«Si van a tratar de detenerme, entonces bien. ¿Preferirían que declarara la ley marcial?» aseguró Duterte.
«Por favor, no creen una confrontación, una guerra constitucional, todos vamos a perder» , añadió.
El domingo, el presidente filipino, apodado «el Castigador » hacía pública una lista de más de 150 jueces, políticos, policías y militares presuntamente implicados en el tráfico de drogas. La difusión fue criticada por la presidenta de la Corte Suprema, María Lourdes Sereno. Sobre todo, ante los errores de bulto ( uno de los mencionados en la lista, el juez Roberto Navidad, fue asesinado hace ocho años ).
Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte.
«Si te resistes, muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado . ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», había aseverado tras conocer su victoria.
«Voy a pedir al Congreso la vuelta de las ejecuciones por ahorcamiento», anunciaba el dirigente en rueda de prensa en su confirmación como mandatario, con su intención de reintroducir la pena capital en el país asiático (abolida en 2006).
Las futuras medidas han dividido Filipinas, donde más del 85% de la población profesa el cristianismo. «Estamos en contra de la pena de muerte y los escuadrones de la muerte», reconocía a ABC Ramón Cabrera Argüelles, arzobispo de la ciudad de Lipa, en la isla de Luzón.
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