Dentro de cada argentino hay un forense

A los letrados que representaron a las víctimas de la AMIA les parece importante recordar episodios de un dolor insuperable como el de Rosa porque creen que el tiempo transcurrido y la indiferencia han hecho que a nadie le interese ya el atentado salvo como parte de un juego macabro en los subterráneos de la política. Un juego que mantiene apasionada a la platea pública, hasta ahora en las playas, otra vez en las ciudades a medida que éstas van colmándose de nuevo una vez que terminaron las vacaciones estivales.

Un país estable es aquel en el que cada uno de sus habitantes es un seleccionador de fútbol. Un país en crisis es aquel en el que cada uno de sus habitantes es un economista. La Argentina acaba de inaugurar un tipo diferente de conmoción colectiva: cada uno de sus habitantes es un forense experto capaz de distinguir un suicidio de un asesinato en función de si la trayectoria de la bala es o no ascendente o a cañón tocante.

En las confiterías es posible ver a parroquianos metidos en acalorada discusión que se colocan dos dedos sobre el parietal temporal, a dos centímetros de la oreja, para comprobar si les resultaría cómodo volarse así la cabeza. En el antagonismo de las hipótesis, hay partidarios del asesinato que llegan a asegurar que un hombre tan coqueto y pulcro vistiendo como lo era Alberto Nisman jamás se mataría en calzoncillos, como si hubiera un «dress-code» para el suicidio.

La acusación de Nisman, que incluía, según se ha sabido ahora por unos papeles hallados en una papelera del fiscal, la intención de cursar una orden de detención contra la presidenta, se ha convertido en una granada sin anilla que los magistrados tratan de endosar a un compañero.

Jueces federales como Rafecas se inhiben en cuanto amenaza con caerles en herencia. Nadie la quiere. En parte, porque abundan las sospechas de que Nisman fue la figura instrumental de Stiuso -incluso asociaciones de víctimas recelaban en este sentido-, el legendario superagente de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) que permanece en paradero desconocido y que lideraba la facción enemistada con el oficialismo en la guerra interna de los servicios secretos.

Pero también por miedo. El fiscal Stornelli, famoso antaño por procesar a Menem, admite que ya nada volverá a ser igual para quien deba asumir una investigación de repercusiones políticas: «¿Qué querés, con un muerto en la bañadera?».

El daño político al cristinismo no es tan devastador como se presumía. Los argentinos están atónitos por este recordatorio de que su Estado tiene servicios que resuelven las cosas como en los Soprano. Pero ni los adversarios más enconados consideran a la presidenta capaz de pronunciar una orden directa de asesinato: «Otra cuestión -dice un juez- sería que hubiera habido interpretación de voluntades en la parte oficialista del servicio». Pero los reproches aluden más bien a la pésima gestión del suceso, a la desaparición de Fernández, a su falta de sensibilidad y empatía, a sus excéntricos y espectrales comunicados escritos a través de Facebook.

Aníbal Fernández se ha convertido en el portavoz de una feroz reacción del oficialismo que trata de consagrar la teoría del «golpe encubierto» de Stiuso, y según la cual hasta el amigo y proveedor del arma, Diego Lagomarsino , sería en realidad un sicario de Stiuso, que habría ejecutado de modo implacable, después de hacerlo regresar de sus vacaciones en pleno feriado judicial, al hombre con el que formó equipo de investigación durante años para que, al despertar, la presidenta se encontrara con una cabeza de caballo entre las sábanas.