Un manifestante opositor, durante una protesta en San Cristóbal (Táchira)
Un manifestante opositor, durante una protesta en San Cristóbal (Táchira) - reuters

Táchira refuerza la protesta pese al diálogo entre Gobierno y oposición en Caracas

Las autoridades venezolanas cortaron la luz y el agua a las poblaciones más movilizadas

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Un pequeño altar con flores recuerda el lugar exacto en el que Daniel Tinoco, un universitario de 24 años, murió de un disparo en el pecho. Justo enfrente, en la céntrica avenida Carabobo, de San Cristóbal (capital del estado Táchira), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha instalado una carpa para impedir que los manifestantes vuelvan a montar barricadas, las conocidas como «guarimbas». Pese a la militarización del estado y al incipiente diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, los tachirenses mantienen viva la protesta.

Tinoco, estudiante de Ingeniería en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), hacía guardia en una barricada que bloqueaba la avenida Carabobo cuando el pasado 10 de marzo le dispararon con un arma de calibre 9 milímetros. Fue el primero de los cuatro manifestantes asesinados en ese estado occidental de Venezuela fronterizo con Colombia.

En San Cristóbal nació hace dos meses la protesta. La chispa que movió a los alumnos de la UNET a exigir mayor seguridad fue el intento de violación de una joven. En los disturbios posteriores, el gobernador de Táchira, el chavista José Gregorio Vielma Mora, ordenó la detención de seis estudiantes y los envió a una cárcel de presos comunes en el estado Falcón, lo que disparó el descontento general.

La protesta de los tachirenses se extendió a todo el país. En solidaridad,  tres líderes de la oposición — Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma— convocaron el pasado 12 de febrero una gran marcha para pedir la liberación de los estudiantes tachirenses y plantear una «salida» constitucional al régimen de Maduro por la grave crisis económica, con desabastecimiento incluido, y la inseguridad. 

«Los colectivos»

Hasta hace doce días, San Cristóbal era una ciudad sitiada y paralizada por las «guarimbas», un verdadero campo de batalla donde se escenificaban insólitos enfrentamientos entre ciudadanos desarmados y los cuerpos de seguridad vinculados a los grupos paramilitares y parapoliciales, conocidos como «los colectivos».

Durante mes y medio, los cristobalenses —la mayoría opositores— crearon sus métodos de lucha para bloquear las calles, atrincherarse y no permitir el tránsito de extraños. Así, la avenida Las Pilas, de Barrio Nuevo, la avenida 14, de Barrio Obrero, la avenida Guayana, de Barrio Sucre (llamado «Sucrania» en alusión a Ucrania), se convirtieron en zonas «calientes».

Para debilitar y castigar su espíritu rebelde, la gobernación chavista les cortó la luz, el agua y el servicio de limpieza. Pero los cristobalenses sacaron la basura y los muebles viejos de sus casas, y los quemaron en las barricadas mientras recibían de las fuerzas de seguridad una lluvia de gases lacrimógenos, balas y perdigones.

Hace quince días se celebró en Caracas una reunión de los 76 alcaldes de la oposición elegidos en los comicios locales del pasado diciembre para hablar de la crisis, pero el régimen de Maduro les tendió una trampa y arrestó a dos de sus más populares representantes: Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Enzo Scarone, de San Diego, en el estado céntrico de Carabobo.

El régimen chavista acusó a los dos alcaldes opositores de «instigar a la violencia», los destituyó de sus cargos, a pesar de haber sido elegidos en las urnas, y los inhabilitó políticamente. Además ha convocado unas nuevas elecciones en San Cristóbal y San Diego para el próximo 25 de marzo.

El 25 de mayo deberán elegir al nuevo alcalde tras la destitución del anterior

Al mismo tiempo, el Gobierno venezolano envió tanques, aviones, equipos antidisturbios y 2.000 soldados para militarizar la ciudad y derribar las barricadas. En cada esquina de las zonas más conflictivas aparecen entre cinco y diez uniformados bien armados.

En la zona rebelde de «Sucrania», el abogado Fernando Gómez denunció a ABC que la nueva elección del alcalde de San Cristóbal es «ilegal e inconstitucional», se mire por donde se mire: el alcalde opositor Daniel Ceballos fue elegido con más del 70 por ciento de los votos y no le han dado derecho a apelar la decisión judicial. «Es el pueblo el que lo debe quitar de su cargo y no el Gobierno», subrayó el abogado.

Ramón González, un contratista de la construcción, no cree que el diálogo que comenzó el pasado jueves en Caracas resuelva los problemas pendientes en Táchira —como la inseguridad y la liberación de los estudiantes, y ahora la del alcalde Ceballos—, por lo que tienen más motivos para seguir con las protestas.

Boicot

La gran pregunta es cómo van a afrontar los cristobalenses la nueva elección de su alcalde el próximo mayo, arbitraria y obligada por el régimen de Maduro. Ya se están preparando para boicotear los comicios, aunque también su candidato podría ser la esposa del destituido Daniel Ceballos.

Las calles de San Cristóbal vuelven a «recalentarse» y en las redes sociales se intercambian nuevos códigos y mensajes de protesta. Con la peculiaridad de que no tienen un líder responsable, todos actúan de manera improvisada y solidaria.