La Comisión propone multar a los países que no acojan refugiados

Juncker se dirige hoy al Parlamento Europeo en un momento personal dramático (ayer falleció su madre, mientras él estaba ya en Estrasburgo) en busca de un respaldo político por parte de la Gran Coalición frente a la división entre los países que deberán aprobar su propuesta.

La propuesta de Juncker incluye también la posibilidad de que algún país pueda alegar «circunstancias excepcionales» para negarse a admitir a los refugiados. En ese caso, ese país puede ser llamado a hacer una contribución al presupuesto comunitario equivalente al 0,002 de su PIB. En el caso de España esa «multa» supondría hasta 20 millones de euros , aunque la Comisión ha establecido también un procedimiento para analizar si las causas alegadas son justificadas, con lo que la cantidad podría ser rebajada. Al mismo tiempo, la Comisión ha decidido suavizar las reglas para la atribución de fondos destinados a la atención de refugiados, dado que las estrictas reglas que se aplican habitualmente en Bruselas representan un gran obstáculo.

La idea de un mecanismo obligatorio ya la presentó la Comisión en mayo, pero entonces los países miembros se negaron a aceptarla. Ahora tiene también el respaldo claro y expreso de Francia y Alemania y otros países pequeños como Bélgica. Esencialmente la nueva propuesta es la misma que ya pasó por el consejo y que los ministros del Interior tendrán sobre la mesa en la reunión del próximo día 14, salvo que ahora se incluye a Hungría junto a Italia y Grecia entre los países a los que hay que aliviar de la presión provocada por las llegadas masivas de sirios que huyen de la guerra.

El ejecutivo comunitario calcula que hay que recolocar a 15.600 personas de las que han llegado a Italia, 50.400 que están en Grecia y 54.000 que saldrán desde Hungría. Para calcular la proporción de estas personas que ha de acoger cada país, la fórmula atribuye un 40% al peso de su población, otro 40% a su PIB, un 10% a las peticiones de asilo que ha recibido hasta ahora y el 10% restante al índice de desempleo. Eso significa que España deberá acoger a casi 15.000 personas en los próximos tres años , según los cálculos de los expertos de la Comisión. El porcentaje atribuido a España ha subido respecto a la propuesta de mayo en parte porque entonces Hungría era también receptor.

Para intentar asegurar el «sí» de los sectores más reticentes de la opinión pública, la propuesta que Juncker describe hoy ante los parlamentarios incluye también medidas para intentar racionalizar el flujo de demandantes de asilo y para acelerar la expulsión de aquellos a los que no les sea concedida esta condición. Pide que se añada a una serie de países (Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, además del territorio de Kosovo) a la lista de países seguros y cuyos nacionales no pueden alegar razones para pedir protección. También se ha aprobado la distribución entre los países miembros de un plan coordinado de repatriación forzosa a sus países de origen de los que no sean considerados como refugiados. Ese plan incluye operaciones conjuntas entre las policías de varios países y también la creación de un fondo de 1.800 millones de euros para financiar la readaptación de esas personas a sus países de origen.

El objetivo de Juncker es obtener en este debate un respaldo político como autoridad moral para afrontar el drama de los refugiados. Desde que la Comisión presentó en mayo su agenda sobre migración, la propuesta que fue convenientemente aguada en junio por los jefes del Estado y de Gobierno, la realidad no ha hecho más que darle la razon al ejecutivo comunitario. El portavoz del grupo popular, el alemán Manfred Weber, dijo ayer que va a apoyar las propuestas de Juncker al que pedían precisamente «un discurso de calado político» para hacer frente a una situación de emergencia que afronta Europa. Los socialistas se verán otra vez en la obligación de apoyar a Juncker a pesar de sus muchas reticencias, porque el grupo apoya la idea de que el reparto de refugiados se haga según una regla permanente y obligatoria.