Los chilenos eligen hoy a quienes escribirán la nueva Constitución

Esta elección es un hecho «histórico» -como todos repiten- porque por primera vez en sus más de 200 años de vida republicana, serán representantes ciudadanos elegidos directamente por voto popular quienes escriban la nueva Carta Magna. La asamblea constitucional de 155 escaños es disputada por 1.373 candidatos , de los cuales 649 son mujeres y 629 hombres. A su vez, se han presentados 97 candidatos indígenas para ocupar los 17 escaños para pueblo originarios.

La Convención Constitucional es resultado del plebiscito que Chile realizó el 25 de octubre del año pasado, cuando el 80% de los votantes aprobó el cambio de Constitución, y dejó al gobierno del empresario derechista, Sebastián Piñera , en una incómoda posición de minoría. A su vez, el plebiscito de octubre fue la forma en que la institucionalidad -Congreso y gobierno- dio curso político a la protesta social que estalló el 18 de octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles reclamando derechos sociales -mercantilizados o privatizados por la Constitución de Pinochet- y contra las desigualdades del modelo económico que ha concentrado la riqueza al mismo tiempo que ha producido bolsones de pobreza y ha precarizado el mercado laboral, entre otras razones. La OCDE -de la cual Chile es parte- sitúa al país sudamericano entre los más desiguales de Occidente, con una economía que ha perdido velocidad.

Según estimaciones del economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, la mitad de los trabajadores chilenos tiene salarios por debajo de los 500 euros , mientras más del 60% de los hogares tiene deudas con el sistema bancario o comercial. Para mitigar sus deudas, añade el economista, las personas destinan más del 70% de sus ingresos al pago de sus créditos.

Las movilizaciones que estallaron en octubre de 2019 pusieron estos problemas en la agenda pública y los dardos fueron dirigidos, principalmente, hacia la Constitución de Pinochet que, además, ha permitido la privatización de las riquezas básicas y bienes comunes, como el cobre, el litio y el agua, entre otros. Las protestas de octubre que se extendieron durante casi tres meses derivaron en fuertes actos de violencia, saqueos y destrucción de infraestructura pública, así como una rápida contracción de la economía por el cierre de locales comerciales en las principales ciudades focos del vandalismo.

En contrapartida, el Gobierno de Piñera dio curso una masiva represión a las protestas, que dejaron más de 30.000 detenidos en pocas semanas, unas cinco mil personas heridas, 400 con pérdida parcial o total de sus ojos, miles de denuncias por torturas y violencia sexual por parte de la policía y los militares que salieron a las calles al declararse estado de excepción.

La pandemia del Covid-19 llegó en marzo del 2020 para agravar la situación. Golpeado por la primera ola viral, Chile perdió más de dos millones de empleos, mientras la economía se contrajo en un 6% . Desde inicios de este año, Chile está oficialmente en recesión. Según pronósticos del Banco Mundial, la pandemia dejará una herencia en que la pobreza aumentará desde un 8,1% a un 12,2%, llevando a esa situación de vulnerabilidad a casi 800.000 personas.

La aguda crisis económica -que ha afectado más duramente al 30% de la fuerza laboral que vive de la economía informal- ha sido afrontada por el gobierno con sucesivas transferencias directas a los sectores más pobres y a las pequeñas empresas. Para ello ha destinado unos dieciocho mil millones de dólares, que la oposición a Piñera ha considerado «tardía e insuficiente». Por eso desde el Congreso, los opositores impulsaron el retiro de los ahorros previsionales, empozados en un sistema totalmente privado. Pese al rechazo del gobierno ya se han cursado tres retiros masivos, que han inyectado a la economía unos cuarenta y cinco mil millones de dólares. «Sin estos retiros la economía estaría en el suelo y habríamos tenido un nuevo estallido social», dice Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

La crisis política, social, económica, sanitaria y climática son los temas que más resonaron en la campaña de los candidatos a integrar la Convención Constitucional, que tendrá -a partir de julio- un año para elaborar la nueva Carta Magna , la que deberá ser confirmada por un nuevo plebiscito. Los especialistas constitucionales han puesto el foco en dos momentos posteriores a la elección de hoy: cuando se instale la constituyente se deberá acordar su reglamento, que definirá las votaciones, los trabajos de comisiones, la transparencia de los debates y la vinculación y consultas con las organizaciones de la sociedad civil. El otro nudo será la distribución del poder, aquello que el abogado constitucional argentino, Roberto Gargarella, llama «la sala de máquinas». Esto es, el régimen político, que en Chile es de un «presidencialismo exacerbado» y altamente centralizado; también estará en el debate la cesión de poder a las regiones y el sistema parlamentario, que hasta ahora es bicameral.

Las fuerzas del gobierno llegan a los comicios con una lista única, que va de la extrema derecha a la llamada ‘derecha social’, mientras la oposición e independientes llegan dispersos hasta en siete listas distintas. Estas elecciones también serán una prueba para las de noviembre, cuando Chile elija un nuevo presidente y renueve el Congreso.