Las otras causas de la Corte Penal Internacional

De igual modo, desde 2010, el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba afronta una causa por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana.

Bajo su mandato, el Movimiento de Liberación de Congo habría cometido, a comienzos de 2003, cerca de 400 violaciones en la capital del país, Bangui, durante los combates que siguieron al golpe de estado orquestado por el rebelde Francois Bozizé, quien finalmente se hizo con el poder y que en la última semana saltaba a la actualidad informativa al sufrir en su propia carne una nueva asonada.

Otros casos, no obstante, se postergan en el tiempo. Mientras que el mediático líder del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, y sus lugartenientes continúan en paradero desconocido a pesar de la orden de busca y captura que pende sobre sus cabezas desde 2005; el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, campea su dictadura por la región.

Precisamente, hace solo unos días, el CPI acusaba de «puro obstruccionismo» al Gobierno de Kenia en el proceso abierto (uno de sus más polémicos) contra el presidente del país africano, Uhuru Kenyatta.

En 2012, el CPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso contra Kenyatta, a quien se acusa de subvencionar a las turbas que provocaron incidentes durante la campaña de 2007-2008, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift, una de las regiones más conflictivas del país. En aquel momento, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se imponía de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales del pasado 4 de marzo.

En este tiempo, la fiscalía asegura que no se le ha facilitado acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.

Ya el pasado mes de octubre, la Unión Africana había pedido el aplazamiento del juicio contra el presidente Kenyatta. De igual modo, la UA exigió a La Haya que los gobernantes en el cargo no sean juzgados hasta cumplir su mandato.

Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.