Las cuentas pendientes del Tribunal Penal Internacional

Sin embargo, el triunfo del TPI se antoja como «casual». Acosado por sus enemigos y sin apenas ya aliados en la región, «Terminator» se rendía el pasado día 18 en la embajada estadounidense de la capital de Ruanda, Kigali, más por las luchas internas entre las fuerzas rebeldes que por la presión judicial.

Los éxitos tampoco es que avalaran a la Fiscalía. En la actualidad, esta Corte cuenta con siete causas abiertas en el continente africano (más una investigación iniciada), aunque tan solo una condena: En julio de 2012, el Tribunal sentenciaba al exlíder rebelde congolés Thomas Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.

De igual modo, desde 2010, el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba afronta una causa por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana.

Bajo su mandato, el Movimiento de Liberación de Congo habría cometido, a comienzos de 2003, cerca de 400 violaciones en la capital del país, Bangui, durante los combates que siguieron al golpe de estado orquestado por el rebelde Francois Bozizé, quien finalmente se hizo con el poder y que en la última semana saltaba a la actualidad informativa al sufrir en su propia carne una nueva asonada.

Otros casos, no obstante, se postergan en el tiempo. Mientras que el mediático líder del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony , y sus lugartenientes continúan en paradero desconocido a pesar de la orden de busca y captura que pende sobre sus cabezas desde 2005; el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, campea su dictadura por la región .

Especialmente significativo es el caso de Kenia. El pasado año, el TPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso contra el presidente del país, Uhuru Kenyatta (que se reanudará el próximo 9 de julio), a quien se acusa de subvencionar a las turbas que provocaron incidentes durante la campaña de 2007-2008, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift, una de las regiones más conflictivas del país. En aquel momento, más de 1.300 personas perdieron la vida y 600.000 fueron desplazadas de sus hogares.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se imponía de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales del pasado 4 de marzo.

De recientes conflictos tampoco se olvida el TPI. De forma casi paralela a la nueva investigación iniciada en Malí, la Corte reiteraba a Libia la necesidad de extraditar hacia La Haya a Abdullah al Senussi, antiguo jefe de Inteligencia, por su papel en la sangrienta represión contra el levantamiento que derrocó a Muamar al Gadafi. De igual modo, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo se encuentran en custodia judicial tras el conflicto civil provocado al no reconocer su derrota en los comicios de 2010.