Las razones por las que España se declaró neutral en la I Guerra Mundial

Tanto Alfonso XIII como el presidente Eduardo Dato estaban convencidos de que el país no estaba en condiciones de participar en la contienda. Y no les faltaba razón.En los primeros años del siglo XX la nación se encontraba inmersa en una de las mayores crisis de su historia. La fractura social y política era evidente. Por entonces, España todavía estaba lamiéndose las heridas y sacudiéndose el polvo tras el grandísimo trompazo que supuso la pérdida de las últimas posesiones de ultramar (1898). Tan solo unos años antes había tenido lugar la Semana Trágica de Barcelona y la nación, además, se encontraba inmersa en una tortuosa guerra en el norte de África. Un conflicto que le dio más problemas que réditos.

A todo esto se le debe sumar que España tampoco se encontraba en el su mejor momento, ni a nivel económico ni militar. Cuando llegó el momento de decidir no había duda alguna. Quizá esto era lo único en lo que la práctica totalidad de los partidos y de la élite intelectual de la época estaba de acuerdo: Había que mantener a España lo más alejada posible de las armas.

Las razones que llevaron a esta determinación, como se ha expresado, fueron muchas. En ABC analizamos algunas de las más importantes.

Ya a finales del XIX, el país estaban sufriendo una enorme crisis nacional. No era para menos después de uno de los siglos más complejos de la Historia de España. 100 años en los que hubo cabida, entre otras muchas cosas, para una invasión extranjera, varios pronunciamientos militares, un (breve) cambio de dinastía, el asesinato de un primer ministros y una corta -y traumática- experiencia republicana. La guinda del pastel fue la pérdida de las últimas posesiones de ultramar en 1898. La emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas supusieron un punto de no retorno. Ya nada volvió a ser lo mismo.

«Parecía que los españoles vomitaban las ruedas de molino que durante siglos estuvieron tragando», escribió años después el presidente de la II República Manuel Azaña sobre cómo afectó a la España de la época la pérdida de sus últimas posesiones de ultramar. Y es que parte de la sociedad, efectivamente, comenzaba a ser consciente de la pérdida de influencia del país. Una nación que, según afirmaban los intelectuales de la época, necesitaba un cambio de rumbo a nivel político y económico, ya que comenzaba a quedar en evidencia que las fórmulas ideadas por Cánovas 20 años antes, con su caciquismo y su pucherazo, ya no funcionaban.

«El 98 reveló las limitaciones del régimen de 1876, fijó además parte sustancial de la agenda de cuestiones que iban a interesar a los españoles durante buena parte del siglo XX», sostienen a este respecto Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox en su obra « España: 1808-1996. El desafío de la modernidad » (Espasa).

También sirve como muestra de la delicada situación el auge de los nacionalismos periféricos. Su irrupción en las diputaciones del país y en el Parlamento, ese fue el caso, por ejemplo, del nacionalista vasco Sabino Arana o de la Lliga Regionalista Catalana , ponía en evidencia la falta de una auténtica identidad nacional. A este respecto, Julián Casanova y Carlos Gil señalan en « Historia de España en el siglo XX » (Ariel) que el auge de estos grupos ideológicos se cimentó en «las deficiencias del proceso de nacionalización emprendido por el Estado liberal, y el “defecto de fábrica” de un “enfermo crónico con salud de hierro”».

El Desastre del 98 fue seguido en los primeros compases del siglo XX por un nuevo conflicto, aunque esta vez en suelo africano. Del pastel colonial, España se tuvo que conformarse con los territorios ubicados al norte de la cordillera del Riff . Nada comparable a la suculenta porción que le había tocado a otras potencias de primer orden, como Inglaterra, Francia o Alemania. «El interés de este territorio (el Riff) estaba motivado, más que por su situación estratégica o sus posibles beneficios económicos, por una cuestión de prestigio nacional, maltrecho desde la pérdida de las colonias», afirman Julián Casanova y Carlos Gil en su libro.

