Matos: «Coloca a mi hijo»

Tras las diligencias suscitadas por la Operación Palmera en el municipio de Santa Lucía, las escuchas telefónicas ordenadas por el juez, Juan Carlos Socorro, y llevadas a cabo por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, continúan desprendiendo una serie de capítulos significativos, algunos de ellos controvertidos.

Según la investigación que el cuerpo armado entregó al citado magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, y a las que ha tenido acceso ABC, el alcalde santaluceño, Silverio Matos (Nueva Canarias), realizó una serie de llamadas en junio de 2007 a su homólogo del consistorio de Telde, Francisco Santiago (también de NC). En una de ellas, las transcripciones de la Benemérita revelan que el máximo responsable de la corporación sureña «le pide que le coloque al hijo en un puesto de trabajo».

Unas horas después, el responsable del distrito de Los Faycanes llama directamente al hijo al cual le asevera, siempre a tenor de las transcripciones de la Guardia Civil, «que no se precipite con lo del trabajo, que a lo mejor le consigue algo en un ayuntamiento». Se desconoce si las gestiones se llevaron a cabo en dicho municipio o en otros de la comarca del sureste.

En cualquier caso, el equipo de delitos urbanísticos de la Benemérita singularizó estas llamadas en paralelo a las labores que dicho cuerpo estaba realizando en el marco de la Operación Palmera.

Orígenes de las escuchas

Dicho caso se originó con la denuncia interpuesta por el candidato del centro de Ansite-CCN, Rufino Pérez, ante la Guardia Civil en junio de 2007, a raíz de una tramitación urbanística que consideró constitutiva de delito.

Con el objetivo de conseguir los fondos que facilitaba la Unión Europea a las zonas ultraperiféricas (como es el caso de Madeira, Azores y Canarias), el consistorio gobernado por Nueva Canarias presentó en 2005 un proyecto de Parque Eólico que, ante las instancias comunitarias (y ante el Concurso eólico convocado por la Consejería de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias), puntuaba más si se ubicaba en terreno público. Sin embargo, el ayuntamiento no tenía acceso a suelo público, por lo que elabora una serie de convenios con ciertas empresas (Machacadora Domínguez, I. C. La Mareta y S. Agraria de Transformación El Águila) para conseguir la cesión de unos terrenos privados para evitar así la expropiación, que hubiera dilatado los plazos de ejecución (perdiéndose así las subvenciones). Además, la Corporación local se apropió de otros espacios vulnerando los derechos de los ciudadanos y, en algunos casos, por medio de maniobras coercitivas.