Vuelta al cole 2020: las familias exigen un regreso seguro a las aulas en septiembre

«Lleva años sin reunirse y podría ser una herramienta de gran utilidad de cara a organizar una vuelta al cole con las máximas garantías posibles ante la incertidumbre que impera entre las familias y la comunidad educativa en general», ha argumentado la organización.

A juicio de Ceapa, la actual crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del Covid-19 «avala la necesidad de volver a contar con este consejo», creado en mayo de 2007 e integrado por representantes de la Administración General del Estado y del movimiento asociativo estatal.

En este sentido, ha recordado que entre sus cometidos se hallan la «formulación de propuestas y recomendaciones sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación» o el «seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado» que afecten a las familias.

La Confederación ha vuelto a exigir «una vuelta 100% presencial y segura a las aulas en septiembre, así como instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles» .

Entre sus reivindicaciones se encuentra una mayor inversión para la escuela pública, bajada de ratios para posibilitar la distancia social y una enseñanza más personalizada, enfermería escolar, garantizar servicios esenciales como el comedor escolar, planes de conciliación laboral y familiar, flexibilización y adaptación del currículo, o caminos escolares seguros para evitar grandes aglomeraciones en las entradas y salidas de los centros.

«Es necesario asegurar las medidas higiénico sanitarias en septiembre , así como el derecho a la educación de todo el alumnado con clases presenciales que garanticen la igualdad de oportunidades frente a la brecha digital y social», ha manifestado la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal.

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos ( Concapa ) considera que la Conferencia de Presidentes para ultimar la ' vuelta al cole ' que se celebrará a finales de agosto llega «tarde» y ha reclamado medidas sanitarias y de conciliación para que el regreso a la escuela se realice con todas las garantías de seguridad.

Así lo explica a Europa Press el presidente de la organización, Pedro Caballero, quien se muestra crítico por que «ya se dijo por activa y por pasiva», tanto al Ministerio de Educación como a las comunidades autónomas, que «se tenía que haber empezado a trabajar en el inicio del curso a mediados de junio», cuando había finalizado el anterior. «Visto ya lo que había pasado, teníamos que empezar a trabajar», ha subrayado.

De esta forma, Caballero rechaza la conferencia tenga lugar a, escasamente, una semana« de que se inicie el curso escolar, »con la incertidumbre que tienen ahora mismo las familias de si comprar libros o no, mandar a los niños al colegio, si se cumplen las normas de seguridad o no, si los centros están adaptados«.

«Todo eso es un batiburrillo que hay ahí que lo que crea es una verdadera incertidumbre en las familias y un malestar», ha afirmado Caballero, que sostiene que «se está legislando para y por» los niños y «totalmente al margen» de la comunidad educativa, incluidos, padres y profesores.

Por todo ello, las familias reclaman que se garanticen la seguridad y las medidas sanitarias «necesarias y obligatorias» para que los niños --cerca de 8,2 millones de alumnos-- puedan incorporarse a las aulas, «un peligro inmenso con la cantidad de rebrotes y la evolución de la pandemia».

Además, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos solicita que se instrumenten «los mecanismos necesarios» y se inicie un diálogo con los empresarios a fin de garantizar la conciliación laboral y familiar.

El Gobierno publicó el pasado 24 de junio en el BOE una orden que contiene los 14 puntos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional acordó con 15 comunidades autónomas el pasado 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Educación para preparar la 'vuelta al cole' de septiembre con garantías sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.

El acuerdo, que suscribieron todos los gobiernos autonómicos salvo País Vasco y Madrid, establece un regreso a las aulas presencial como «principio general durante el curso 2020-2021», que comenzará en septiembre y tendrá un mínimo de 175 jornadas lectivas.

«La experiencia de este curso ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las administraciones educativas realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas», indica la orden en alusión a la suspensión de las clases presenciales en marzo por el confinamiento, que provocó adaptar la enseñanza a una modalidad telemática y a distancia en toda España.

El Gobierno y las comunidades pactaron recuperar los aprendizajes que el alumnado se perdió durante el confinamiento, para lo que se harán adaptaciones de las programaciones didácticas del próximo curso, y se establecerán «planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales».

Las comunidades autónomas se comprometieron a seguir «las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas».

Además, los Ministerios de Educación y Sanidad remitieron una serie de recomendaciones para el próximo curso, como grupos de hasta 20 alumnos en las etapas de Infantil y Secundaria sin que tengan que mantener la distancia de seguridad de metro y medio, aunque se deja en mano de los gobiernos autonómicos poder ampliar ese número de escolares hasta 25, el máximo legal.

Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos para garantizar la higiene, la limpieza y el control sanitario en los centros.

Planes que prepararán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirán medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.

Las comunidades también se encargarán de elaborar los planes de contingencia de los centros ante las «eventualidades» que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar «las medidas necesarias» para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar «en condiciones de seguridad».

Del mismo modo, recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, el objetivo de «reducir la brecha digital» y «limitar» sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la «oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital» de profesores, familias y alumnos.