Vox exige anular el debate sobre competencias en inmigración

El grupo de Santiago Abascal ha movido ficha registrando un escrito -al que ha tenido acceso ABC- en el que pide al órgano de gobierno de la Cámara que se suspenda de inmediato la tramitación y que, además, la proposición de ley se someta a un informe del Consejo General del Poder Judicial y que los servicios jurídicos del Congreso se pronuncien sobre su constitucionalidad de forma preventiva.

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El movimiento de Vox calienta el debate de una de las cuestiones más polémicas de la legislatura y que la formación de la derecha busca desactivar de manera anticipada.

Junts y PSOE tuvieron que negociar durante mucho tiempo para encajar las funciones que, en teoría, empezarían a ejercer los Mossos d'Esquadra en las fronteras -tarea exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil-. El acuerdo llegó después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hubiera negado que esa transferencia fuera posible.

Y a pesar de que Podemos ya ha dicho que lo rechazará, Junts se ha empeñado en utilizar su cupo parlamentario para incluir la próxima semana esta propuesta. Los independentistas llevan días 'apretando' al Gobierno por distintos frentes: tumbaron la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz e hicieron caer esta misma semana la oficina anticorrupción procurando otra derrota al Ejecutivo. La transferencia de competencias en materia migratoria es algo esencial para Junts, más aún en pleno auge del partido Aliança Catalana, con la que se disputa una parte importante del electorado y que prioriza el asunto de la inmigración.

El partido de Abascal considera que la «evidente y palmaria inconstitucionalidad» de la proposición de ley -tanto en la forma como en el fondo- debería bastar para impedir que se debata. Con respecto a la forma, Vox recalca en su escrito que para promover cualquier transferencia de facultades por parte del Estado a una autonomía se debe recurrir a un proyecto de ley y en ningún caso a una proposición de grupos parlamentarios, que pueden sortear todos los informes preceptivos. «Este Gobierno se sirve de este sistema para evitar los requisitos y formalidades que deben cumplir los proyectos de ley», se quejan en el tercer grupo de la Cámara.

En su señalamiento a Armengol para que la semana que viene saque del orden del día esta iniciativa, hacen mención a pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional sobre la función de calificación que tiene la Mesa, obligada a examinar si las iniciativas legislativas «cumplen con los requisitos exigidos por la norma reglamentaria». En su opinión no la cumple en la forma -por el anterior argumento- ni por el fondo. «Ni siquiera merece argumentar ampliamente que las fronteras exteriores son cuestión de interés general nacional y no particular de una comunidad autónoma», añade Vox en su petición, recordando que «no hay un solo antecedente similar» de control de fronteras que recaiga en manos de Estados federales o Estados regionales comparables a las comunidades autónomas en España.

El texto de Vox profundiza además sobre el fondo del debate de las competencias que se pueden transferir a las comunidades autónomas -según recoge el artículo 150.2 de la Constitución, siempre mediante ley orgánica- y recuerda que en la reflexión del propio proceso constituyente ya quedaron excluidas algunas cuestiones entre las que estaría cualquier cosa relacionada con la gestión migratoria y de las fronteras.

De hecho, el grupo de Abascal apela -con cierta ironía- a «la enmienda in voce» que introdujo Javier Arzallus, portavoz del PNV durante el debate constitucional, y que precisamente sostenía que la transferencia (en ningún caso habló de delegación) «debía servir para restablecer los derechos históricos», mientras identificaba un listado de enmiendas «que realmente eran esenciales al Estado y en ningún caso podrían transferirse». Ahí volvían a aparecer las fronteras.

Vox cita otra sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 -la que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos recogidos en la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña- y que distinguía con total claridad entre las competencias de carácter asistencial y social (atribuidas a la Generalitat) y «las exclusivas que el Estado ostenta en materia de inmigración».

A la espera de ver si hay respuesta de la Mesa, el debate podría producirse y quedar tumbado ese mismo martes. En realidad, es el primer paso de un proceso mucho más largo (las enmiendas a la totalidad, después las parciales de cada grupo si supera el escollo anterior, la ponencia en comisión y ya, tras quedar elaborado el dictamen, tendría que pasar por el pleno del Congreso y luego al Senado). La cuestión es si habrá un nuevo movimiento de Junts. Su líder, Carles Puigdemont, se reunió hace solo dos semanas con el presidente catalán, Salvador Illa, y luego ha tenido encuentros con José Luis Rodríguez-Zapatero. Los independentistas dicen que no dejarán caer a Sánchez, pero van sumando votaciones en su contra.