Lo cierto es que este escarpado territorio le acabó costando caro a España. Para 1808 ya habían surgido los primeros enfrentamientos con los rifeños, los cuales se recrudecieron en 1909. Tras un ataque en el que perdieron la vida 6 soldados españoles, el Gobierno, dirigido por entonces por Antonio Maura , decidió mandar más tropas a la zona. La sociedad de la época, además, no veía clara la guerra desde el primer momento. Varios periódicos de entonces cargaron duramente contra ella, ya que consideraban que respondía únicamente a los intereses de unos pocos empresarios y mandos militares.

La llamada a filas de reservistas provocó altercados en varias ciudades. El culmen del descontento se produjo en Cataluña el día 26 de julio. Ese día comenzó la que ha pasado a la historia como la Semana Trágica de Barcelona: 7 días de quema de conventos, enfrentamientos armados, asaltos, muertes y detenciones. Precisamente, el ajusticiamiento del anarquista Francisco Ferrer y Guardia, al que un tribunal militar condenó «sin evidencia jurídica» como responsable de los altercados, según sostienen Fusi y Palafox, acabó provocando la dimisión del presidente conservador Antonio Maura tan solo unos meses después.

La imagen del político resultó sumamente afectada por esto. Y no solo en el interior del país. El escándalo superó las fronteras nacionales y tuvo un eco importante en el extranjero. «Yo me uní al ¡Maura, no! entonces y luego, porque me convencí de que no podía prevalecer contra media España y toda Europa», escribió años después el Rey Alfonso XIII en una cita que recoge el hispanista Raymond Carr en su obra « España. 1808-1975 » (Ariel).

A pesar de que en 1910 se alcanzó cierta paz en la zona, las hostilidades no tardaron en reproducirse. Comenzaba un conflicto tortuoso que se prolongó en el tiempo durante más de 10 años y que tuvo como punto álgido el Desastre de Annual (1921). Una batalla en la que los rifeños liderados por Abd el-Krim acabaron con la vida de más de 13.000 soldados españoles. «Probablemente ningún país europeo dedicó tantos recursos durante tanto tiempo para intentar asegurar un territorio tan irrelevante», afirman Casanova y Gil Andrés en su obra al respecto de esta guerra.

Por otra parte, el sistema de reclutamiento establecido por la Ley del Servicio Obligatorio de 1912, según el cual a cambio de un pago se podía reducir el tiempo de servicio, provocó numerosas huelgas en el territorio nacional. Incluso en la localidad valenciana de Cullera un grupo de huelguistas acabaron con la vida de tres funcionarios del estado. La crispación social era cada vez mayor, y los sindicatos y los partidos obreros, especialmente los anarquistas, amenazaban con la revolución. El culmen llegó con el asesinato del presidente liberal Canalejas , que había sustituido a Moret al frente del Consejo de Ministros, el 12 de noviembre de ese mismo año. Recibió tres disparos en la Puerta del Sol.

A pesar de las palabras de regeneración política, durante los primeros años del siglo XX el poder permaneció copado por el Partido Conservador y el Liberal, aunque sin la estabilidad y el vigor de tiempos de Cánovas y Sagasta . «El Partido Conservador estaba moralmente roto, escindido entre “idóneos” (liderados por Dato) y mauristas. El Partido Liberal, por su parte, quedó casi inutilizado como instrumento de gobierno por la pugna entre los “barones” del partido», explican Fusi y Palafox en su obra. Así lo demuestra el que entre los años 1914 y 1923 se sucediesen en el poder nada más ni nada menos que 15 gobiernos diferentes. Incluso con fraude electoral mediante.

Durante los primeros años de la Gran Guerra, el presidente del Consejo de Ministros, el conservador Eduardo Dato, cerró las cortes en varias ocasiones. «Durante los dos años del Gobierno de Dato, la actividad parlamentaria se redujo a seis meses de sesiones. Los mismos que la mantuvo abierta el gabinete de Romanones que tomó su relevo en el siguiente bienio», señalan Casanova y Gil.