Castro anuncia una reforma de la Constitución sin alterar el «carácter irrevocable» del régimen

En su discurso ante el VII Congreso del partido , Raúl Castro indicó que ese proceso de reforma previamente deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y prevé una «amplia participación popular» incluido un referendo.

Raúl Castro ha rechazado además cualquier recurso a una «terapia de choque» y las «fórmulas de privatización» para modernizar la economía cubana.

«Cuba nunca permitirá la aplicación de la denominada terapia de choque, a menudo se aplica en detrimento de las clases más pobres de la sociedad», ha dicho Castro.

El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba busca desde hoy afianzar en el poder a la familia que ha regido los destinos de la isla los últimos 57 años. Raúl Castro, de 84 años y presidente del país desde que sucedió a su hermano Fidel en 2008, saldrá previsiblemente confirmado como primer secretario del partido, sin que se esperen medidas que apunten a cambios políticos. Por el contrario, los analistas señalan que su hijo Alejandro, de 50 años y en la actualidad responsable de la inteligencia policial y militar, va a continuar su ascenso como continuador de la dinastía.

Un millar de delegados se reunirán hasta el próximo martes en el primer congreso desde que Cuba y EE.UU. anunciaran en diciembre de 2014 el restablecimiento de lazos diplomáticos. A pesar de este cambio en las relaciones con su antiguo enemigo y de la visita histórica del presidente norteamericano, Barack Obama, la cita se celebra bajo el signo de la continuidad del régimen dictatorial.

El Congreso va a suponer « la ratificación de Raúl y una línea dura políticamente», asegura Jaime Sushlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. A su juicio, «puede ser que haya alguna apertura económica, pero nada de cambio político». Según Sushlicki, habrá algunos nombramientos en el Buró, órgano de dirección del partido, en el que ocuparía «alguna posición clave» Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y presidente del conglomerado empresarial militar, Gaesa.

En cuanto al hijo del presidente cubano, Sushlicki prevé que sea ascendido de coronel a general y señala que podría pasar a ser ministro del Interior, después de que se informase de un problema de salud que el militar que ocupa ese puesto desde el pasado octubre, Carlos Fernández Gondín, habría sufrido tras un ataque cibernético al departamento. Cree, no obstante, que los nombramientos del hijo de Raúl Castro se harán efectivos una vez acabado el congreso.

Para el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez, el objetivo del VII Congreso del Partido Comunista es precisamente «consolidar la posición de Alejandro Castro en el aparato del partido» . A su juicio, quedará como el tercero en la escala de mando, ya que «el primero es Fidel todavía» y «después Raúl». En este sentido, Gutiérrez considera que, aunque el líder de la revolución lleve años retirado, «aún tiene mucho poder», como se comprobó con el artículo que publicó en Granma tras la visita de Obama, con el que «marcó la agenda» del régimen. Fidel Castro, a sus 89 años, acudirá al Congreso como delegado por Santiago de Cuba.

Otro movimiento relevante puede ser el relevo por motivos de salud y de edad del actual segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, de 85 años, al que, según Jaime Sushlicki, podría sustituir el general Álvaro López Miera , que cuenta 72 años.

En opinión del presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo, en realidad «el Partido Comunista de Cuba es una ficción, la careta que encubre una dictadura militar de más de cinco décadas » y, en este sentido, las decisiones no se toman durante el Congreso, sino que las adopta con antelación la cúpula dirigente, formada por los militares del núcleo «moncadista» y sus descendientes.

En las semanas previas al Congreso han trascendido tensiones internas por la ausencia de un proceso de «discusión popular» sobre los documentos que se van a tratar. El propio Granma ha reconocido la existencia de «inquietudes» por ello, pero las ha zanjado advirtiendo que «más que desplegar, a mitad de camino, un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es terminar lo iniciado».