La enfermedad de Yanukóvich complica la crisis de Ucrania

Alexánder Ordú, responsable del departamento sanitario de la administración presidencial, declaró este jueves que el jefe del Estado «está de baja debido a una afección respiratoria aguda, acompañada de fiebre muy alta».

Temen un paréntesis y que luego vuelva a la cargaPero, poco después, pese a su convalecencia, Yanukóvich volvía a la carga. Y en la web de la Presidencia aparecía un mensaje a la nación en el que aseguraba que, por su parte, él había cumplido sus compromisos, pero que la oposición continúa «atizando la revuelta, llamando a la gente a seguir en calle, a pesar del frío, en aras solo de satisfacer las ambiciones políticas de algunos personajes». «No hay futuro para el país y los ciudadanos si los intereses políticos de ciertos grupos se anteponen a la existencia de la propia Ucrania», alerta Yanukóvich.

Mientras tanto, en la plaza de la independencia (Maidán), todos los manifestantes coincidían en señalar este jueves que la «supuesta enfermedad» del presidente «no es más que un pretexto para esconderse y ganar tiempo». Así lo afirmaba Yuri, miembro del servicio de orden del partido Batkívshina (Patria). En su opinión, «la baja médica le sirve para suspender los encuentros con la oposición y no tener que seguir cediendo para resolver la crisis».

Por su parte, la diputada Inna Bogoslóvskaya, que acaba de abandonar la formación que lidera Yanukóvich, cree que ahora «se abre un periodo en el que el presidente pretende deshacerse de los desobedientes, reagrupar fuerzas y diseñar una estrategia para acabar con la revuelta mediante la fuerza». Bogoslóvskaya prevé que habrá ahora un paréntesis de unos 15 días y luego el jefe del Estado pasará a la acción.

Algunos manifestantes bromeaban diciendo que el presidente ruso, Vladímir Putin, «ha llamado a Yanukóvich y le ha exigido, bajo amenaza de congelar los créditos, que no haga nada mientras duren los Juegos de Sochi –que comienzan el próximo día 7– a fin de no desviar la atención mediática». Después, no importa ya lo que pase.

En el grupo parlamentario de Yanukóvich había diputados dispuestos a aprobar el proyecto de ley de amnistía presentado por la oposición. Es decir, un texto que no condicionaba el indulto al desalojo de los edificios oficiales en manos de los manifestantes. Pero el máximo dirigente ucraniano llegó a amenazar a sus parlamentarios con disolver la Rada, logrando así que se atuvieran a la disciplina de voto. Al final fue aprobada la variante de amnistía presentada por Yuri Miroshnichenko, jefe del grupo parlamentario oficialista. Esta ley, en cuya votación los tres partidos opositores se abstuvieron, entrará en vigor solo en el caso de que lo participantes en las protestas desalojen los edificios ocupados en Kiev y en otras ciudades del país.

El líder de UDAR, el boxeador Vitali Klichkó , afirmó que «aprobar una amnistía con condiciones hará solamente que aumente el descontento social y la tensión». Por su parte, el dirigente de la formación ultranacionalista Svoboda, Oleg Tiagnibok, descartó totalmente la posibilidad de que los manifestantes entreguen las sedes oficiales ocupadas.

En la página web de Batkívshina se divulgó ese jueves una nota en la que se afirmaba que la adopción en el Parlamento de la ley de amnistía se hizo «mediante el chantaje, la intimidación y falsificando la votación». Según el partido de Julia Timoshenko y Arseni Yatseniuk, «se emplearon las tarjetas de voto de diputados que no asistieron a la sesión».

El único edificio que los manifestantes devolvieron este jueves a las autoridades fue el de la administración regional de Lvov, en la parte occidental del país. El miércoles también fue desalojado el Ministerio de Agricultura. Pero los participantes en las protestas no tienen intención de abandonar las barricadas ni tampoco desmantelar el campamento. Así lo anunciaron este jueves desde la tribuna del Maidán.

Tampoco se proponen entregar el Ayuntamiento de la capital ni muchos otros edificios administrativos tomados en más de una docena de ciudades del país. De esta forma, las 140 personas puestas a disposición judicial por participar en los enfrentamientos con la Policía desde noviembre, cuando comenzó la revuelta, no serán puestas en libertad al no cumplir las condiciones exigidas por la ley de amnistía.