Biden inicia los trámites para la mayor amnistía de indocumentados en EE.UU.

En sus dos semanas en la presidencia, que se cumplen este miércoles, Biden ya ha firmado nueve decretos relacionados con la reforma migratoria. Horas después de jurar el cargo, el 20 de enero, el nuevo presidente ya ordenó una paralización de la construcción del muro con México , el gran proyecto de la era Trump. De hecho, el último acto público del expresidente en ejercicio de su cargo fue viajar a Texas a conmemorar la ampliación de ese mismo muro. En su primer día en el cargo, Biden también ordenó paralizar las deportaciones de indocumentados nacidos en EE.UU. (los llamados «dreamers») y ordenó que el censo, que se hace cada diez años, incluya a las personas sin papeles en sus cómputos.

Según anunció la Casa Blanca, el objetivo manifiesto de Biden es la amnistía de los once millones de indocumentados , algo para lo que necesita el apoyo del Capitolio, que de momento controla su propio partido. La política oficial, difundida en una comunicación pública, es «finalmente reformar el sistema de inmigración, incluyendo el envío al Congreso de legislación que cree un camino hacia la ciudadanía para los casi once millones de inmigrantes indocumentados que viven en y contribuyen a nuestro país». La última amnistía la aprobó Ronald Regan en 1986, y legalizó a tres millones de sin papeles. Barack Obama lo intentó, pero al perder el control del Capitolio dos años después de ser elegido, renunció a ello. Eso sí, desde la era de Obama el número de indocumentados se ha mantenido estable.

Crucial para los planes migratorios de Biden es la confirmación ayer en el Senado de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, un cargo cuyo ocupante supervisa la política migratoria. Mayorkas, de familia cubana, es el primer hispano en esta cartera, y ha sido nombrado por Biden para coordinar el equipo que se encargará de enmendar la política de reunificación familiar.

Al abandonar el cargo, Trump había separado a unos 5.500 niños sin papeles de sus padres, según estimaciones que surgen de sumar las distintas denuncias puestas por activistas y damnificados a lo largo de los años. De esos 5.500 quedan unos 600 menores a cuyos padres, simplemente, no puede localizar el gobierno norteamericano, un verdadero drama para unos niños que siguen a recaudo de las autoridades federales. Ese grupo de trabajo para la reunificación familiar operará directamente bajo las órdenes del presidente.

Ante la posibilidad de que esa amnistía genere un efecto llamada, la Administración Biden mantiene que la vía que se abre ahora para la residencia legal en cinco años sólo se podrá aplicar a quienes estén en el país antes de enero de 2021. Según Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente y coordinadora de política fronteriza, «esto va a tomar tiempo y pido a todos, por favor, tener un poco de paciencia para que el proceso sea ordenado. La verdad también es que, personas que no están viviendo en EE.UU. ahora, no van a ser incluidas en cualquier proyecto de ley de reforma migratoria ofrecido por la Administración Biden. Esta ley se aplicará solamente a personas ya viviendo en EE.UU. antes del 1 de enero de 2021. Así que yo creo que el reto más importante es difundir información correcta y no ayudar a los traficantes de personas con mensajes falsos y explotar a los migrantes por su propio beneficio».

La segunda iniciativa de Biden es reformar el sistema de asilo, que gracias a las presiones de Trump a México y los países centroamericanos permite al gobierno federal expulsar en caliente a los peticionarios a los que atiende o detiene, para que aguarden una decisión fuera de las fronteras de Estados Unidos. Hasta Trump, los inmigrantes que pedían asilo podían esperar dentro de EE.UU. durante unos trámites que se demoraban años. Desde que Trump aprobara esa nueva política en enero de 2019, hay 70.000 peticionarios de asilo que esperan en otro país, sobre todo en México, pero también en otros puntos como Guatemala.

Lo que no ha anunciado aún Biden es si revocará las restricciones de visados y residencia legal impuestas por Trump durante la pandemia de coronavirus. Para atemperar el efecto de la crisis económica, el expresidente restringió la concesión de visados de trabajo mientras se mantenga la crisis sanitaria.