Las mazmorras de Ben Alí

Riad no olvida las jornadas que pasó e n el centro de detención del ministerio de Interior . Desde la caída del régimen acude cada mañana a las puertas del ministerio de Justicia “porque muchos amigos siguen adentro y no tenemos noticias de ellos”. A su lado madres de presos con las fotos de sus seres queridos en la mano reclaman justicia a gritos. Saidani Mansour busca desesperadamente noticias de su hermano, deportado por Italia en el 2000 y condenado a 56 años de prisión por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, “el juicio fue una farsa” denuncia.

Pese al anuncio por parte del ex ministro de Justicia interino, Lazhar Karoui Chebbi, de la liberación de 2.460 presos políticos y la huida de otros 11.000 de las cárceles del país, las familias protestan cada mañana frente al ministerio. “Existe una gran confusión respecto a la ley de amnistía. Hay que revisar caso por caso y eso lleva tiempo, en ningún caso dejaremos libres a los terroristas que fueron detenidos con pruebas materiales, a ladrones o asesinos. La amnistía es para presos realmente políticos ”, anuncia la jueza Monia Ammar que eleva a 1.200 los casos de prisioneros condenados por casos de terrorismo que estos días analiza de forma individual.

Cuesta escuchar sus palabras debido a los gritos que llegan desde el exterior. El marco donde estaba la foto del ex dictador cuelga hoy vacío en las paredes del despacho de esta letrada encargada de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los presos. Repasando su trabajo durante los últimos once años confiesa que “me hubiera gustado defender algunos casos mejor de lo que lo hice”.

El Gobierno de Ben Alí creó en 1991 el Comité por los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales para que le informara de la situación en las treinta prisiones del país, justo dos años después de ilegalizar el partido islamista En Nahda (renacimiento), encarcelar a sus líderes y seguidores, cerrar las madrasas (escuelas coránicas), prohibir el hyjab y permitir la apertura de las mezquitas sólo para las oraciones.

El ex ministro de Cultura, Empleo y Asuntos Sociales de la dictadura, Moncer Rouissi, dirige la institución desde hace tres años y apunta a la “superpoblación” de los centros como el mayor problema ya que “llegamos a tener hasta 23.000 reclusos”, una cifra que organismos no oficiales como la Asociación Contra la Tortura elevan a 31.000. Respecto a las condiciones de vida Roussi asegura que “las denuncias sobre torturas llegan desde los centros de detención de la Policía donde los detenidos pasaban normalmente más de los seis días permitidos por la ley incomunicados, pero en general en las prisiones no se producían malos tratos”.

En 2005 Cruz Roja Internacional obtuvo también el permiso para trabajar en el interior de las cárceles y en centros de interrogación y hasta el estallido de la revolución seguía de cerca la situación de 800 reclusos calificados de “prisioneros de seguridad”, condenados por delitos relacionados por terrorismo. “Nuestra relación con el ministerio de Justicia fue siempre correcta. La estadística demuestra que en los últimos seis años cada vez había menos detenidos, pero antes de 2005 la situación era totalmente diferente”, afirma Jean-Michel Monod, responsable del organismo internacional en un país en el que “no parece que se hayan producido desapariciones como ha ocurrido en otras dictaduras”.

Asmi Lurimi esboza una sonrisa cuando escucha hablar de derechos humanos o de la Cruz Roja. Conoce muy bien las cárceles de Ben Alí porque allí pasó 17 años de su vida. Fue detenido en 1991 por su pertenencia al partido islamista En Nahda y pasó 14 años en régimen de incomunicación. “Los islamistas estábamos en celdas individuales y nos movían constantemente de cárcel para complicar la comunicación con las familias. Nada de libros, mucho menos el Corán, y sólo podíamos realizar las cinco oraciones obligatorias del día, nos vigilaban desde las mirillas para que no rezáramos más”, repasa mentalmente antes de atacar Moncer Rouissi, director del Comité por los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, porque “lo que más placer le producía es vernos deprimidos, en sus visitas sólo nos preguntaba si estábamos arrepentidos o no, nada sobre nuestras condiciones de vida”.

Monther Charni es uno de los cuatro abogados de la hasta ahora prohibida Asociación Contra la Tortura y conoce muy bien casos como el de Asmi Lurimi. “El régimen basaba su poder en la violencia y la tortura era una de sus armas cuyas consecuencias siempre disfrazaban de ‘accidentes’, pero su uso era generalizado, una política de Estado contra los opositores y especialmente los islamistas”, afirma Charni cuyo mayor esfuerzo en los últimos años ha sido la investigación de “los más de 2.500 jóvenes encarcelados tras la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista en 2003. El 90 por ciento de ellos f ueron juzgados por su forma de pensar , no por sus acciones, y ahora hay que dejarles libres”. Charni presiona al ministerio de Justicia para revisar una ley antiterrorista “aprobada por la presión exterior tras la guerra en Irak y que es excesivamente confusa y amplia”.