Respaldo internacional a la «cuarta enmienda húngara»
El primer ministro húngaro, Victor Orban, durante una reciente entrevista con ABC - J. R. ladra

Respaldo internacional a la «cuarta enmienda húngara»

Más de 66 organizaciones internacionales defienden la introducción en la Constitución húngara de la definición de matrimonio como «unión entre un hombre y una mujer»

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La embajadora de Hungría en España, Edit Bucsi Szabo, ha recibido en Madrid a representantes de la campaña internacional en favor de la “cuarta enmienda húngara”, la polémica reforma de la Constitución aprobada el pasado mes de marzo que blinda en la Carta Magna los conceptos tradicionales de matrimonio y familia.

El manifiesto de la Ong Profesionales por la Ética ha sido respaldado por 66 organizaciones sociales internacionales de Europa, América y Oceanía, entre las que figuran varias españolas. En la declaración, los firmantes señalan que la nueva Constitución húngara “respeta la práctica constitucional europea”, y apunta que podría servir de modelo para muchos países europeos “especialmente durante la actual crisis económica, moral y demográfica”.

Tanto la nueva Constitución como la “cuarta enmienda” fueron aprobados por una amplia mayoría del Parlamento húngaro, donde el gobierno conservador de Viktor Orban cuenta con el apoyo de los dos tercios.

La Carta Magna afirma que el matrimonio es la “unión entre un hombre y una mujer”, y define los lazos familiares en relación con el matrimonio y con el vínculo entre padres e hijos. Esta definición, que cierra las puertas en Hungría al “matrimonio homosexual”, ha desatado desde hace meses una fuerte campaña de oposición tanto dentro como fuera del país. La campaña contra la “cuarta enmienda” húngara es especialmente virulenta en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa, donde los grupos socialista, verde y liberal, han cerrado filas para calificar al gobierno de Orban de “antidemocrático”.

Por su parte, la Comisión Europea puso en su día objeciones a tres apartados de la “cuarta enmienda” que en su opinión entran en conflicto con los tratados comunitarios. Dos de ellas, las referentes a un impuesto especial y al sistema judicial húngaro, han sido aceptadas por el gobierno de Budapest, mientras que en la tercera objeción -relativa a la publicidad de los partidos en los medios de comunicación públicos- se ha llegado a un consenso entre el ejecutivo húngaro y el comunitario.