Uno de cada diez civiles muertos por la Policía en EE.UU. no portaba armas

El año que termina se ha cobrado la vida de 965 civiles a manos de la Policía , según un detallado estudio llevado a cabo por el Washington Post. Probablemente en muchos de esos casos, el fatal desenlace era el único camino para resolver el desafío del delincuente, capaz de situar muchas veces al policía en el límite entre la vida y la muerte. Pero en otros, como mostró el reciente vídeo del tiroteo al adolescente Laqual McDonald en Chicago, el comportamiento de algunos agentes sobrepasa los límites de lo tolerable.

Así lo denunció recientemente la fiscal general, Loretta Lynn, mientras anunciaba una investigación en el departamento de Policía de la ciudad. Que 90 de esas muertes en 2015 se produjeran en situación similar, es decir, sin la amenaza de un arma de por medio, y que en el 60% de esos casos, las víctimas fueran de raza negra o hispanos , son datos más que concluyentes.

La precisa investigación del diario estadounidense, que viene a duplicar el número de fallecimientos de civiles disparados por la Policía registado por el FBI, concluye que la mitad del casi millar del total de muertos eran de raza blanca, mientras que el 26% eran personas de raza negra y el 17% hispanos (el 8%, asiáticos y de otras minorías).

La existencia del problema racial emerge cuando se entra en el detalle de las 90 personas que no portaban arma, alguna cuando fueron abatidas. En un país en el que el número de hombres negros supone el 6% de la población, que el 40% de los fallecidos en esas circunstancias pertenecieran a esta raza ya supone una desproporción. A ello habría que sumar el 20% de hispanos, que dejarían ya en minoría a los blancos en ese grupo de víctimas, pese a constituir la mayoría de la población del país.

El injusto reparto de actuación policial no es nuevo en Estados Unidos. Pero sí lo es el creciente efecto que todos los sucesos están teniendo en una sociedad mediatizada por el vídeo y las redes sociales , que propagan las imágenes a gran velocidad, con el consiguiente impacto.

Es el motivo por el que el juez de Chicago que investigaba el caso de Laqual McDonald prohibió la difusión del vídeo de su muerte durante un año , hasta después de su decisión de imputar al agente Jason Van Dyke por homicidio en primer grado. Su decisión, dirigida a evitar alborotos en las calles de Chicago, fue duramente criticada por la comunidad negra de la segunda ciudad más poblada del país.

Fue el caso de la muerte del joven de raza negra Michael Brown, en agosto de 2014 en Ferguson (en el estado de Misuri), y las subsiguientes semanas de protestas en sus calles, el que desató una tensión que todavía no se ha apagado.

Aunque no es sólo una cuestión racial. También la prueba del vídeo sirvió para encausar y condenar a la agente Lisa Mearkle, policía de Hummelstown (Pennsylvania), quien golpeó y mató a tiros a David Kassick (ambos blancos), después de perseguirle en coche y a pie por haberse saltado un stop.

Mearkle alegó que temía que la víctima sacase un arma del bolsillo. También en su descargo, el presidente de la Orden de Policía Pennsylvania Fraternal, Les Neri, afirma: «Nosotros evaluamos microscópicamente, durante días y semanas, lo mismo que ellos pudieron hacer en apenas segundos antes de actuar. Estamos criminalizando errores».

Como en el caso anterior, este año registra un alto número de condenas de agentes de policía, 18 en total , decisiones judiciales que dan continuidad a los 47 condenados en los diez anteriores, a una media de cinco por año.

Más allá de los aciertos o los fallos, la relación de sucesos de 2015 eleva a 564 los civiles muertos que portaban armas de fuego en el momento de ser abatidos por la Policía, lo que representa casi un 60% del total. Son 281 los objetos cortantes que llevaban las víctimas, mientras que el resto se reparte entre réplicas de armas u objetos contundentes.