Portugal, ¿país de corruptos?

Unos casos fueron prescritos, archivados o absueltos, otros aguardan todavía su resolución. Hasta hace poco tiempo parecía que el sistema judicial permitía que los implicados en estos procesos acabasen impunes. Pero el 2014 marcará un antes y un después en la justicia portuguesa, o al menos eso es lo que parece y se piensa por el peso y las características inusuales de los casos que han salido este año a la luz: la detención de Ricardo Salgado en el ámbito de la operación Monte Blanco, la primera detención de un jefe de policía por la atribución de los Visados de Oro , y la primera detención de un ex primer ministro en el caso Marqués.

Este jurista no esconde su preocupación por la «justicia espectáculo, que avisa a un periodista que se va a detener a una persona importante». Cree que los jueces deben tener la capacidad «de no hacer diferencia según sean las personas y las instituciones que cometen crímenes». Recuerda que no hay una comunicación profesional dentro de los tribunales y se produce mucha fuga de información a los medios.

Para Paulo Farinha Alves, abogado y socio de PLMJ, hay una fecha clave en lo que respecta a las alteraciones vividas en la Justicia lusa. «El llamado caso Operación Huracán, a finales del 2005, cuando el Ministerio Público inició búsquedas en los bancos BES; BCP, Finibanco y BPN». Se descubrió un esquema de fraude fiscal propuesto a centenas de empresarios por los bancos, que creaban y controlaban empresas con sede en paraísos fiscales que a su vez emitían facturas por transacciones ficticias, permitiendo a las empresas escapar a Hacienda y cobrar comisiones que iban del 6% al 12% del fraude. En el 2011 la Fiscalía del Estado anunciaba 460 implicados, entre personas y empresas. «Desde entonces existe la percepción de que la investigación criminal es más personalizada. Además se utilizó la técnica del arrastre», subraya el abogado. «Llevaron mucha información y a partir de ella comenzaron a surgir otros temas», puntualiza. Este proceso todavía no ha finalizado. El Estado logró recaudar 160 millones de euros al permitir la regularización de situación fiscal de muchos de los acusados y al final se llevó a juicio a 14 de los acusados.

El pasado mes de julio fue detenido el que fuera presidente del Banco Espírito Santo (BES) durante 22 años, Ricardo Salgado , por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales. Referencia mundial en el mundo de la banca y miembro de una de las familias más ricas y más influyentes de Portugal, pasó varias horas detenido y quedó en libertad tras pagar una fianza de tres millones de euros. El caso se enmarca dentro de la llamada operación Monte Blanco, iniciada en junio de 2011 y con la que se desmanteló una red de blanqueo de capitales, la mayor de siempre detectada en el país vecino, con conexiones entre Portugal y Suiza, que se sigue investigando. Una vasta red descubierta en junio de 2011 utilizada por personas influyentes en Portugal, de la vida política, económica y deportiva del país. Este es uno de los casos revelados a raíz de la Operación Huracán, y en causa estaban un conjunto de movimientos financieros ocurridos entre 2006 y 2012 alcanzando fondos superiores a los 30 millones de euros. El propio Salgado ya fue llamado a declarar en diciembre de 2012 por ese asunto, aunque la Fiscalía emitió un mes después un comunicado en el que afirmaba que entonces no existían «fundamentos» para que Salgado fuese considerado sospechoso.

También novedosa ha sido la primera detención de un jefe de la policía. Fue el pasado 13 de noviembre, cuando la Policía Judicial detuvo a un total de once personas sospechosas de corrupción, blanqueamiento de capital, tráfico de influencias y malversación en el ámbito de una investigación sobre la atribución de los Golden Visa. Entre ellos estaba el director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), Manuel Palos, el presidente del Instituto de Registros y Notariado, Antonio Figueiredo y la secretaria general del Ministerio de Justicia, María Atonia Anes (mujer de Figueiredo).

No menos mediático fue el caso Silbato Dorado. Estaba en causa la compra de árbitros a cambio de prostitutas y otros regalos que implicaron al presidente del Oporto, Pinto da Costa, y otros importantes dirigentes del fútbol portugués, entre ellos Valentim Loureiro, presidente de la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional. Salió a la luz en el 2004, cuando Portugal organizaba la Eurocopa. En marzo de 2008, el Tribunal de Instrucción Criminal de Oporto decidió que uno de esos casos que involucraba un partido entre el FC Porto y el SC Beira _mar se llevaría a juicio. El otro caso que concernía un partido entre el FC Porto y el Estrela de Amadora fue rechazado por segunda vez en junio de 2008.En julio de 2008, Valentim Loureiro fue hallado culpable de abuso de poder pero no de corrupción. Fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel.

La lista de escándalos es larga, no se puede olvidar el caso Cara Oculta, relacionado con alegados crímenes económicos de un grupo empresarial de Ovar relacionado con el empresarios Manuel Godinho. Su empresa favorecía negocios y concursos con el Estado, estando en causa el tráfico de influencias. Entre los acusados, el ex ministro Armando Vara y el ex presidente de la Red Eléctrica Nacional (REN), José Penedos. El juicio comenzó en el 2011 y en el pasado mes de septiembre se leyó la sentencia: 17 años de prisión para Godinho, 5 para Vara y 4 para Penedos.

Otro de los casos que ha llenado portadas de los periódicos es el de Freeport, donde se investigaba posible corrupción y tráfico de influencias en la alteración de la zona de protección especial del estuario del Tajo y licencia del espacio comercial en Alcochete cuando era ministro de Ambiente José Sócrates. De los varios imputados únicamente dos fueron acusados y llevados a tribunal donde fueron absueltos. A pesar de todo el colectivo de jueces consideró que del juicio resultaron fuertes indicios de que existieron pagos dentro del ministerio de Ambiente y de la Administración Pública.

Por último, de los procesos que siguen en los tribunales a la espera de resolución judicial encontramos el del banco BPN. El agujero en las cuentas de este banco llegó a los siete mil millones de euros. Fue nacionalizado en el 2008 y el Estado inyectó 600 millones de euros para que no cerrase sus puertas. Al final lo vendió por 40 millones. Gran parte del dinero perdido se quedó en empresas creadas para ese fin. En el banquillo de los acusados, en el 2010, se sentó el presidente del banco, Oliveira e Costa por varios delitos de fraude fiscal y evasión de capitales. Como implicados están igualmente el ex consejero de Estados, Dias Loureiro, y el ex ministro de Sanidad Arlindo Carvalho, entre otros. Oliveira e Costa vuelve a ser juzgado en el 2015.