueces, con los que he compartido labores durante 17 años. Este tipo de cosas se encuentran paralizadas hasta que alguien dé el paso. Mientras tanto seguiremos en el subdesarrollo en materia de DD.HH.

Usted está dando un paso adelante exponiendo este problema de manera pública y ante medios internacionales, ¿cuál es su siguiente paso, o su hoja de ruta?

Nunca ha sido mi objetivo abandonar el país, tengo muchos intereses en Cuba, es la patria donde nací, donde me hice profesional y un ser humano, donde cometí errores pero también aprendí mucho. Mi intención es volver al sector de la justicia, de ser posible al sector judicial para cumplir con los objetivos que me planteé como profesional. Yo no quiero vivir fuera de Cuba, ni desarrollar ningún tipo de actividad disidente u opositora porque soy de los convencidos de que hoy están creadas las condiciones para que en Cuba se den pasos mucho más acelerados de como se están dando en materia de DD.HH. Tiene que ser además un proceso interno, porque los cubanos nunca vamos a permitir que venga alguien de fuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de DD.HH. Nos podrán sugerir, ayudar, colaborar o asesorar... Cuando hay un grupo disidente que no reconoce el modelo de Estado, que ha reconocido el pueblo durante 61 años, se produce un enfrentamiento que tiene una base ideológica y que provoca que se frene cualquier actitud de cambio dentro del país.

¿Dentro de Cuba cuenta con gente que apoye estos cambios?

Sí, muchísimos profesionales del derecho, políticos, personas dentro del gobierno... El tema de los DD.HH. es un tema muy debatido entre nosotros los cubanos. Y somos del criterio de que tienen que existir ciertas libertades para que Cuba salga del estado de subdesarrollo en que se encuentra hoy. Incluso para tener más aliados internacionales, y que salga de la presión que el Gobierno de EE.UU. ha establecido sobre Cuba. Todas estas personas están de acuerdo en que se deben dar esos pasos, pero hace falta alguien de la estructura del Estado, del más alto nivel, que les diga vamos a darlo...

¿Existe esa persona?

Yo diría que sí. Al propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, por muchas críticas que reciba –todavía está influenciado por el pasado y se subordina a los intereses del partido–, cuando yo le conocí no le gustaba el tema de la violación de DD.HH. Y era partidario de que en algunos temas había que liberar a los cubanos, como en materia económica, desde el punto de vista de un emprendimiento que permitiera desarrollar la economía familiar, o también la regional e incluso nacional, como un elemento complementario de la empresa estatal. Pero hay normativas internas de carácter restrictivo que impiden que esa voluntad política que viene de arriba se materialice. Y eso tiene como consecuencia que el desarrollo de las libertades económicas y del ciudadano no avancen. Otro problema es que no existe una jurisdicción donde el ciudadano pueda acudir para resolver ese perjuicio. Hoy Cuba, en materia de procedimientos que amparen y escuchen al ciudadano que ve afectados sus derechos fundamentales no existe. Este es otro tema que deben plantearse los juristas. Entonces, ¿quién resuelve esas contradicciones que existen entre los derechos incluidos en la Constitución pero que son violados por alguna norma de rango inferior? No hay un tribunal que garantice que se respeten esos derechos. Creo que el tema de los DD.HH. hay que debatirlo en profundidad, algo que no está previsto, por ejemplo, en el cronograma de nuevas normas legislativas que deben aprobarse en los próximos años. Se han planteado veinte problemáticas que tiene el cubano hoy, pero nada relativo a los DD.HH. También debería convocarse un proceso nacional consultivo para que todo el mundo participe y se llegue a un consenso sobre los derechos fundamentales que recoge la Constitución, y cuáles son las normas inferiores que van a garantizar esos derechos, así como cuáles son las garantías judiciales para que no se violen. Y si se violan, que se abra un proceso de restitución. Este es un tema que nunca se ha abierto en Cuba por el temor a la palabra derechos humanos. Es un tabú del que todo el mundo tiene miedo a hablar en Cuba, especialmente entre los técnicos del gobierno. Y aunque tenemos muchos derechos sociales en la isla –salud, deporte, educación...–, hay otros muchos que están limitados, como el de la libertad de expresión o el de asociación pacífica, que hay que abrirlos. Dando esos pequeños pasos en una primera etapa, de aquí a dos o tres años podríamos plantearnos saltos más profundos.

Raúl Castro, como primer secretario del partido Comunista de Cuba, sigue siendo el hombre fuerte del régimen, ¿qué papel jugaría en todo esto?

Él, junto al partido es quien traza los lineamientos generales del país. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen la facultad de cuestionar esa voluntad política, aunque el miedo también gravita sobre ellos. Pero vuelvo a insistir en que Raúl Castro ha anunciado e indicado que estos diputados y todos los funcionarios del gobierno no tengan temor.

