Los demócratas ponen en marcha la mayor amnistía de indocumentados

La propuesta lleva por nombre « Ley de ciudadanía de EE.UU. de 2021 » y la presentaron ayer el senador Bob Menéndez y la diputada Linda Sánchez, ambos demócratas. Además de una serie de ambiciosas reformas al sistema de entrada, residencia y trabajo, incluye cambios terminológicos y prescinde de las palabras ‘extranjeros ilegales’ (en inglés, ‘illegal aliens’), cambiadas por ‘no ciudadanos’ (’non citizens’). Según dijo el senador Menéndez, él mismo descendiente de inmigrantes, «tenemos el imperativo económico y moral de aprobar una reforma migratoria ambiciosa, e incluso audaz». Menéndez describió los años de Trump en materia migratoria como «un horroroso espectáculo de odio».

La propuesta es un calco de las promesas de Biden en campaña. El proceso ahora es como sigue: las dos cámaras del Capitolio tramitan la ley, la aprueban y la envían a Biden para que la ratifique. Por eso es tan importante que el mismo partido controle la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.

Los demócratas ya lograron aprobar la reforma sanitaria de Barack Obama (‘Obamacare’) cuando se hallaban en la misma situación en 2010. En teoría los republicanos podrían bloquearla ‘sine die’ al prolongar el debate eternamente, algo que se conoce como ‘filibusterismo’, pero los demócratas tienen recursos parar sortear ese boicot y forzar el voto por mayoría simple. Eso sí, se requiere que todos los demócratas voten en el mismo sentido, algo que no está seguro, pues muchos consideran la ley una amnistía en toda regla.

La última amnistía tuvo lugar hace 35 años y la aprobó Ronald Reagan , quien legalizó a tres millones de indocumentados que entonces había en EE.UU. Hoy esa cifra es de 11 millones, y se mantiene estable desde hace aproximadamente una década.

La propuesta de ley les permitirá obtener la residencia legal a quienes se hallaran en EE.UU. sin visado en regla antes del 1 de enero de 2021. En general tendrán el permiso de residencia (‘green card’) ocho años antes de poder optar a la ciudadanía.

Hay excepciones. Los trabajadores del campo, los colectivos protegidos por persecución en su país y los que llegaron a EE.UU. siendo menores de edad (los llamados ‘dreamers’) podrían optar a la ciudadanía tras solo tres años. El plazo reglado para quienes logran la residencia permanente por vías legales es de cinco años.

Para el senador republicano Marco Rubio este plan es inaceptable. «Antes de ocuparnos de temas migratorios, debemos lidiar con la pandemia de Covid-19, debemos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de encontrar un buen trabajo y enfrentar la amenaza que representa China. EE.UU. siempre debería darle la bienvenida a los inmigrantes que quieran convertirse en americanos. Pero necesitamos leyes que decidan quién y cuántas personas pueden venir a este país, esas leyes deben ser seguidas y hacerse cumplir. Hay muchos problemas en los que creo podemos trabajar en cooperación con el presidente electo Biden, pero una amnistía generalizada para las personas que están aquí ilegalmente no va a ser uno de ellos», dijo el senador.

A Biden le queda por decidir si otorga a los venezolanos el estatus de colectivo protegido , algo que les permitiría a los huidos del régimen chavista beneficiarse de estas reformas. Los republicanos han apoyado la idea de ampliar a esa nacionalidad las protecciones de asilo y Trump la estuvo estudiando, pero tras frenar las deportaciones de venezolanos en sus últimas horas en el cargo, no tomó una decisión firme. Muchos de esos venezolanos se encuentran con que sus pasaportes han caducado pero el régimen de Nicolás Maduro les impide el regreso y la renovación de sus papeles.

Los demócratas ya intentaron aprobar una reforma migratoria en 2013, bajo la tutela de Obama, y el Senado, donde eran mayoría entonces, la aprobó. Pero después el proyecto de ley murió en la Cámara de Representantes. A partir de 2017, Trump centró su política migratoria en la disuasión en la frontera: devoluciones en caliente, separación de familias y construcción del muro fronterizo.

En sus primeras dos semanas en la presidencia, Biden firmó nueve decretos relacionados con la reforma migratoria para deshacer el legado de Trump. Horas después de jurar el cargo, el 20 de enero, el nuevo presidente ya ordenó una paralización de la construcción del muro con México, el gran proyecto de la era Trump. De hecho, el último acto público del expresidente en ejercicio de su cargo fue viajar a Texas para conmemorar la ampliación de ese mismo muro.

En su primer día en el cargo, Biden también ordenó paralizar la deportaciones de indocumentados nacidos en EE.UU. (los mencionados ‘dreamers’) y ordenó que el censo, que se hace cada 10 años, incluya a las personas sin papeles en sus cómputos.

Crucial para los planes migratorios de Biden es Alejandro Mayorkas, su secretario de Seguridad Nacional, un cargo cuyo ocupante supervisa la política migratoria. Mayorkas es el primer hispano en esta cartera y ha sido nombrado por Biden para coordinar el equipo que se encargará de enmendar la política de reunificación familiar.

Al abandonar el cargo, Trump había separado a unos 5.500 niños sin papeles de sus padres, según estimaciones que surgen de sumar las distintas denuncias puestas por activistas y damnificados a lo largo de los años.

De esos 5.500 quedan unos 600 menores a cuyos padres, simplemente, no puede localizar el Gobierno norteamericano, un verdadero drama para unos niños que siguen a recaudo de las autoridades federales. Ese grupo trabajará directamente bajo las órdenes del presidente.