El fiscal Pollicita recurre la desestimación de la denuncia de Nisman contra Kirchner

En este escenario, el fiscal Gerardo Pollicita –heredero de la querella contra la Presidenta argentina de Nisman - ha apelado a la Cámara Federal para que avancen las investigaciones con el fin de aclarar si se produjo «el plan criminal» de encubrimiento terrorista, presuntamente organizado por la Presidenta con la participación de su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman y otros imputados .

En una página publicada en los principales periódicos de Argentina el Ejecutivo acusó a Nisman de intentar provocar un «efecto político desestabilizador» con su querella de mediados de enero. Bajo el título «Compromiso, Verdad y Justicia» el Gobierno reproduce párrafos de la resolución del juez Daniel Rafecas, el mismo que desestimó la querella de Nisman la semana pasada y que apeló Pollicita a una instancia superior.

En el texto, firmado por el «Gobierno de la República Argentina», los ministros cierran filas al considerar las imputaciones de Nisman, en la línea de Rafecas, «plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico». Asimismo, se preguntan por los motivos de la misma: «¿Puede pensarse en una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?».

El Gobierno reivindica el Memorándum suscrito con Irán, declarado inconstitucional por la justicia y documento, para Nisman –y para Pollicita- , que confirmaría la tesis de que Cristina Fernández estaría al frente de una red de encubrimiento de los presuntos autores del atentado que se cobró la vida de 85 personas y centenares de heridos.

Si el intento de la «solicitada» en la prensa era limpiar la imagen de la Presidenta, el objetivo se vio truncado con la apelación de Pollicita al insistir en tomar el testigo de la querella de Nisman y apelar a la Cámara Federal, instancia superior que deberá decir ahora si las imputaciones y la causa merece ser investigada.

En este escenario tampoco salió bien parada la Presidenta que el domingo sugirió que Israel, por oscuras razones, no tenía interés en el atentado a su Embajada en Buenos Aires en marzo de 1992. En un comunicado, la propia Embajada le recordó que «la responsabilidad por la seguridad de los cuerpos diplomáticos extranjeras, como la investigación de los atentados, recae sobre el país receptor». Más demoledor fue Benjamín Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos, al reiterar, «Irán voló el centro de la comunidad judía (Amia) y la Embajada de Israel en Buenos Aires… El régimen de Irán presenta una grave amenaza, no solo para Israel sino para la paz de todo el mundo».

Por su parte, el presidenta dela Corte Suprema argentina. Ricardo Lorenzetti, también víctima del discurso de Fernández de Kichner por la presunta inoperancia de la Corte en este atentado, dijo: «En la causa de la Embajada de Israel hubo una sentencia en el año 1999, es decir, mucho antes de la conformación de la Corte actual», recordó antes de añadir que se «encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica».

Por último, Lorenzetti en implícita alusión a la presidenta de Argentina, sentenció: «El Poder Judicial debe poner límites. La función judicial es dictar sentencias... proteger a los ciudadanos. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos. Esté quien esté por delante».