Así vive un exgenocida

Para el tribunal, Ndindiliyimana (uno de los militares de más alto rango juzgados por esta corte con sede en la ciudad tanzana de Arusha) no tenía «suficiente autoridad» sobre sus subordinados, por lo que los once años que ha permanecido a la espera de juicio ya son suficiente condena.

En este sentido, la conocida como Ibuka, una asociación de supervivientes del genocidio de Ruanda, denunciaba la «escandalosa» decisión.

«Es una negación de la Justicia», asegura Jean-Pierre Dusingizemungu, líder del grupo de supervivientes.

En los últimos once años, Ndindiliyimana ha residido, junto a otros convictos, en una de las residencias que el ICTR mantiene en la localidad de Arusha. Pese a que no le era permitido abandonar la ciudad, el antiguo líder de las masacres contaba con total libertad para acudir al centro urbano o a la iglesia.

No solo eso. Por ejemplo, para el periodo 2002-2003 (fecha del apogeo de este tribunal amparado por Naciones Unidas), el presupuesto de la Corte Penal fue de 192 millones de dólares. De ellos, cuatro y medio eran dedicados, solo, a las residencias de seguridad de reos como Ndindiliyimana.

Por ello, ante tan incipientes costes (en 2009 los gastos penales ya se elevaba a los 267 millones, el 12% del presupuesto de Ruanda) este tribunal es asumido entre los supervivientes como una gran oportunidad perdida; un leve castigo para los hombres y mujeres que sumieron a este país en el abismo del dolor.

Sobre todo, por lo escaso de sus condenas. Establecido desde 1995 en la ciudad tanzana de Arusha, el ICTR ha llevado a cabo cerca de 50 juicios con 29 resoluciones. Sin embargo, la mayoría de los «peces gordos», tales como Félicien Kabuga, quien alimentó el genocidio de Ruanda desde la Radio Télévision Libre des Mille Collines, de la que era propietario, continúan en paradero desconocido.

Y es ahora, con el esperado cierre del tribunal a finales de año, cuando se abren aún más incógnitas. Primero, ante el impacto económico que tendrá en Arusha la salida de la corte (que da empleo a cerca de 5.000 ciudadanos locales). Y, más importante aún, qué ocurrirá con tan importantes reos, muchos de ellos liberados en los últimos meses (más de veinte encausados han pasado diez años o más a la espera de juicio, en una detención preventiva que se volvió totalmente descontrolada).

En el caso de Agustin Ndindiliyimana, detenido en 2000 en Bélgica, el regreso de a su país de origen resulta casi demencial. De igual modo, no parece demasiado probable que ningún Estado esté dispuesto a acoger a tan reputado reo, a pesar de su liberación.

Por el momento, Ndindiliyimana continuará residiendo en Arusha, con sus paseos diarios al centro de la ciudad y a las iglesias locales. Todo a la espera, de que su caso, como el tantos otros exgenocidas caiga en el olvido.