La salvaje Filipinas de Rodrigo Duterte

Duterte, quien inicia su periodo presidencial de seis años el próximo 30 de junio, aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. «Voy a pedir al Congreso la vuelta de las ejecuciones por ahorcamiento», anunciaba Duterte en rueda de prensa tras su confirmación como mandatario, con su intención de reintroducir la pena capital en el país asiático (abolida en 2006).

Las futuras medidas han dividido Filipinas, donde más del 85% de la población profesa el cristianismo. «Estamos en contra de la pena de muerte y los escuadrones de la muerte», asegura a ABC Ramón Cabrera Argüelles, arzobispo de la ciudad de Lipa , en la isla de Luzón.

El líder religioso muestra a este diario, incluso, su disposición a ofrecerse como «voluntario» para reemplazar a aquellos criminales condenados y cita el ejemplo de Maximiliano Kolbe, franciscano polaco, que dio su vida por otro preso en el campo de concentración de Auschwitz. «Estoy dispuesto a ofrecer mi vida a cambio de ellos», asevera.

Sin embargo, las reprobaciones a la política de Duterte no solo se suceden desde el terreno moral.

«Si el Gobierno (de Manila) retoma la pena de muerte estará violando la ley internacional», asevera Jose Manuel I. Diokno, decano de la facultad de derecho de la universidad De La Salle y presidente del Grupo de Asistencia Legal Gratuita (FLAG).

En este sentido, el experto recuerda las peculiaridades económicas de aquellos afectados en el pasado por la pena capital. Por ejemplo, el 73% de los 1.121 presos en el corredor de la muerte en Filipinas hasta su abolición en 2006 contaba con unos ingresos inferiores a los 10.000 pesos (cerca de 192 euros) mensuales.

«La pena de muerte y la política de "disparar a matar" abaratan la vida humana», destaca Diokno,

Aquí recuerda la jurisprudencia sentada en el histórico caso del preso Efren Mateo, en el que Tribunal Supremo reveló en 2004 que el 71% de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales de primera instancia se impusieron injustamente.

Para FLAG, la organización presidida por el decano de la universidad De La Salle, «los pobres son vulnerables a la pena de muerte, ya que no tienen voz, ni dinero, ni poder, y carecen de los recursos para contratar buenos abogados. Exactamente por las mismas razones, también serán vulnerables a la política propuesta “disparar a matar” del presidente electo».

Mientras, Duterte continúa edificando su presidencia con los cimientos de la violencia y el miedo.

«No me llaméis señor presidente. Llamadme alcalde de Filipinas», aseguraba al poco de conocerse su victoria en los comicios.

La petición de Duterte sobre su nuevo tratamiento como «alcalde» (y no el lógico de «presidente») tampoco es casual. Antiguo líder de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. Un liderazgo que le valió el apelativo de «El Castigador» (Human Rights Watch estima en más de un millar los muertos en Davao desde finales de los años 90 por aparentes «escuadrones de la muerte»).

«No dude en contactar con nosotros, la policía, o hágalo usted mismo si dispone del arma -tiene mi apoyo», aconseja Duterte a su población sobre cómo enfrentarse a los presuntos criminales en su «salvaje» Filipinas.