Vecinos de Canarias lamentan la masificación en centros de menores inmigrantes: «Ha empeorado nuestra calidad de vida»

El acuerdo para el reparto de los menores, con una dotación de 40 millones de euros y 1.200 plazas en la península, está sobre el papel, pero está provocando ya una agria batalla entre los gobiernos central y autonómico, disparada tras la cancelación del segundo envío para esta semana por «excusas administrativas» . Mientras tanto, los menores inmigrantes solicitantes de asilo permanecen hacinados en centros como el Canarias50, en el barrio de La Isleta, Gran Canaria. Los retrasos políticos y administrativos han desatado la frustración en comunidades vecinales que, aunque mayoritariamente solidarias, comienzan a notar el impacto de la inacción institucional.

«Es una nueva barbaridad, aquí vale todo con tal de seguir la gresca política». Así lo ve Iván González, vecino de La Isleta y activista vecinal del barrio que acoge el, por ahora, único centro confirmado de toda la red estatal. «La masificación ha empeorado nuestra calidad de vida», señala, porque en estos niveles, la convivencia «es imposible». En este barrio grancanario, «nadie te dirá nada malo de los chicos, que huyen de la miseria», apunta, mientras rechaza que se permita que «Canarias se haya convertido en un centro de almacenamiento».

González pide «ponerse en la piel de los vecinos» porque si bien no culpabiliza a los menores sí que se sufren las consecuencias de la mala gestión. En este punto y tras meses de espera «no vemos la luz al final del túnel», confiesa.

«La inmigración y el uso del Canarias50 no es el detonante, pero es una piedra importante» en el deterioro del barrio. El presunto reparto se eterniza y mientras tanto «lo sufrimos quienes vivimos pared con pared con los centros», porque el Estado está utilizando lugares como el barrio de La Isleta como zona de carga política y social.

La misma idea comparte Dunia Blanco, presidenta de la asociación de vecinos Bandama-Tafira Alta, hablando en este caso en nombre propio. «El sistema los ha convertido en mercancía política», porque los menores son parte de un sistema que es «más grueso y muy oscuro». En su zona llegó a haber hasta 13 centros de menores de forma simultánea, «los usan como negocio, es un montaje institucional sin control judicial dentro de una trama de intereses políticos donde la moneda son estas personas».

Canarias «es la frontera olvidada de Europa, y aquí los menores quedan atrapados en un laberinto burocrático». En su opinión, este retraso continuo es fruto de intereses que más tienen que ver con la política que con la atención adecuada y la protección del menor.

Blanco califica el sistema de «falsa solidaridad y explotación institucional», y critica que el reparto solo afecte a quienes están en proceso de asilo: «Aquí no se puede más. El sistema es deficitario». Pide que se favorezca la reunificación familiar y que se frene la llegada de más menores sin papeles. «Están abocados a delinquir», apunta, «qué comunidad va a querer acogerlos en un sistema que no tiene control judicial, y que cuando cumplen 18 los convierte en vagabundos sin ningún tipo de salida».

Desde Foro por La Isleta, asegura su vicepresidente Félix Alonso, no se han pronunciado al respecto de los retrasos y de este reparto que se ha ido eternizando en el tiempo. «Aunque quizás deberíamos pedir explicaciones», indica.

«Estamos en contra de los macrocentros, es una locura almacenar más gente allí» porque «no hay control», y se incumple la ley del menor. «Por el momento, no recriminamos nada, estamos esperando», apunta, para luego recordar que «hay una ley y se supone que hay que cumplirla».

La Isleta es un barrio acogedor, donde conviven diferentes comunidades desde hace décadas y desde el foro colaboran «en la integración de los chicos» y seguirán «luchando al máximo para aplacar cualquier movimiento de racismo o xenofobia».

«Nosotros no tenemos problemas con los migrantes, alguna cosa aislada pero no más que con los vecinos del barrio», ha destacado, para rechazar de plano la criminalización: «Decir que la delincuencia está asociada a la inmigración no lo compartimos, ni los datos de la policía lo respaldan».