¿Y no cree que podría ser una hipocresía dicha postura?

No puedo asegurar ni lo uno ni lo contrario, porque nosotros no nos atrevemos a utilizar esa libertad que nos está otorgando.

¿ Y la sociedad civil cubana?

En Cuba, la sociedad civil no admite ninguna participación de organizaciones opositoras o disidentes. Eso ya es una limitación. Por eso, en este proceso de debate inclusivo jugaría un papel importante la Federación de Mujeres cubanas (reúne a más de 4 millones de mujeres) a la hora de introducirlos. En Cuba, donde hay un gran empoderamiento de la mujer, hay un gran problema que es el éxodo de jóvenes que abandonan sus familias buscando prosperidad. Después muchos de ellos, que expresan alguna opinión contraria al régimen en el exterior, no pueden regresar al país. Este es un tema que debería planteárselo la Federación de Mujeres porque es algo que vulnera el derecho familiar. Algo parecido sucede con los médicos de las misiones que deciden salirse del programa -principalmente por problemas económicos-, pro lo que no pueden volver al país durante varios años. Esa ruptura con el Estado debería tratarse desde el derecho administrativo o laboral, y no suponer implicaciones políticas para esas personas. Al impedírseles regresar provocan que los derechos de sus familiares en la isla, que dependen económicamente de ellos, sean lacerados. El tema de la prohibición de la entrada de los médicos se está debatiendo mucho en Cuba y está causando un gran daño a las mujeres cubanas porque les está afectando en sus derechos familiares, que se confunden con los derechos y las libertades políticas. Esto está deslegitimando al Estado y aumentando su ineficacia, porque está desmoralizando a los ciudadanos cubanos.

Quien puede exponer y debatir estos temas de manera pública es la Federación de Mujeres cubanas. Las mujeres son las que sufren los problemas económicos, las que ven cómo detienen y encarcelan a sus hijos por opinar... Desde dentro, son ellas las que pueden poner en marcha este proceso de concienciación y debate para aunar toda la diversidad de intereses e impulsar la mejora de los derechos humanos en Cuba. Yo pondría mi confianza en ellas, sin dejar fuera, claro está, a la opinión disidente ni a la de los emigrantes, que son ya más de tres millones.

¿Le preocupa cómo puede ser recibido e interpretado su mensaje por el régimen?

Tengo mucho miedo. Miedo de que lo malinterprete el sistema político, el de justicia, al que pertenezco, y en el que tengo a compañeros valiosos. Pero creo que lo estoy haciendo de corazón. En este momento no tengo ni un peso, ni garantía de nada. No soy disidente, ni opositor. Estoy haciendo esto porque estoy viendo que la confrontación entre ciudadanos y el Estado está creciendo en Cuba. La gente está perdiendo el temor, se está enfrentado y transparentando fallas del sistema. Y no veo que haya una reacción en Cuba a ser condescendiente para aceptar que existen estos fallos. Eso, cada día que pasa, entra en una zona de riesgo y de una confrontación mayor. Y no me gustaría ver un día en mi país un ejército o una policía especializada tirando gases lacrimógenos y reprimiendo a la población. Estamos a tiempo de llegar a un consenso de cómo Cuba debe funcionar para evitar esa situación.

¿Lo ve posible?

Tengo mucha fe y esperanza. Conozco inmensidad de cuadros políticos del partido y del gobierno porque he tenido la oportunidad de estar en toda Cuba en los 17 años de mi actividad judicial. Conozco a muchísimos profesionales que desean que haya en materia de derechos humanos un proceso de avance. Que dejemos atrás el miedo y el estancamiento. Cuando este mensaje llegue, espero que esa voluntad se transparente, si la censura no me coarta. Creo que vamos a prosperar. La gente se ha hecho una idea de que todos los funcionarios del partido son extremistas y quieren acabar con la disidencia, y no es así. Hay una parte de la militancia que no está de acuerdo con la manera en que se reprime a la disidencia. Otra cosa es que no lo digan. A una gran cantidad de altos funcionarios del gobierno le duele esta manera de represión. No se atreven a opinar por miedo, pero si se gestiona, por el mismo Estado, para que se dé un paso hacia adelante en estos temas, usted va a ver cómo Cuba se va a abrir y vamos a avanzar inconmesurablemente hacia un estadio superior de derechos humanos.

¿Cuenta con algún apoyo internacional para sacar adelante su propuesta de cambios?

Sí, numerosos eurodiputados, políticos y empresarios europeos, la ONG Prisoners Defenders, también Civil Rights Defenders, que es una organización sueca. También estamos en conversaciones con la Fundación Euroamérica, de Ramón Jáuregui, muy interesados en el avance de los derechos humanos y económicos en Cuba.