La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, será juzgada por corrupción

Durante la audiencia que tuvo lugar ayer en el Juzgado B de Mayor Riesgo, y que presidió el magistrado Miguel Ángel Gálvez , Baldetti se limitó a dar sus datos generales.

El fiscal que dirige la acusación, Juan Francisco Sandoval, la acusó de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Aseguró además que, durante el tiempo que Baldetti formó parte de la red, se permitió la entrada de al menos 1.561 contenedores que habrían defraudado 28.556.000 quetzales (3,74 millones de dólares). «Se ha determinado su participación en la organización al menos desde el 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015», afirmó Sandoval.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentará al juzgado las escuchas telefónicas en la que los integrantes de la red negocian el ingreso de los contenedores. Sandoval explicó que cada miembro tenía funciones específicas en la estructura para obtener los beneficios económicos. «Usted, en su calidad de vicepresidenta, tuvo conocimiento pleno y colaboraba para colocar empleados en la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria)», le dijo el fiscal a Baldetti.

Tras escuchar a las partes, el juez debe resolver entre varias opciones, que van desde dictarle prisión preventiva hasta liberarla de toda responsabilidad. En la audiencia, que se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, la exvicepresidenta, que se presentó tranquila, tenía derecho a declarar o no. Los abogados de la exvicepresidenta solicitaron este lunes al juez un receso de una hora para estudiar el extenso expediente de la investigación , pero el juez lo rechazó, informa Efe.

Baldetti ha pasado tres noches en una cárcel del Cuartel Militar Matamoros, en la capital guatemalteca, tras ser arrestada en un centro asistencial privado por los delitos de asociación ilícita , caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El caso «La Línea» también salpica al presidente de Guatemala. La fiscal general, Thelma Aldana, sostuvo ayer que el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, «está involucrado en el caso La Línea», una trama de corrupción desmantelada el 16 de abril pasado junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). « Con mucha pena, preocupación, nostalgia y decepción veo que está involucrado en el caso La Línea », aseguró la jefa del Ministerio Público (MP) durante una entrevista con la radio local Emisoras Unidas, informa Efe. Aldana agregó que «tenemos la voz del presidente en las escuchas» y que por ello el pasado viernes se solicitó ante la Corte Suprema un antejuicio contra él.

Una grabación que se pudo escuchar durante la vista contra Baldetti. «Buenas tardes señor presidente. ya para mañana me autorizan el procedimiento», dice el máximo responsable de la agencia tributaria guatemalteca (SAT), Carlos Muñoz. «Por qué no han cambiado al del recurso? El sindicato ya anunció que va a hacer cosas», responde Pérez Mol ina en lo que se interpreta como una instrucción para beneficia a la red conocida como «La Línea», según informa el diario «Prensa Libre».

Una acusación que el presidente de Guatemala rechaza de manera categórica. El domingo por la noche, en un mensaje dirigido a la nación por televisión, Perez Molina negó cualquier participación en una red criminal para la defraudación tributaria , tal como aseguraron el pasado viernes la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía, y «menos» haber sido «receptor de esos fondos mal habidos», afirmó. Y aseguro que, a pesar de las manifestaciones celebradas para exigirle su dimisión, «les afirmo que no renunciaré y con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan», informa Dpa.

El presidente reconoció no obstante la validez de los resultados de las investigaciones de la CICIG, una comisión antimafias de la ONU, y la fiscalía, que vinculan a otros funcionarios de su gobierno. Por ello pidió «perdón» a los guatemaltecos . «La indignación ciudadana se focaliza en que el erario público es visto como un botín del que se aprovechan funcionarios sin escrúpulos», señaló.

Quien sí abandonó su cargo fue Roxana Baldetti, con lo que perdió también su inmunidad. Lo hizo el pasado mes de mayo en una decisión que sentó un precedente histórico. Su salida del Gobierno fue consecuencia de la presión popular y de varios sectores tras la desarticulación, el pasado 16 de abril, de una red criminal que operaba dentro de la oficina recaudadora de impuestos y que según las autoridades era liderada por Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la vicepresidenta.

Baldetti se encontraba en Corea del Sur junto con Monzón cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) y el Ministerio Público (MP) destaparon la red criminal, pero el entonces secretario no regresó al país y está buscado por autoridades locales y la Interpol.