De Messi a Banderas: cuando las casas de lujo se convierten en pesadillas legales

La villa, situada en Sant Josep de Sa Talaia y con más de 500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 16.000, presenta importantes irregularidades urbanísticas: carece de licencia de final de obra y de cédula de habitabilidad, y varias ampliaciones —como habitaciones añadidas al garaje o movimientos de tierra— se realizaron sin los permisos necesarios. El Ayuntamiento ha abierto expedientes por infracciones graves y no se descarta una demolición parcial si no se regulariza la situación.

A la maraña burocrática se ha sumado la polémica ambiental. Activistas pintaron la fachada de su villa para denunciar la construcción de lujo en suelo protegido, y la sociedad inmobiliaria propietaria del inmueble, una SOCIMI vinculada al entorno del jugador, ha catalogado la casa como un «activo tóxico» al no poder alquilarla ni venderla legalmente. El futbolista ha denunciado los actos vandálicos, pero su refugio ibicenco se ha convertido en símbolo de la tensión entre el lujo y la normativa urbanística.

No es un caso aislado. Antonio Banderas, adquirió La Gaviota, un impresionante chalet en primera línea de playa en Marbella, donde vivió con Melanie Griffith y su hija, Stella del Carmen. Construido en la época de Jesús Gil, cuando las irregularidades estaban a la orden del día, había sido propiedad de Encarna Sánchez. Fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por ocupar zona de dominio público. Tras numerosos pleitos, fue demolido por completo el año pasado.

Otro episodio es el de Pedro J. Ramírez, sancionado en 2004 con casi 17.000 euros por obras sin permiso en su finca de Costa de los Pinos, en Son Servera (Mallorca), dentro de una zona de protección ambiental. La excusa era «la función defensiva» de la piscina, con un embarcadero construido «para mitigar los efectos del cambio climático». Tras 20 años de batalla judicial, una sentencia de la Audiencia Nacional obligó a su demolición forzosa, en una historia que simbolizó el pulso entre el poder mediático y las normas urbanísticas.

Más recientes son los casos de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. La ex dirigente de Vox fue condenada por transformar sin licencia un local del presentador Arturo Valls en vivienda, y su marido fue multado con casi 18.000 euros por construir un sótano ilegal en su chalet de Madrid, pese a una orden municipal de paralización. También el entrenador Xabi Alonso se encuentra en litigio judicial por un chalé de más de mil metros cuadrados en Igeldo, San Sebastián, declarado obra ilegal por incluir una cubierta plana y un gran sótano en suelo rural protegido.

La periodista Mari Cruz Soriano fue condenada a un año y medio de cárcel por levantar un chalé en zona forestal no urbanizable. Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, recibió una sanción de más de 7.000 euros por ejecutar un garaje y modificar la acera de su vivienda sin licencia. A esta lista se suman episodios más anecdóticos, como el del futbolista Álvaro Morata, multado en Pozuelo de Alarcón por talar árboles protegidos en su jardín, o el de la empresaria ibicenca Francisca Sánchez Ordóñez —conocida como «la casera de los famosos»—, que mantiene una orden de demolición sobre su villa Casa Paola, pese a seguir alquilándola a 'influencers'.

Los problemas no siempre provienen de licencias o permisos. En otros casos, el riesgo para las propiedades de los famosos ha venido de Hacienda. La sombra del embargo ha perseguido a Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne, Loles León o Bibiana Fernández. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban también han tenido embargos por impagos tributarios, aunque lograron regularizar su situación. En el ámbito deportivo, el exfutbolista Predrag Mijatovic ha visto cómo Hacienda embargaba un piso suyo en la Costa del Sol, valorado en más de 600.000 euros, por una deuda superior a los 700.000.

Los conflictos de las celebridades por sus propiedades no son exclusivos de España. En Hollywood abundan los ejemplos: Nicolas Cage perdió varias mansiones —incluido un castillo en Baviera— por deudas fiscales que superaban los seis millones de dólares; Johnny Depp vendió parte de sus propiedades en Francia y el Caribe tras una serie de litigios financieros; y Kim Basinger vendió su rancho en Georgia tras declararse en bancarrota. El propio Lionel Messi ya tuvo su propio choque con el fisco años atrás, cuando fue condenado —junto a su padre— por fraude tributario en 2016, aunque evitó la prisión tras pagar una multa millonaria.