La Administración Biden investigará las prácticas de la policía de Mineápolis tras la sentencia del caso Floyd

En esas mismas calles se hablaba de «justicia», pero también de «esperanza de cambio», de «punto de inflexión». Tras el veredicto histórico en el caso Floyd, ¿qué cambiará en las prácticas policiales y en su relación con las minorías raciales?

La primera respuesta la quiso dar ayer el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland . Cuando todavía no habían pasado 24 horas del veredicto, anunció que el Departamento de Justicia iniciaría una investigación contra el Departamento de Policía de Mineápolis. Las pesquisas buscarán determinar si existe un patrón de conducta en la Policía de la principal ciudad de Minesota que constituye, más allá del caso Floyd, una práctica policial «inconstitucional o ilegal».

En el foco estarán asuntos como el uso de fuerza excesiva -una de las razones por las que se condenó a Chauvin-, conductas discriminatorias por parte de los agentes o abusos con personas con problemas de salud mental o incapacidad física. También se revisarán las prácticas utilizadas contra manifestantes, como el uso de gases lacrimógenos y material antidisturbios. El año pasado se vivieron fuertes enfrentamientos entre la Policía y protestantes tras la muerte de Floyd, en medio de los disturbios que dañaron o destruyeron cerca de mil edificios en Mineápolis, donde se saquearon decenas de negocios y se asaltó y quemó una comisaría de policía.

Este tipo de investigaciones se alargan durante meses y años, y suelen acabar con un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el cuerpo de policía afectado, por el que este último se aviene a cambios en sus prácticas. El anuncio está dentro de los pasos que ha dado la Administración Biden para avanzar reformas en la Policía de EE.UU. La semana pasada, Garland rescindió una directiva de Trump que vetaba la posibilidad del Departamento de Justicia de impulsar arbitrajes con departamentos de policía para acordar cambios en sus prácticas. Casos como el de Chauvin y Floyd -un policía condenado por asesinato en ejercicio de sus funciones- son muy raros en EE.UU.

Cada año, cerca de mil estadounidenses mueren a manos de agentes. En la mayoría de los casos, sus actuaciones son justificadas y son respuestas ante agresores armados. Pero los casos en los que los agentes son investigados por la Justicia son mínimos. Desde 2010, según el recuento de ‘The Washington Post’, han sido menos de un centenar. Y eso que el número de veces que se presentaron cargos contra policías se disparó tras la muerte de Michael Brown en Ferguson (Misuri) en 2014, uno de los episodios cíclicos que atraen la atención de la sociedad de EE.UU. sobre los abusos policiales frente a la minoría negra. Los siguientes dos años se duplicaron las imputaciones a agentes. Pero las sentencias condenatorias siguieron en niveles bajos: algo por encima de la mitad. Pocos años después de la conmoción por el caso Brown y por las protestas que suscitó, el número de agentes investigados volvió a bajar.

Biden dijo, nada más producirse el veredicto, que es algo «demasiado poco habitual». Ya antes de que se conociera, el presidente de EE.UU. había dicho que las evidencias contra Chauvin eran «abrumadoras» y que «rezaba» para que el jurado tomara la decisión «correcta», una toma de postura sorprendente para alguien en su cargo cuando la decisión todavía no se había tomado y había riesgo de disturbios si el expolicía era declarado inocente.

Cuando Chauvin fue declarado culpable, Biden dijo que lo que hizo fue «asesinato a plena luz del día» y que «para muchos, parece que era necesario todo eso para que el sistema judicial consiguiera una mínima rendición de cuentas». Biden llamó a impulsar la reforma policial -bautizada con el nombre de Floyd- aprobada por los demócratas en la Cámara de Representantes -busca cambios esenciales como eliminar la inmunidad en materia civil de los agentes- y que está atascada en el Senado, ante la oposición republicana.