La CIDH ordena que no se acate la resolución que dispuso la libertad del expresidente Fujimori

«El Tribunal estima necesario, con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a que pueda examinar las medidas provisionales solicitadas, ordenar al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto esta Corte se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales», indica la resolución titulada 'caso barrios altos' y 'caso la cantuta'.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a los representantes de las víctimas, el Estado del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales el 1 de abril próximo.

Tras la disposición de la CIDH, el procurador César Reaño dijo que el gobierno acatará lo que dispone el tribunal internacional y por esa razón, se suspenderá la excarcelación de Fujimori porque la disposición «es vinculante».

La disposición de la CIDH ha sido notificada por el procurador Reaño al ministerio de Justicia, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, al Instituto Nacional Penitenciario y al Tribunal Constitucional.

En tanto, la ex candidata presidencial e hija del expresidente, Keiko Sofía Fujimori dijo que «en un capitulo mas de una serie de injusticias contra mi padre, una Corte internacional reconocida por su sesgo ideológico pretende impedir a través de un documento simple la excarcelación de Alberto Fujimori».

«Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida . Está en manos del gobierno allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación no deberían desacatar lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional», señaló la también presidenta del Partido Fuerza Popular. Agregó: «De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori».

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional dispuso reponer el indulto que se le otorgó en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que fuera anulado diez meses después por la Corte Suprema.

Eloy Espinoza, el magistrado del Tribunal Constitucional, que voto en contra, de restituir el indulto de Fujimori dijo al ABC que «era lo correcto y previsible. Las familias de las víctimas (de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta) llevan la sentencia del Tribunal a la Corte, y la CIDH detiene con una medida provisional a la libertad de Fujimori mientras la misma CIDH evalúa si la sentencia del Tribunal Constitucional viola lo dispuesto por la misma CIDH en 'Barrios Altos y La Cantuta'».

«Lo que ha hecho hoy la CIDH no es un hecho inédito. La CIDH ha llegado incluso a ordenarle a Chile que saque un artículo de su Constitución. Su poder es muy grande», dijo Espinoza, a la vez que añadió que «en su próxima audiencia, la CIDH podría dejar sin efecto la sentencia del TC, o suspender su cumplimiento mientras se le haga a Fujimori un examen médico imparcial que acredite que es un enfermo terminal . Si el examen no lo encuentra en situación terminal, no hay indulto alguno».

En tanto, el abogado especialista en derecho internacional, César Azabache dijo al ABC que la CIDH hizo lo que anticipaba cualquier especialista en derecho internacional de los derechos humanos: «suspensión a la medida del TC, ya que en mayo de 2018 declaró que algo como un indulto a Fujimori sólo podía hacerse de cara a las víctimas, en condiciones que no representaran un acto de impunidad y en atención a lo que decidan los jueces penales o constitucionales sobre el indulto». «El Tribunal hizo exactamente lo contrario: han procedido de espaldas a las víctimas y fuera del marco de la sentencia de mayo de 2018. La suspensión era entonces inevitable», indicó Azabache.

Durante el gobierno de Fujimori se formó el grupo militar «Colina» en la sede central del Ejército en Lima, el «Pentagonito», con el fin de acabar de modo extrajudicial con los miembros del grupo terrorista «Sendero Luminoso» , de corte maoísta, que le declaró la guerra al estado peruano en 1980. Este puñado de militares fueron condecorados y promovidos por sus servicios al país, después procesados por la Justicia militar y, por último, amnistiados por Fujimori.

En Barrios Altos, el grupo «Colina» asesinó a 16 personas, entre ellas a Javier Ríos, un niño de ocho años; en La Cantuta asesinó a nueve estudiantes y un profesor; y en Pativilca, el 29 de enero de 1992, seis agricultores fueron torturados con un soplete, quemados y después les dispararon hasta matarlos. El grupo dijo que las víctimas eran miembros de «Sendero Luminoso».

El expresidente Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel por secuestro agravado , corrupción y violaciones de derechos humanos (por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta) en el 2009 y está preso en una cárcel de máxima seguridad donde cuenta con amplios espacios y un equipo de cuidados médicos requeridos para su avanzada edad.