Biden comienza a reabrir la frontera a los sin papeles

En comparación, y según las mismas fuentes oficiales, el último trimestre de 2020 entraron en EE.UU. apenas 47 emigrantes que habían cruzado irregularmente o habían pedido asilo. Esa cifra subió a 1.317 solo en enero, a 8.789 en febrero y se disparó a poco más de 26.200 tanto en marzo como en abril, el último mes del que hay cifras. Los peticionarios de asilo que quedan libres en EE.UU. lo hacen pendientes de una citación judicial para escuchar el veredicto de su caso o con una orden de acudir a una oficina de la agencia policial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Al llegar a la presidencia, Biden se encontró una frontera con México sellada, con dos órdenes específicas de cierre y expulsión: por un lado por el programa de retorno de centroamericanos a México o Mpp (Programa de protección de migrantes, por sus siglas en inglés) y por otro, por los decretos presidenciales dictados por Trump para sortear la pandemia. Ya en el Despacho Oval, el nuevo presidente implementó una reapertura paulatina: primero dejó de deportar a una gran parte de los menores de edad que habían cruzado solos y después comenzó a dar cita a los peticionarios de asilo adultos que habían sido ya deportados, con prioridad a las familias con niños.

Estas noticias crearon un efecto llamada —que la Casa Blanca niega— y sólo en abril fueron detenidos 178.000 inmigrantes tras haber cruzado sin los papeles en regla, 13.000 de ellos menores solos. A día de hoy hay 19.000 menores bajo custodia del Gobierno federal estadounidense. El resto ha sido recolocado con familiares o tutores temporales, o en centros de acogida, o ha sido deportado .

El programa Mpp de espera en México lleva en pie desde 2019, y entre aquel año y 2020 le permitió a Trump deportar a 65.000 personas. De los más de 61.000 sin papeles que han entrado en EE.UU. desde enero, 10.700 se habían registrado en ese programa, en el que participa Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Según una estimación del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracusa, que reúne información sobre la justicia federal en EE.UU., quedan unos 18.000 en México a la espera de cita para cruzar la frontera ya como asilados. El resto ha vuelto a sus países, dada la grave inseguridad en la parte mexicana de la frontera, adonde suelen ser deportados. Muchos de ellos son víctimas de trata de blancas, extorsión y secuestros.

La prioridad en entrada la han tenido, por este orden, venezolanos (más del 50% de peticionarios de esa nacionalidad ya ha sido admitido en EE.UU.), cubanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos, guatemaltecos, peruanos, brasileños y ecuatorianos, según la base de datos migratoria de Syracusa. Quedan aún por tramitar 26.400 casos de petición de asilo , de los que 3.400 son cubanos, la primera nacionalidad de estos atrapados en la frontera de México y EE.UU., seguidos por hondureños (1.700), guatemaltecos (848), ecuatorianos (105), salvadoreños (732) y venezolanos (954), de acuerdo con esa misma base de datos.

Los cruces ilegales se han convertido en la primera gran crisis de la administración demócrata y Biden le ha encargado a su número dos, la vicepresidenta Kamala Harris , la coordinación de la política fronteriza. La estrategia aparente de Harris es atajar el problema de raíz y por eso ha mantenido reuniones por videoconferencia con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador , y guatemalteco, Alejandro Giammatei . El próximo mes de junio, Harris viajará en persona a ambos países, para pactar las ayudas necesarias para que esos gobiernos ayuden a cortar el flujo de emigrantes hacia el norte.

De momento, Biden ha solicitado al Congreso 4.000 millones de dólares (3.200 millones de euros) durante cuatro años para diversos programas de ayudas sociales en Centroamérica . El Capitolio, donde la mayoría demócrata es muy ajustada, aún no los ha aprobado. Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Biden planteó una amnistía para los 11 millones de indocumentados que se estima viven en EE.UU., algo para lo que necesita al Capitolio y que ha quedado en una suerte de limbo por la crisis en la frontera.

Esta misma semana la agencia de refugiados de Naciones Unidas hizo un inusual llamamiento al presidente Biden para que levante las restricciones relacionadas con la pandemia a las personas que buscan asilo en EE.UU. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi , dijo que negarles derecho de asilo a esas personas y expulsarlas del país viola «preceptos centrales» de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU de 1951, y que las expulsiones han tenido «consecuencias humanitarias graves en el norte de México».

Aseguró esa agencia de la ONU que más de 60% de esos 178.000 arrestos de sin papeles en la frontera durante abril resultaron en expulsiones permitidas por las restricciones de la pandemia, que son las primeras en aplicarse. Eso convierte a ese cierre por motivos sanitarios decretado por Trump en uno de los cimientos de la actual política migratoria.

Varios legisladores que representan a los distritos fronterizos han denunciado que la decisión del gobierno de permitir el paso a todos los demás está provocando la saturación de los servicios públicos en los estados del sur. «Los agentes de la patrulla fronteriza están completamente superados», dijo esta semana el demócrata Henry Cuéllar , diputado por Texas en la Cámara de Representantes.