El conflicto interminable en República Centroafricana

En marzo de 2013, un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka , quien se había alzado en armas tres meses antes, provocaba la salida del país del presidente François Bozizé y abría un conflicto político en el país africano. Entonces, el movimiento Seleka -un paraguas rebelde formado por facciones disidentes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR), la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz (CPJP) y el Frente Democrático de los Pueblos de África Central (FDPC)- contaba con una base operativa cercana a los 3.000 miembros.

Sin embargo, huidos los soldados de fortuna que componían sus fuerzas (mercenarios originarios de Chad y Sudán, quienes aterrizaron en el conflicto bajo la promesa de ser recompensados con las ingentes reservas que dispone el país), son ahora las milicias anti-balaka (patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano), quienes claman venganza contra todo lo que es musulmán.

Se estima que desde el inicio del conflicto actual, hace casi dos años, cerca de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia. Es decir uno de cada cinco habitantes de República Centroafricana. Pero hay otros números también a tener en cuenta:

Por ejemplo, cerca de 10.000 menores edad han sido reclutados por las fuerzas en conflicto. De igual modo, a día de hoy, 620.000 personas no tienen acceso a medicamentos básicos . Todo ello, en una de las crisis más olvidadas.

En este sentido, los acontecimientos del pasado fin de semana reflejan el desconcierto político actual . El sábado, efectivos de la Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización de República Centroafricana (Minusca) arrestaban a uno de los principales dirigentes de la milicia cristiana anti-balaka, Rodrigue Ngaibona «Andilo» , buscado por crímenes como asesinato, rebelión, violación y saqueo,

Su detención, lejos de aportar estabilidad, ha degenerado en una oleada de secuestros. Ayer, un miembro de la propia Minusca era raptado en la capital, Bangui. La acción, atribuida a los anti-balaka, tenía lugar solo un día después de que otras dos personas fueran secuestradas en la capital: un trabajador humanitario francés y un religioso local.

Recientemente, Amnistía Internacional denunciaba que, casi dos años después del inicio del conflicto, el fracaso de las autoridades de la República Centroafricana y la de las Naciones Unidas para investigar eficazmente los crímenes de guerra en el país estaban perpetuando el ciclo de la violencia. Ya en julio, la propia organización había hecho público un dosier donde se nombraba a 20 personas, incluyendo anti-balaka y comandantes Seleka, contra quienes había evidencias creíbles para sospechar su participación en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos.

En ello, el mayor problema de la respuesta internacional, capitaneada por Naciones Unidas y Francia, ha sido su excesivo enfoque en el conflicto de la capital, Bangui. Sin embargo, la mayor parte de las zonas rurales, en particular, el oeste y el  centro  del país, se han convertido en campos de la violencia .

Y además, en algunos casos este contingente ha venido acompañado de polémica. Por ejemplo, miembros de las tropas de paz de la Unión Africana destinadas a la región se encuentran implicados en la desaparición de al menos 11 personas, entre ellas, cuatro mujeres.