Las minorías temen ser discriminadas en un «Estado judío»

«Se trata de un mensaje directo a los palestinos y a la comunidad internacion al que quiere reforzar aún más la identidad judía ante la sociedad israelí», opina Majid Kayyal, uno de los portavoces de Adalah, para quien «a nivel práctico no traerá grandes cambios ya que de facto este país ya es un Estado judío y los gobiernos aplican leyes racistas, cada vez más opresoras contra la minoría».

Esta propuesta, que deberá esperar a la formación de la próxima Knesset para ser aprobada, ha servido para reabrir el debate sobre la discriminación de los no judíos en el país. Las organizaciones de derechos humanos recogen 57 leyes que califican de «discriminatorias», de ellas 31 se han aprobado en los últimos cinco años, con Netanyahu como primer ministro.

Dentro de la minoría árabe, el gr upo más numeroso pertenece a la rama suní del Islam (1,2 millones). Pero también hay pequeñas comunidades de beduinos (250.000, nómadas que habitan en el desierto y son también suníes), cristianos (123.000) y drusos (122.000, secta minoritaria del Islam con presencia en Israel, Líbano y Siria), según las estadísticas del Ministerio de Exteriores. Califica a este 24 por ciento de la población como «sector de clase trabajadora y clase media, un grupo periférico dentro de un Estado centralizado y una minoría árabe parlante dentro de una mayoría hebreo parlante».

El Ministerio también subraya que el país garantiza «la libertad de credo», «los derechos de las mujeres», exime del servicio de militar obligatorio a los árabes y ofrece representación parlamentaria a sus partidos. Unos derechos sobre el papel que, sin embargo, no convencen a unos árabes israelíes que esta semana han estampado el sello de «ciudadanos de segunda» en sus fotografías en las redes sociales.

Israel está en plena cuenta atrás hacia las elecciones del 17 de marzo de las que, según las primeras encuestas de intención de voto, saldrá «el parlamento más ultranacionalista de los 66 años de historia del país», señalan los analistas de la prensa local, una tendencia que viene de atrás.

La organización Adalah eleva a 57 el número de leyes discriminatorias con la minoría árabe y de ellas 31 han salido adelante en los últimos cinco años, «lo que refleja que hasta ahora ya han hecho lo que les ha dado la gana y lo único que va a lograr la nueva Knesset es, si cabe, una mayor impunidad. Para ellos, la democracia queda en un segundo nivel y la prioridad es la religión. El gran problema del conflicto entre árabes y judíos no es solo de fronteras, afecta a los derechos humanos», piensa Majid Kayyal.

La Ley de la Nakba (catástrofe, en árabe), que establece que se multará a las autoridades locales y cuerpos con financiación pública que organicen eventos para conmemorar el 15 de mayo, día de la creación del Estado judío, recordada con manifestaciones por parte de los árabes por la pérdida de sus tierras; o la de administración de tierras, por la que tierras confiscadas a refugiados o desplazados palestinos pueden ser vendidas, quedando excluidas de futuras reclamaciones, son dos ejemplos de la lista elaborada por Adalah, que recoge con detalle «el trato preferencial» de los judíos frente a los árabes.

Para solucionar la tensión entre comunidades, el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman , insiste en el «programa de paz» de su partido Yisrael Beitenu (Israel Nuestra Casa), en el que anima a los árabes de Israel «que se sienten parte del pueblo palestino» a trasladarse a Cisjordania a cambio de «incentivos económicos».

Este paso resolvería, según Lieberman, «el problema que sufren de la dualidad y lealtad dividida». Algunos analistas advierten del tirón populista del jefe de la diplomacia entre los más jóvenes y le sitúan incluso como un líder mejor valorado que Netanyahu en la carrera por el sillón de primer ministro.