El apartheid de la mina

Y no solo en “el país del arco iris”. Hace tan solo quince días, una turba de empleados locales de la mina de carbón de Collum, situada a cerca de 325 kilómetros de la capital de Zambia, Lusaka, acababa con la vida de un capataz chino , mientras hería gravemente a otro.

El motivo de la agresión fue la negativa de la compañía asiática a proceder con el aumento salarial que el Gobierno de Zambia había aprobado el pasado mes de julio. Conforme a éste, el sueldo mínimo quedaba establecido en 522.000 kwachas mensuales (algo menos de 100 euros) para sirvientas y empleadas del hogar, y 1,1 millones de kwachas (200) para los trabajadores sindicados.

Unas condiciones similares a las que se enfrentan los mineros de países como República Democrática del Congo y que caminan de forma paralela al férreo control sobre estos asentamientos que ejercen los clásicos actores en conflicto (rebeldes, Ejército, compañías mineras...).

Ya a finales de 2010, la “Asociación contra la Impunidad en el Congo” presentó una demanda contra la empresa canadiense “Anvil Mining”, a la que acusaban de haber colaborado en una masacre cometida por el Ejército congoleño al este del país.

La denuncia sostenía que, en octubre de 2004, la compañía minera proporcionó apoyo logístico -incluyendo aviones, camiones y conductores- a las tropas de Kinshasa para sofocar un levantamiento militar en la región de Kilwa. Una acción armada que habría provocado la muerte a cerca de 70 personas.

No era un caso único. Solo un año después, Human Rights Watch denunciaba que la sudafricana AngloGold Ashanti subvencionó, también al este del Congo, a la milicia Frente Nacionalista e Integracionista para proteger la mina de oro de Mongbwalu . En sus alrededores, cerca de 2.000 personas fueron asesinadas . “Estas muertes son sólo una parte de los cuatro millones de civiles que han perdido la vida en el Congo (a partir de 1998), el conflicto más sangriento desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, destacaba el informe.

Aunque más flagrante aún resulte, quizá, la doble moral de estos crímenes.

A comienzos del pasado noviembre, el Kimberley Process Certification Scheme, un sistema diseñado para dotar a los consumidores de plenas garantías de que los diamantes que adquieren no financian conflictos armados en el continente africano, legalizaba el comercio de las gemas procedentes de Zimbabue. Todo ello, pese a las denuncias que pesan sobre los (más que presuntos) trabajos forzosos que desempeñan menores de edad en las minas de Marange , al este del país, o el asesinato, a finales de 2008, de más de 200 personas en la violenta toma de estos campos por parte del Ejército.