Los cubanos no creen que el Gobierno vaya a reconocer la propiedad privada

Analistas consultados opinaron que este posible reconocimiento al sector privado dentro de la Carta Magna es contradictorio con las últimas medidas del régimen, entre las que se incluye la cancelación de licencias para aquellos taxistas privados que no acaten los términos impuestos por la Resolución 175/2018 del Ministerio de Transporte (Mitrans).

Félix Miyares, taxista privado del recorrido Habana Vieja-Santiago de las Vegas advierte que la Constitución podrá reconocer el papel del sector privado «pero las prohibiciones y restricciones contradicen a ese reconocimiento». «Suspenderán la licencia si no respetas la tarifa que fijará el Estado, si cancelas el contrato con el operador, si empleas indebidamente el combustible asignado, si operas en una ruta no autorizada o si reduces el recorrido», abunda Miyares, quien además coincide en que por primera vez el régimen ha utilizado el término «sector privado» en vez de «trabajo por cuenta propia».

Cuando en los próximos 21, 22 y 23 de julio el borrador de la nueva Constitución se someta a votación en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), al menos media docena de actividades privadas -bares, restaurantes, cafeterías, arrendamiento de viviendas y habitaciones para extranjeros, servicios constructivos y taxistas- estarían sometidas a la obligación de abrir y operar cuentas bancarias donde depositar los ingresos que generen.

«No podemos olvidar que la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista (documento rector de la política económica del país) prohíbe la acumulación de propiedades y la concentración de riquezas », recuerda Daymara Mederos, dueña de un hostal en Centro Habana.

«Con ese documento en vigencia, ¿hasta dónde nos protege ser simplemente reconocidos en la letra de la Constitución?», inquiere Mederos.

Entre las regulaciones que recientemente las autoridades del régimen anunciarían como parte del «perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y su sistema de control», sobresale la obligatoriedad de administrar un solo negocio . A partir de la primera quincena del próximo mes de diciembre, los titulares que desempeñaban más de una actividad privada deberán elegir con cuál se quedan.

De ser refrendada la nueva Constitución por la ANPP -órgano que nunca rechaza una propuesta del régimen- se presume que esta debería ser sometida luego a referéndum para su ratificación por parte de la ciudadanía.

Según estadísticas oficiales publicadas el pasado mes de mayo, la cifra de trabajadores privados ascendió a 591.456, que representan el 13% de la fuerza laboral en la isla, y de los cuales alrededor de un 32% son jóvenes.

En este sentido Maritza Cedeño, exmaestra que actualmente regenta un salón de peluquería y una cafetería en la localidad de Playa, indaga sobre si «la voz de los cuentapropistas será tenida en cuenta por el gobierno en caso de que se haga una consulta popular en toda regla».

«Somos una parte significativa en las aportaciones a la economía como finalmente reconoció el Estado meses atrás; sin embargo, estar incluidos en la Constitución no se traduce, en la realidad, en que sean respetados nuestros derechos y garantías fundamentales como trabajadores privados», señala Cedeño en referencia directa a que las nuevas medidas contra el sector privado incluirán el aumento de los impuestos a más de cuarenta actividades privadas.

Las «nuevas formas de propiedad» que se estarían reconociendo como parte de las reformas constitucionales, no especifican si el capital foráneo para la inversión en el sector privado -fundamentalmente el proveniente de remesas familiares y de la diáspora- quedará amparado bajo la nueva Constitución.

Esta inquietud es compartida por José Ernesto Bouzo, dueño de un bar-restaurante en la zona turística de Guanabo. «El gobierno sabe que el monto de la inversión de muchos negocios privados es imposible que haya sido acumulado por un cubano de la isla, teniendo en cuenta las precarias condiciones de los salarios».

Según el Decreto-Ley 317, el Banco Central de Cuba -asistido por los ministerios de Interior, Justicia y la Fiscalía General- tiene la prerrogativa de exigir información sobre el verdadero dueño, controlador del negocio o el beneficiario final, además de exigir el origen del capital y cuál será su destino.