Al menos una veintena de leyes, en manos del fugado Carles Puigdemont

Horas antes de que ERC apoyase la investidura de Salvador Illa, del PSC, y acabase en la práctica con años de Gobiernos independentistas en Cataluña, Puigdemont tiraba de ilusionismo ante apenas miles de personas para desaparecer sin dejar rastro. El tiempo dirá qué formación saca más rédito de su estrategia desde un plano electoral, pero el panorama se avecina incierto para el Ejecutivo central. Al menos una veintena de leyes, paradas con ampliaciones sistemáticas en el plazo para presentar enmiendas parciales, están en manos de Junts, que decantará la balanza y decidirá, salvo que el PP lo evite, si salen o no adelante.

La fragilidad de Pedro Sánchez es tal que necesita a todos los partidos políticos que apoyaron su investidura para poder legislar y eso concede un rol indiscutible a la formación de Puigdemont. Y ahora, tras la investidura de Illa en Cataluña, gracias al apoyo de ERC y los comunes, la gran pregunta es qué aliciente tiene Junts –un partido que en el eje izquierda-derecha es mucho más cercano al PP que al PSOE– para respaldar las políticas que pongan sobre la mesa en Madrid los socialistas y los izquierdistas de Sumar.

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Si Puigdemont hubiese sido 'president' con el apoyo externo del PSC –aunque fuera inexplicable para los votantes socialistas tras la victoria de Illa en las urnas–, el intercambio de cromos resultaría más que evidente: 'Yo te doy estabilidad en Madrid, tú me la das en Barcelona'. Ahora, sin embargo, Junts se ve relegado a la oposición en Cataluña, con el timón de la comunidad autónoma en manos de un político no independentista, y con ERC, su principal rival en el universo secesionista, siendo clave tanto para Sánchez como para Illa.

En este contexto, y con el Tribunal Supremo negándole su regreso soñado a Puigdemont porque no cree que se pueda amnistiar la malversación del 'procés', el Gobierno trata de convencer al prófugo de que poco más puede hacer por él tras haber aprobado una norma que, ahora, está en manos de la Justicia. Eso sí, por gestos que no quede. Y es que el lunes, en RNE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el Alto Tribunal se había «extralimitado» y que no había manera de defender que en el intento de secesión en 2017 –en el que se utilizó dinero público para pagar el referéndum ilegal y demás preparativos separatistas– se produjo malversación. En 2022, hace menos de dos años, Puente criticaba el plan de su partido –consumado a la postre– para rebajar las penas del delito de malversación y contentar así a ERC, en la reforma que eliminó la sedición del Código Penal.

Como ya ha publicado ABC a lo largo de este primer año de legislatura, el número de leyes aprobadas y reales decretos leyes convalidados por las Cortes Generales es mínimo, y evidencia las dificultades del Gobierno para aprobar cualquier iniciativa. De hecho, cuando el anterior presidente catalán, Pere Aragonès (ERC), adelantó los comicios autonómicos, el Ejecutivo renunció a presentar los Presupuestos Generales del Estado y prorrogó los anteriores.

Algo que puede volver a hacer si Junts no cambia de posición y mantiene su veto al techo de gasto de María Jesús Montero, con Puigdemont deseoso de que se aplique la ley de amnistía también a la malversación, para poder así entrar en Cataluña sin necesidad de números místicos. Ahora mismo, en el Congreso de los Diputados hay casi cincuenta leyes que están en el plazo de enmiendas. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, lo amplía sistemáticamente sin que se registren nuevas propuestas de modificación, en una estratagema que se repite legislatura a legislatura y a la que nadie pone límites. Así, están en barbecho quince proyectos de ley, sin contar otros tres que proceden de reales decretos leyes que, al convalidarse, se aprobó que se tramitasen como proyectos de ley.

Entre otros, están los proyectos de ley para crear una agencia estatal de salud pública; además de otros sobre movilidad, familias, una oficina de derechos de autor, la universalidad del sistema nacional de salud, de cine, y de función pública. En todos estos asuntos, salvo que el Gobierno busque un acuerdo con el PP –hasta ahora solo ha habido entendimiento entre ambos para reformar la Constitución y suprimir de ella el término «disminuidos», y para renovar tras más de cinco años de bloqueo el Consejo General del Poder Judicial–, Junts tendrá que pulsar el botón verde para que estas normas vean la luz.

Al margen de los proyectos de ley, están aún pendientes varias proposiciones de ley, algunas sensibles y recurrentes de otras legislaturas, tanto de PSOE y Sumar, como de socios del Gobierno o de la oposición. Son ejemplos la ley sobre secretos oficiales –reforma en la que Junts podría apretar al Gobierno hacia posiciones contrarias al Estado–, y las normas para despenalizar las injurias a la Corona o para recuperar la jurisdicción universal, entre otras.

Pero el Gobierno también deberá andarse con ojo –y el PP denuncia un bloqueo en la Mesa del Congreso para evitarlo– con la posibilidad de que salgan adelante leyes de la oposición, contrarias 'a priori' a las políticas del Ejecutivo, pero en las que el PP, Vox y UPN pueden sumar, por sensibilidad ideológica, a Junts y al PNV. Es el caso de la persecución de la multirreincidencia en los hurtos, de la lucha contra la ocupación ilegal y de la cohabitación entre la ganadería y el lobo, por ejemplo.